POR MARIELA CASTAÑÓN
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Según la Secretaría de Bienestar Social (SBS), de 1055 jóvenes recluidos en los cuatro correccionales del país, 500 alcanzaron la mayoría de edad mientras cumplían su sanción. La estadística refleja que la mitad de la juventud detenida está ubicada en espacios para menores de edad.
Los jóvenes adultos y menores de edad están recluidos en el Centro Juvenil de Detención Provisional (Las Gaviotas), en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II (Etapa II), Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II (Anexo) y Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres (Gorriones).
Carlos Rodas, titular de la SBS, admitió que los jóvenes adultos deberían estar ubicados en otro espacio, sin embargo, las administraciones gubernamentales anteriores no crearon infraestructura; este es el desafío que actualmente debe enfrentar.
El Secretario dijo que sí está previsto implementar una “casa intermedia” donde ubicarían a los adultos, sin embargo, no hay un cronograma específico para este proyecto.
CLASIFICACIÓN Y ATENCIÓN
A criterio de Enrique Leal Sierra, exsubsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la SBS, es necesario que se implemente infraestructura, exista una separación etaria, atención especializada y que los jóvenes permanezcan en el mismo sistema, pero que sean cambiados de instalaciones, como lo demandan las leyes nacionales e internacionales.
“La clasificación etaria no es posible sino existe infraestructura para hacer una separación entre adultos y menores de edad. El Estado de Guatemala, en términos de cumplimiento de la normativa de derechos humanos, es signatario de varios convenios que indican que cuando un adolescente comete un delito, siendo menor de edad, debe permanecer en correccionales. Al cumplimiento de la mayoría de edad debe permanecer en la misma administración, pero trasladado a otras instalaciones”, explicó Leal.
PLAN ESTRATÉGICO
Leal explicó que durante su gestión, la cooperación italiana, por medio del Instituto Italo Latinoamericano (IILA), planteó una serie de observaciones a través de un plan estratégico, que se sometió al análisis de todos los actores del sistema penal juvenil.
Ante la falta de infraestructura el gobierno de Italia propuso financiar dos centros de privación de libertad por medio de un préstamo “blando” del que se debía pagar el 1 por ciento de interés por 20 años; cuando Leal dejó el cargo el año pasado, el proyecto avanzó en la dirección de crédito público del Ministerio de Finanzas.
La Hora consultó a Roberto Bonini, coordinador del proyecto Menores y Justicia de IILA, quien confirmó que acompañan al sistema de justicia juvenil desde hace más de un año y colaboraron con el plan estratégico interinstitucional. Entre las acciones futuras a implementar está la creación de infraestructura.
