Por Joseline Ayala
jayala@lahora.com.gt
Las declaraciones del interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexander Aizenstatd, sobre la situación financiera “crítica” de la empresa, han sido interpretadas como un “empecinamiento” del gobierno a otorgar la concesión del puerto Quetzal de manera ilegal.
El jefe de la Bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, calificó las declaraciones de Aizenstatd como “irresponsables y dolosas” debido a la evidente presión que se quiere ejercer al Legislativo para que se apruebe el contrato que el Ejecutivo quiere otorgarle a la empresa APM Terminals.
“La supuesta crisis por la que está pasando la Terminal, es por la misma culpa de los funcionarios que lo han orillado a esa situación, pues siguen insistiendo en otorgar un contrato que adolece de respaldo legal pero el Ejecutivo se comprometió y es responsabilidad de ellos, no del Congreso”, explicó Blanco.
INTERESES
Blanco mencionó que el Estado se ha cerrado a explorar otras opciones que evitarían que el Puerto Quetzal sufra algún riesgo en su funcionamiento y que aunque ya se han planteado distintas propuestas no han aceptado considerarlas.
“Sabemos que ahí hay intereses de por medio que han comprometido al país, pues desde hace cinco meses que han insistido en que aprobemos la propuesta que ellos han presentado que además sabemos que tiene intereses espurios e ilegales”, dijo.
El diputado recordó las reuniones que el presidente Jimmy Morales orquestó junto con el jefe de la bancada oficial del Frente de Convergencia Nacional (FCN), Javier Hernández, con diputados del Congreso, en las que se discutió la negociación sobre la concesión, que habría logrado el apoyo suficiente para que llegara a culminarse.
“Recordemos que el Presidente se reunió con varios diputados, en donde logró su objetivo de influir en la elección de la Junta Directiva, lo que podría influir en el tema el otro año, pero nosotros como bancada nos vamos a oponer”, expresó Blanco.
VIOLAR LA LEY
A criterio del presidente de la Comisión de Probidad del Congreso, Amílcar Pop, Aizenstatd está siendo “irresponsable” al declarar la situación de la empresa, pues es evidente la propuesta del Ejecutivo y mientras ellos se nieguen a buscar otra salida no se puede resolver la problemática.
“El Ejecutivo debería considerar otras opciones que se ajusten a la legalidad pues es evidente que la propuesta que ellos hacen nos demanda que violemos la Ley, además que debemos priorizar un contrato que garantice las ganancias o mejore las que ya están siendo percibidas” explicó.
Pop dijo que con este contrato el gobierno estaría entregando el control y las ganancias que representa este puerto con al menos un 50% menos y con porcentajes que irían disminuyendo durante los 21 años por los que está planteado.
El diputado agregó que la propuesta de la Comisión que preside es trazar un camino de concesiones de servicios y no del control total del funcionamiento y además ha propuesto la inmediata creación de una comisión mixta que supervise esos procesos.
