Por Douglas Gámez
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El Centro Administrativo del Estado (CAE) es una propuesta que ya trascendió varios gobiernos, pero que no logra convencer acerca de sus beneficios. El proyecto, que genera opiniones divididas en el Ejecutivo, es impulsado con el fin de “ahorrar” el pago millonario de alquileres, pero a la vez fuertemente criticado por las consecuencias viales y patrimoniales que provocaría en el Centro Cívico.
El CAE es una de las principales obras de una cartera de proyectos impulsados por la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), brazo operativo de la Ley con el mismo nombre.
ANADIE se creó en 2012, dirigida entonces por el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, titular de la cartera a la cual se suscribiría el proyecto.
Promovido durante el gobierno del Partido Patriota (PP), ahora la propuesta vuelve a cobrar auge. El CAE consiste en la edificación de un complejo de edificios e infraestructura vial para albergar a la mayoría de instituciones públicas del poder Ejecutivo y que tendría conexiones con otras como la Corte Suprema de Justicia.
La obra se desarrollaría en los predios de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua).
El arquitecto Mario Catalán, gerente del proyecto explica en la siguiente entrevista los pormenores del CAE, dificultades y objetivos que esperan lograr con tan controvertido plan.
La Hora: ¿En qué fase se encuentra en estos momentos el proyecto?
Mario Catalán: Estamos en la obtención de permisos locales, es decir en el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Guatemala. Ya se envió el expediente para su autorización y aprobación.
Por aparte, tenemos tres expedientes ingresados, al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Medio Ambiente y Segeplan. Cuando obtengamos esos permisos podemos hacer la licitación internacional. Además, estamos poniendo en práctica el Plan de Acercamiento a Comunidades.
El Plan de Acercamiento a Comunidades es enseñarles a los vecinos qué tipo de edificios se harán. Esperamos terminar este año con el plan de acercamiento, la obtención de los permisos y hacer la licitación internacional el primer trimestre del siguiente año.
L.H: Entiendo que ya no es el mismo proyecto que se anunció hace un año ¿Qué pasó?
M.C: El primer proyecto no era tan sensible al tema patrimonial. Proponía realizar muchos movimientos de estructuras y la decisión de conservar eso tiene que ser el resultado de un consenso al que se llegó después con el Ministerio de Cultura.
Se hicieron mesas técnicas por casi un año, el IDHAE (Instituto de Antropología e Historia) dijo al final: esta estructura se queda, esta puede moverla, pero tiene que quedarse, todo ese manejo y cuidado del patrimonio fue orientado por el Ministerio de Cultura.
L.H: ¿Ya se hizo la licitación?
M.C: No, la podemos hacer hasta que estén avalados todos los permisos legales y terminemos con el Plan de Acercamiento a Comunidades.
Lo que ya se hizo fue un proceso de precalificación, que es hacer una selección de las empresas que pueden pasar a la licitación y al obtener los permisos ellos podrán hacer sus propuestas, la mejor es la que ganará.
L.H: ¿Por qué entre las empresas precalificadas que aparecen en Guatecompras se observa a Odebrecht de Brasil? el país ya tiene un inconveniente por la construcción de una carretera con esa compañía.
M.C: Seguramente tendrá que ser una decisión de Estado, a veces los términos de referencia son tan claros y específicos que creo que evitan ese sesgo con una empresa que incumpla con los estándares de transparencia obligados.
Cuando se hizo el proceso de precalificación ellos aplicaron y luego sucedieron los problemas con la carretera. Seguramente habrá que hacer una evaluación a nivel país. Hay que recordar que cuando este proyecto se adjudique el último paso estará en el Congreso para que apruebe o impruebe el contrato.
Hay una serie de estrategias para garantizar que la empresa que gane sea la más idónea para este tipo de proyectos.
L.H: ¿Qué mecanismos legales se utilizarán para que el CAE pueda construirse en los terrenos de Fegua?
M.C: El proyecto es impulsado por el Ministerio de Finanzas y el predio está inscrito a Fegua. Tiene que realizarse un convenio entre ambas entidades para desarrollar el proyecto.
Pero antes tenemos que contar con el aval del Ministerio de Cultura y Deportes. En el tema de urbanismo debemos contar con el permiso de la Municipalidad de Guatemala porque generará un impacto vial y se debe cumplir con estándares de arquitectura contemporánea e integración al paisaje urbano.
El Ministerio de Finanzas también debe aprobar el impacto presupuestario del proyecto y la Segeplan que esté articulado al plan de desarrollo K´atún 2032. También requerimos el del Ministerio de Ambiente porque debe contar con un estudio de impacto ambiental. Llevamos más de lo que están pidiendo.
L.H: Pero ¿Con un convenio podrán construir sobre Fegua?
M.C: Para no dar una respuesta inadecuada haré la consulta legal.
(Días después el departamento de Comunicación Social de ANADIE trasladó a La Hora una breve respuesta en la que se indica que los antiguos predios de Fegua pertenecen a bienes del Estado y la propiedad legal es y seguirá siendo del Estado, por cual únicamente necesitarían el convenio para realizar la adjudicación legal.)
L.H: ¿Cuándo iniciará la construcción y cuánto tiempo llevará culminarlo?
M.C: Si prevemos hacer el proceso de licitación en el primer trimestre de 2017 y conseguimos la adjudicación, así como la aprobación del Congreso el próximo año; empezaría la construcción del CAE en enero de 2018. Y los términos de referencia establecen que debe construirse en un periodo de tres años. A finales de 2021 tendría que ser entregado al Estado.
L.H: ¿Esta nueva propuesta tiene relación a las del hermano del presidente, Sammy Morales para desarrollar proyectos culturales en Fegua?
M.C: No, no tiene nada que ver. El proyecto tiene un componente cultural bastante importante, contempla la duplicación del tamaño actual del predio del Museo del Ferrocarril y seguirá impulsándose las exposiciones.
Lo que hemos repetido es que se cumplirá la función cultural que el IDHAE ha determinado y el Estado será el que estipule qué ministerios se trasladan. Puede haber cines, salas de exposiciones, entre otros, pero el fin tiene que ser cultural.
L.H: ¿Pero podrían incluir las propuestas del hermano del presidente en los aspectos culturales del nuevo proyecto?
M.C: No conozco la petición de él, no sé si la intención es darle un uso cultural. El CAE tendrá un uso cultural, pero que sea su fin no, eso no se ha determinado.
L.H: ¿Pero podrían entrar en conflicto con el proyecto de ANADIE?
M.C: Si es un uso cultural el que pretende, tiene que estar integrado dentro del programa de necesidades iniciales del CAE.
L.H: ¿Él (Sammy Morales) se ha acercado con ustedes para incluir algún proyecto dentro del CAE?
M.C: No, no se ha dado algún acercamiento, en todo caso tendría que ser parte de los requerimientos de ANADIE para que tengan una función específica.
L.H: ¿Qué mecanismos se implementarán para evitar cualquier tipo de acto de corrupción con este proyecto?
M.C: Primero con el proceso de precalificación, ahí medimos las capacidades de los oferentes y el desarrollo de proyectos similares en otros países.
Además, estamos dando a conocer el proyecto en varios espacios, no es algo que vamos a llegar de la noche a la mañana y decir aquí está. Ya fue aprobado por varias instancias.
Arriba de nosotros tenemos al Conadie (Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica), que lo integran seis ministerios, la Cámara de la Construcción, entre otros, no es una decisión que toma una sola instancia o persona, hay un consejo de Gobierno que lo aprueba.
La adjudicación pasa por los lineamientos que establecen la Ley de Alianzas Público y Privadas, la de Compras y Contrataciones del Estado, en fin, pasa por todos los filtros necesarios y no puede ser una decisión a dedo.
Sobre todo la Ley de Alianzas Público Privadas que garantiza un procedimiento administrativo bastante claro.
L.H: ¿Podría enfrentar obstáculos el proyecto o ya los ha tenido? ¿Qué tipo de dificultades?
M.C: Sí, uno de ellos es el desconocimiento de la segunda versión del proyecto, mucha gente piensa que se va dañar el patrimonio, que lo vamos a echar a perder, pero eso ya está resuelto con este nuevo plan, que es el fiel reflejo de lo que el Ministerio de Cultura y Deportes determinó. (Esta semana el ministro de Cultura, José Luis Chea anunció que se opondría al proyecto).
En cuanto al impacto que pueda generar a la ciudad, pues hay un grupo de arquitectos que dicen que vamos a dañar el Centro Cívico.
Hemos conversado con ellos, la ciudad es un ente vivo y que se va transformando.
¿Y si los mayas hubieran tenido una idea conservadora del patrimonio? Al principio todo era sobre plataformas y sobre ellas construyeron pirámides y más pirámides encima, es un poco de miedo al cambio y a la transformación.
El tema patrimonial es lo que más temores generaron desde el principio. Está resuelto en términos de establecer los parámetros que pedía el Ministerio de Cultura y Deportes, falta socializar y esa es la idea de hacer acercamientos con los vecinos y autoridades.
L.H: Hemos consultado al urbanista Alfonso Yurrita y en varias oportunidades ha señalado el impacto vial que ocasionaría el CAE y en aspectos urbanísticos al Centro Cívico ¿Cómo superarán esas dificultades?
M.C: El impacto vial lo hemos trabajado con la Municipalidad de Guatemala para desarrollar todas las obras que mitiguen el tránsito.
También se articula con otro proyecto que es el metro riel, en el predio de Fegua estaría la estación principal.
Hay dos puntos en el urbanismo tendenciales, es decir, si hoy observo caos y no hago nada, el caos va continuar, pero si hoy veo caos, puedo realizar cambios para que con el tiempo disminuya.
Por ejemplo, en Europa hay calles que antes estaban llenas de automóviles y hoy están llenas pero de bicicletas. Es un cambio en la mentalidad de la población para decirles miren hoy les vamos a construir parqueos, pero cuando se den cuenta que es más rentable y sano irse en un sistema de transporte público provocará cambios en la medida que la población madure.
Pero sí se resuelve en primera instancia el impacto vial con lo establecido por medio de estudios avalados por la Municipalidad de Guatemala.
L.H: ¿Qué tanto se ahorrará el Gobierno con la culminación de este proyecto?
M.C: Actualmente el Estado invierte aproximadamente Q230 millones anuales solo en alquileres. Si lo proyectamos en el tiempo con la discrecionalidad que se tiene, el siguiente año son Q240 millones y el próximo Q250 millones, estamos hablando de Q7 millardos en cinco años.
El Estado seguirá pagando una cuota anual, es diferente asumir un costo que ya está en planilla, además será un edificio propio y se ahorra porque dejará de depender de la discrecionalidad de los alquileres.
L.H: ¿Pero legalmente le pertenecerá al Estado?
M.C: Nunca será parte de la empresa que gane el concurso, está estará obligada a operarlo y darle mantenimiento por el periodo del contrato que es de 25 años. Después de ese lapso el Estado decide si lo empieza a operar o hace un nuevo contrato solo para que lo operen o den mantenimiento.
L.H: ¿Cuánto costará darle ese mantenimiento?
M.C: Podría ser el mismo precio que se paga ahora en alquileres, un promedio de Q240 a Q250 millones anuales proyectados en el tiempo.
En la actualidad sucede. Se contratan diferentes empresas para darle mantenimiento a los edificios porque es mucho más rentable y eficiente que hacerlo de forma independiente.
L.H: ¿Pero ya se estableció la cuota que pagará anualmente el Estado?
M.C: Se está trabajando en eso, en la estrategia financiera, pero en principio la propuesta es que sea el precio que actualmente el Estado está pagando, esos Q240 millones es lo mínimo que se debería pagar. Pero estamos evitando ese crecimiento de las cuotas.
L.H: ¿Cómo está la parte financiera, ya se ha dado algún desembolso de los $240 millones que se necesitan? ¿Sí tiene el Estado esa disponibilidad financiera?
M.C: En los tres años que se desarrolle el Estado no pagará nada, hasta que se reciba el edificio, por eso el privado debe tener la capacidad financiera para encontrar los bancos que le den el financiamiento, construir el proyecto y al primer día que lo entreguen se da la primera cuota.
En esos tres años se tienen que seguir pagando los alquileres.
L.H: ¿Cómo funcionará la alianza Gobierno y empresariado? ¿Qué le corresponde al Gobierno y qué al sector empresarial?
M.C: Al Estado pagar una cuota anual y el privado operar, diseñar y construirlo. El CAE tendrá un área de 10 mil metros destinadas al comercio, museo, áreas culturales, metro riel.
Será como llegar a un edificio privado, impecable, porque tiene estándares de calidad. En detalles es difícil describirlo porque el pliego del plan de obligaciones del privado tiene como 1,500 páginas.
Pero por ejemplo, si hay una bombilla que se arruinó y no se cambia en cierta cantidad de horas, hay una penalización. Si el piso está sucio y no se limpia hay una sanción. Llegamos a ese detalle para garantizar la calidad del servicio con estándares bastante exigentes.
L.H: ¿Qué es lo que más generó rechazo en los urbanistas del proyecto?
M.C: Hay una intención para declarar al Centro Cívico como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La característica es de arquitectura de la modernidad y entonces se cree que con la construcción de nuevos edificios se modifica el paisaje y corre riesgo la nominación, porque no se tiene certeza de la arquitectura que se tendrá.
Sí, el primer proyecto tenía arquitectura no compatible, por eso trabajamos con la Municipalidad y ellos nos iban guiando sobre los parámetros de la arquitectura, hay un consenso con la Municipalidad. Definitivamente con algunos arquitectos no podremos estar de acuerdo, porque es un tema de gustos, en lo posible hemos llegado a consensos vinculantes.
Pero aún no tenemos la arquitectura, porque no hemos empezado. Lo que planeamos hacer es que la empresa ganadora de la licitación deberá hacer tres propuestas y armar un consejo de profesionales para que nos digan en que línea nos dirigiremos en el aspecto de arquitectura.
