POR MARIELA CASTAÑÓN
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La comunidad Mario Antonio Díaz, actualmente instalada en Santa Isabel II, en jurisdicción de Villa Nueva, llegó a ese municipio en el año 1995 tras huir del desplazamiento forzoso de sus aldeas y permanecer en diferentes lugares por determinados lapsos. El tiempo transcurrió con tranquilidad, pero este año surgió una nueva preocupación: la implementación de una cárcel que consideran podría generar inseguridad y violencia.
Unas 500 familias residen en este lugar, denominado por ellos mismos como Mario Antonio Díaz, que es el nombre de uno de sus líderes, a quien recuerdan con respeto, por su lucha a favor de las comunidades indígenas que necesitaban un terreno o un lugar donde vivir.
Florencia Tzoy, una de las vecinas de esa comunidad, relató que en este lugar residen personas originarias de Quiché, Cobán, Totonicapán, Huehuetenango y Chimaltenango, quienes huyeron del conflicto armado interno.
En el caso de Tzoy, ella es una de las desplazadas de la guerra, quien tuvo que huir de la violencia junto a su familia, pues en ese entonces los Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) acusaban a su padre de ser un “guerrillero”.
“Un día llegó una nota que decía que teníamos que salir de la aldea –El Chajbal, municipio de Santa Cruz del Quiché-. Teníamos que irnos porque si no nos matarían. En ese entonces mis papás participaban en la iglesia católica. Acusaban a mi papá que era guerrillero. Cuando llegó la nota mi padre ya no estaba, él estaba escondido. Tuvimos que salir… y fue así como nos venimos”, relata Tzoy.
RECHAZAN LA CÁRCEL
La situación de estas familias no ha sido fácil porque han tenido que migrar a diferentes lugares para sobrevivir.
Por eso, para ellos, su estadía en la comunidad Mario Antonio Díaz es importante; cada 22 de mayo conmemoraron su aniversario. Desde 1995 viven ahí y según indican, trabajaron para obtener un espacio que a cada familia le costó Q23 mil.
La semana pasada, estas personas manifestaron su rechazo por la implementación de una cárcel. La preocupación se generó por el levantamiento de un muro. La obra fue suspendida por la Municipalidad de Villa Nueva, por falta de licencias.
Teresa de León, otras de las residentes, dijo que temen que la instalación de la cárcel provoque inseguridad y violencia.
“Nosotros rechazamos la cárcel porque nos perjudica, creemos que incrementaría las extorsiones y afectaría a los jóvenes por la distribución de droga. Lo triste del caso es que van a colocar esa cárcel cerca de un instituto. La prioridad no es una cárcel, es un hospital. Le pedimos al gobierno y al alcalde que no otorgue la licencia para esa prisión, es mejor colocar un instituto o una universidad”, refirió la entrevistada.
EN DIÁLOGO
Por otro lado, se consultó al alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, para conocer qué acciones se implementaron después de la suspensión del proyecto carcelario, el pasado 31 de octubre, sin embargo, no fue posible obtener su respuesta.
En su lugar fueron consultados representantes del Departamento de Relaciones Públicas de esa Comuna, quienes explicaron que se instaló una mesa de diálogo para que Escobar, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas y representantes de los Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocodes), con la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) puedan abordar el tema.
La próxima reunión está prevista para el 17 de diciembre, a las 14 horas, en el centro de comercio de Villa Nueva.
El titular de la cartera del Interior, Francisco Rivas, fue consultado sobre si participaría en la reunión, respondió que sí lo haría.
El Ministro agregó que no tienen fecha para la inauguración de la cárcel, pues dependen de lo que resuelva el Juzgado Municipal.
REFORMA PENITENCIARIA
El pasado 25 de septiembre La Hora Departamental publicó la nota “Proyecto de Reforma Penitenciaria iniciará en diciembre”, donde Rivas explicó que una de las acciones a implementar dentro de este plan era la cárcel de Villa Nueva.
En aquella ocasión, Rivas destacó que más de 80 agentes penitenciarios capacitados en República Dominicana serían ubicados en esa prisión, que albergaría a madres acompañadas de sus hijos y a hombres de la tercera edad en cumplimiento de condena.
