POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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¿De qué lado se posicionará la CSJ en 2017?
En buena parte de la era democrática el Estado guatemalteco ha sido cooptado por mafias organizadas que viven de él. Lo demostraron las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que permitieron el encarcelamiento de una fracción de estos grupos ilegales: algunos de los que hicieron negocios con el gobierno del Partido Patriota.
Esto quiere decir que la lucha contra la cooptación del Estado no ha terminado ni está cerca de hacerlo. Y el camino tampoco será fácil, pues las mismas investigaciones han revelado que la justicia, el campo donde se desenvuelve en gran medida esta batalla, está a su vez infiltrada por sus propias mafias.
En el 2016 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el ente rector del Organismo Judicial (OJ), se posicionó públicamente como un agente neutral en el combate a la corrupción y la impunidad, pero a la vez sus acciones pusieron en duda esta imagen.
El presidente Rafael Rojas Cetina se sumó al Diálogo Nacional para la Reforma de la Justicia en Guatemala, pero más allá de la firma que imprimió en un papel, la Corte no hizo ningún otro esfuerzo por impulsar las reformas. Ningún magistrado estuvo presente en el hemiciclo parlamentario el día de su aprobación y existió una denuncia que letrados de la CSJ se hicieron presentes para hacer cambios de última hora, lo que fue negado por Silvia Valdés. Su silencio habló más que cien comunicados de prensa.
Valdés, sucesora de Rojas, fue electa tras ser postulada por Blanca Stalling, quien tiene un largo listado de señalamientos en su contra y cuyo hijo es acusado por el MP y la CICIG de negociar un contrato millonario en el Seguro Social.
Valdés no ha sabido quitarse la sombra de Stalling de encima, sino al contrario, observadores del sistema de justicia señalan que varios de sus “errores políticos” pueden costarle caro al OJ al enviar una imagen de apoyo a la impunidad.
A estos aspectos políticos se suman los problemas de siempre: alta mora judicial, escasa presencia a nivel territorial, un presupuesto con déficit e insuficiente supervisión al trabajo de jueces y magistrados.
En este contexto, ¿cuáles son los retos que enfrentará el próximo año la CSJ? ¿Los aceptarán los magistrados o continuarán jugando un papel “neutral”?
FRENAR IMPUNIDAD
El primer reto del OJ es imponer un freno a la impunidad, la cual es promovida por sectores que han visto perjudicados sus intereses por las recientes investigaciones del MP y la CICIG.
Según analistas, las estructuras criminales que se vieron fuertemente debilitadas tienen una nueva estrategia para salir bien libradas: retardar los procesos judiciales en su contra y esperar una eventual salida de la CICIG, así como un cambio de mandos en el MP con la finalización del período de Thelma Aldana como fiscal general.
Andy Javalois, consultor de la Fundación Myrna Mack, explica que esta práctica, denominada: litigio malicioso, lo que pretende es “retrasar el curso ordinario de los procesos”.
Hasta hoy, la CSJ ha jugado también un papel importante en este retraso: cerró el año con 27 antejuicios sin resolver y cientos de amparos estancados.
El analista explica que el litigio malicioso generalmente busca favorecer a las personas que lo promueven; sin embargo, para que esto se concrete, es necesaria la complacencia del abogado litigante y de los órganos jurisdiccionales.
“Para que el litigio malicioso se concrete hay dos vías: el abogado litigante que realiza la estrategia maliciosa, pero a su vez el órgano de jueces y magistrados que caen en el juego. Lo que se tiene que hacer por parte de la CSJ, sin violar el debido proceso, es analizar adecuadamente las peticiones que se formulan y que se resuelva lo que en derecho corresponde. No hay que caer en la trampa de esta treta que es para retardar expedientes”, asegura Javalois.
A este criterio se adhiere Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (ASIES), quien asegura que será responsabilidad del OJ, principalmente el próximo año, con la venida de las etapas intermedias de varios casos de alto impacto, determinar qué recursos judiciales únicamente buscan aletargar los procesos.
“El OJ es el encargado de emitir sentencias y en la etapa intermedia de continuar con el proceso y determinar cuáles recursos buscan aletargar los procesos, cuáles son malintencionados y por lo tanto rechazarlos”, puntualiza.
Escobar afirma que será labor del OJ estar vigilantes del actuar de los jueces y velar por que sus resoluciones estén apegadas a derecho.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
El sistema de justicia también se enfrenta al reto de resolver con imparcialidad e independencia en los Casos de alto impacto que serán conocidos el próximo año, entre los cuales se encuentran: Cooptación del Estado, La Línea, TCQ, AMSA, La Cooperacha, entre otros.
“El papel del OJ se centra en la función de los magistrados y los jueces de demostrar independencia e imparcialidad individualmente”, asegura Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
Sin embargo, el analista señala que uno de los mayores retos para este año, que era la resolución de los antejuicios en contra de diputados, no fue concretado.
“Las dudas crecen con la presidencia actual y las acciones demuestran que esta Corte quiere, aparentemente, cubrir a los diputados”, asegura Samayoa.
Lo mismo opina Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), quien afirma que el retraso de los antejuicios se debe a que los actuales magistrados de la CSJ fueron electos por varios diputados, con los cuales tienen compromisos vigentes.
“Vemos cómo hay procesos ya en la CSJ de antejuicio y cómo ha existido una limitante en cuanto al desarrollo de estos casos porque vemos que involucra a funcionarios públicos que se encuentran en el ejercicio del cargo. Se ha criticado la falta de interés y la poca celeridad”, señala Acuña.
Y agrega: “En gobiernos anteriores, del 2015 para atrás, el sistema de justicia estaba cooptado y subordinado a los otros dos poderes. Los procesos de selección de jueces y magistrados se han visto bastante politizados. El tema de comisiones de postulación ya llegó a su etapa final. Eso ha permitido el tráfico de influencias, el condicionamiento y que los funcionarios respondan a determinados intereses y no resuelvan equitativamente. Todos esos factores han influido para que de una u otra manera estos procesos se vayan retrocediendo”.
IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL
Otro de los retos, según los analistas, es lograr la implementación de la carrera profesional de jueces y magistrados para asegurar operadores de justicia que sean independientes y capaces.
Sin embargo, el día en que entró en vigencia la Ley de la Carrera Judicial tuvo su primer obstáculo: la Asociación de Jueces y Magistrados, así como el Instituto de la Magistratura, interpusieron una inconstitucionalidad de carácter general que busca anular toda la normativa por considerar que contradice la Carta Magna.
La acción de los togados causó sorpresa debido a que ambas asociaciones fueron parte de las mesas técnicas que discutieron y elaboraron la propuesta.
Como se publicó en un reportaje de La Hora, a criterio de expertos en el tema y miembros de la mesa técnica el recurso puede ser un intento para sabotear las reformas y mantener el control de la CSJ sobre el OJ.
Sin embargo, hasta esta fecha, la Corte de Constitucionalidad no ha decretado la suspensión de la normativa, por lo que la CSJ debe continuar el proceso de implementación de la Ley y para ello el primer paso es integrar el nuevo Consejo de la Carrera Judicial, órgano que se encargará de las funciones administrativas del OJ.
En ese sentido, el Movimiento Pro Justicia entregó a la presidencia de la CSJ un pliego de recomendaciones para la conformación del Consejo, dentro del cual se sugiere aplicar principios de objetividad, publicidad y transparencia en el proceso, la definición de un perfil de idoneidad y la creación de instrumentos de evaluación, la convocatoria pública para los profesionales interesados y publicitar las sesiones en las que se revisarán los expedientes y hojas de vida de los postulantes.
Los expertos aseguran que en el proceso de integración debe privar la ética y honorabilidad de los postulantes, y evitar el tráfico de influencias.
RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
De acuerdo con Samayoa, la presidenta electa de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, ha deteriorado la credibilidad de la justicia ante los ojos de la comunidad internacional al no apoyar expresamente las reformas constitucionales al sector justicia, cuando la misma Corte ha sido parte del Diálogo Nacional.
Para Acuña, la relación entre la CSJ y la comunidad internacional se ha visto tensada y la confianza entre ambos bandos se ha deteriorado.
Acuña señala que los cuestionamientos iniciaron con la elección de Valdés como presidenta, quien fue propuesta por la magistrada Blanca Aída Stalling, quien a su vez mantiene vínculos de parentesco con varios personajes que se encuentran procesados en los tribunales.
No obstante, la tensión entre la CSJ y países cooperantes, principalmente Estados Unidos, podría deberse a una visión conservadora y “alarmista” que usa como excusa la soberanía, aunque el verdadero propósito es no perder poder operativo dentro del sistema de justicia, advierte Samayoa.
La semana pasada, se hizo público un chat de WhatsApp de la presidenta electa, en el cual supuestamente compartió un mensaje de Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, sobre la sentencia en el caso del Diario Militar.
En dicho mensaje se cuestiona la sentencia que ofrece US$10 millones para las víctimas de los desaparecidos por el Ejército de Guatemala durante el Conflicto Armado Interno y un pago de US$250 mil a Helen Mack en concepto de costas procesales. Hasta la fecha la CSJ no se ha pronunciado al respecto. La Hora se comunicó con Ángel Pineda, vocero del OJ, solicitando una declaración, pero nunca se recibió la información.
“Hay una visión en la actual magistrada presidenta de la CSJ muy conservadora y alarmista que dice que todo lo que viene de afuera -en relación a la cooperación internacional- violenta la soberanía. Esa posición poseedora, alarmista, de que los guatemaltecos tenemos que resolverlo nosotros mismos es muy lamentable, porque no se comprende que estamos sujetos a un mundo globalizado y con fuerte influencia del derecho internacional”, señala el analista.
En ese sentido, el reto para la justicia radica en recobrar la credibilidad ante los países cooperantes y evitar que ciertos sectores internos en el OJ minen las relaciones con la comunidad internacional.
“Mientras más cooperación hay en los procesos, más difícil se hace tener espacios controlables -para ciertos sectores cuestionados-. La cooperación hace incidencia trayendo técnicos desde la ciudadanía que permiten darle un refresco a la institución. Cerrar participación a la cooperación -internacional- permite un manejo más cerrado, menos fiscalizado y por lo tanto menos transparente”, señala Samayoa.
Los analistas consultados coinciden en que la CSJ aún tiene un margen de maniobra para armonizar la relación con la comunidad internacional, pero aseguran que se debe dar un debido respaldo a la CICIG y desmarcarse de cualquier organización cuestionada, como la Fundación contra el Terrorismo, para enviar un mensaje de imparcialidad.
Javalois, de la Fundación Myrna Mack, afirma que, en la actual coyuntura, sería un error “gravísimo” presentar una posición cerrada a la comunidad internacional en materia de justicia, puesto que se necesita su acompañamiento para darle matices de transparencia a la justicia.
“El OJ, desde finales de siglo pasado hasta la presente fecha, ha sido uno de los órganos de Estado que más necesidad tiene de la ayuda internacional y que más cooperación ha recibido. Es conveniente mantener un diálogo de mucha apertura, de mucha transparencia y de mucha humildad”, afirma Javalois.
APOYAR REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA
Por último, expertos y observadores del sistema de justicia califican como una tarea “apremiante” el hecho de que desde la misma CSJ se exprese un apoyo a las reformas constitucionales al sector justicia, que demandan diversos sectores académicos y de la sociedad civil.
Según Javalois, la actual CSJ debería mostrar un apoyo expreso a las reformas ya que el proyecto es parte de un acuerdo al que llegaron las Presidencias de los tres Organismos del Estado.
“El papel que le compete al OJ para que se puedan retomar las reformas, tal como las dejó el Congreso, es indispensable para fomentar y sentar las bases del sistema de justicia. Si no lo hace, va a ser una deuda gravísima que tendrá con el Pueblo de Guatemala”, señala el experto.
SILENCIO ROTUNDO
Se tomó la decisión de publicar hoy este reportaje, porque se nos canceló una entrevista que se tenía programada desde la semana pasada y se ofreció que el 10 de enero del 2017 se nos atendería.
