Por Douglas Gámez
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El Ministerio Público (MP) requirió hace un mes los expedientes de la contratación de la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de la carretera CA-2, uno de los megaproyectos impulsados por el Gobierno del Partido Patriota, que ahora se encuentra paralizado y en proceso de liquidación por el incumplimiento de las obligaciones de la compañía para edificar esa autopista.
El ministro de Comunicaciones, Aldo García, indicó que los procedimientos emprendidos por el MP son independientes al de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para dar por terminado el contrato.
“A lo largo del año el MP nos requirió varios expedientes por otros casos, el más reciente que fue hace un mes por la carretera de Odebrecht”, declaró el Ministro en conferencia de prensa.
La carretera CA-2 fue una de las obras más publicitadas por Otto Pérez Molina y el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
La intención de las autoridades era la edificación de una vía que conectará los municipios de Cocales, Escuintla, con Tecún Umán, San Marcos, para facilitar el comercio entre fronteras.
Dicha autopista contemplaba la construcción de 240 kilómetros de carretera. Para su financiamiento el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil otorgó un préstamo de $280 millones y el Banco Centroamericano de Integración Económica otro de $119.4 millones.
A pesar que el país entregó el 70 por ciento del presupuesto, la empresa únicamente ejecutó el 30 por ciento de la obra, la cual debía ser entregada en junio de este año.
Buscarán ampliación
García indicó que los avances de la obra son mínimos y no cumplen con la mayoría de los requerimientos establecidos en los términos de referencia. Además, explicó que mientras se da el proceso de liquidación del contrato, el Ministerio de Comunicaciones debe darle mantenimiento a lo construido.
Sin embargo, en el Presupuesto del 2017 quedó establecida la finalización del contrato, por lo cual no tiene asignado un espacio financiero para su mantenimiento.
El viceministro administrativo, José Benito, detalló que por lo anterior deberán plantear el próximo año una ampliación presupuestaria al Congreso.
El Ministerio de Comunicaciones aún no tiene definido un monto específico para esa finalidad y hasta después de ubicar los fondos que podrían utilizarse presentarían la propuesta al Legislativo.
