POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) brindará asistencia legal a 75 de 111 personas capturadas por la Policía Nacional Civil (PNC), en el operativo denominado “Guate es Nuestra”. La diligencia en la que también se notificó a 91 privados de libertad en las cárceles, duró dos días y buscaba desarticular a estructuras de extorsionistas y de supuestos colaboradores.
Héctor Pereira, coordinador nacional de abogados de oficio del IDPP, explicó que en el primer día de operativo, 45 personas requirieron apoyo de esa institución, mientras que en el segundo día lo hicieron 30, para hacer un total de 75.
Pereira dijo que el número de personas a atender podría incrementarse, pues regularmente ocurre esto.
El representante del IDPP agregó que los 20 abogados que apoyaron en los dos días del operativo y que estuvieron en el Centro de Administración de Justicia (CAJ) ubicado en la zona 6, fueron contratados por día. Los profesionales en derecho podrían ser contratados nuevamente cuando se fije la audiencia de primera declaración.
Q20 MIL POR ASISTENCIA LEGAL
Hace algún tiempo, la directora del IDPP, Nydia Arévalo, explicó a La Hora que invierten un estimado de Q20 mil por el acompañamiento legal que proporciona a una persona sindicada, que carece de recursos económicos para pagar un abogado particular. Según el IDPP, acompaña un 80 por ciento de los procesos legales que transcurren en el país.
La directora del IDPP dijo en aquella ocasión que el monto se estimaba desde el momento en que iniciaba el proceso legal de un sindicado hasta que culminaba con una sentencia.
“Nosotros hicimos un estimado de lo que se paga en honorarios a un abogado, a una trabajadora social, documentación, visitas carcelarias, la preparación de la estrategia, en fin, todo lo que lleva el proceso hasta que concluye con una sentencia firme y ejecutoriada, se puede hacer un estimado de Q20 mil por persona aproximadamente”, explicó Arévalo.
De acuerdo con la entrevistada, el servicio que ofrece el IDPP se costea con recursos propios. Esta institución tuvo este año un presupuesto anual de Q125 millones, sin embargo, necesitaría Q400 millones para funcionar.
DETENIDOS EN DIFERENTES CÁRCELES
Por otro lado, fue consultado Rudy Esquivel, portavoz del Sistema Penitenciario (SP), para conocer las cárceles a donde fueron ubicadas las personas sindicadas. Esquivel respondió que un total de 75 fueron enviadas al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, a Chimaltenango, Santa Teresa y Pavoncito.
La Hora intentó conocer, por medio del Organismo Judicial (OJ), si los demás detenidos fueron enviados a las cárceles públicas administradas por la PNC o a un centro correccional –si fueran menores de edad-, pero se indicó que fue el Ministerio de Gobernación quien decidió eso.
