POR CLAUDIA PALACIOS
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En un contexto de incertidumbre acerca del proceso penal contra Efraín Ríos Montt, los sobrevivientes de la masacre del Parcelamiento Dos Erres en Petén, así como las organizaciones que los han acompañado, conmemoraron 34 años de lucha por la verdad y la justicia.
La Casa de la Memoria, Kaji Tulam, en el Centro Histórico, se llenó con la voz de Sandra Gómez el pasado 5 de diciembre. Forzando a las palabras, empujándolas para deshacer el nudo formado en sus cuerdas vocales, la sobreviviente comenzó a recordar.
“Hace 34 años fue un día que quedó marcado en mi corazón, donde un grupo de hombres que se hacía llamar la guerrilla, pero que no era la guerrilla sino que eran los soldados, llegaron a Las Dos Erres y masacraron a toda la gente que vivía ahí. Arrasaron con las Dos Erres.”
Las investigaciones del Ministerio Público (MP) indican que el Ejército ordenó a una patrulla de kaibiles incursionar en el parcelamiento para buscar 17 fusiles que supuestamente robó la guerrilla. Una vez ahí, ante la sospecha de que los habitantes de Dos Erres eran parte de los movimientos subversivos, llevaron a los hombres a la escuela de la comunidad, mientras que las mujeres y menores fueron concentrados en una iglesia.
Los menores de edad fueron los primeros en ser asesinados, según declaró años después ante un tribunal de justicia uno de los soldados que participó en la masacre. Luego fueron los hombres. A las mujeres las violaron y las obligaron a prepararles el almuerzo antes de darles muerte.
“El dolor ha marcado nuestros corazones porque en esa masacre, donde murieron ancianos, jóvenes y niños, murieron catorce de mi familia, incluyendo mi hermano más grande, Ramiro de Jesús Gómez Hernández”, relató Gómez.
El hecho ocurrió entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, durante el Gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, quien de acuerdo con la Fiscalía de Derechos Humanos, como comandante del Ejército, estaba al tanto de los vejámenes cometidos por los soldados en contra de la población civil.
“Recuerdo cuando el general Ríos Montt iba a quedar de presidente, algunas personas contentas porque era general y su Ejército iba a proteger a los campesinos, porque el Ejército era honorable supuestamente para nosotros, pero después nos dimos cuenta que no nos cuidaban, sino que nos asesinaban”, dijo Gómez.
EL CAMINO A LA JUSTICIA ESTÁ LLENO DE OBSTÁCULOS
Sandra Gómez logró sobrevivir a la masacre junto a sus padres, debido a que escaparon y se escondieron en el bosque. “Pasamos una noche entera en un bosque, con el dolor de nuestras almas porque mi hermano mayor y mi hermano de 11 años habían salido de la casa y no habían regresado”.
Pero el terror no acabó en Dos Erres. Por diez años la familia Gómez calló acerca de los eventos ocurridos.
“Después de todos esos meses que pasaron emigramos aquí a la capital, donde vivimos en unas paredes, unos náilones que eran paredes para nosotros, guardando silencio, con miedo, con terror, con dolor, con amargura y con un coraje, que no podíamos hablar y no podíamos decir lo que sentíamos porque no hallábamos la manera de que se hiciera justicia de todo lo que habían hecho esas personas”, señala.
Diez años de silencio se rompieron cuando el padre de Gómez conoció a Aura Elena Farfán, cuyo hermano fue desaparecido por el Ejército en 1984 y se organizó con otras víctimas para buscar a sus familiares.
Fue así como la familia Gómez presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la masacre, pero pasaron casi dos décadas desde ese momento hasta que la justicia les dio una respuesta. El camino hasta la primera sentencia por el caso, en 2011, estuvo lleno de obstáculos.
“Yo doy gracias a Dios porque no ha sido en vano. Después de tanta lucha, después de que llegábamos a la Torre de Tribunales y nos miraban como que si éramos delincuentes, no nos escuchaban. Después de tanto recorrido hemos visto la justicia”, aseguró la sobreviviente.
El caso tuvo que ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado guatemalteco no cumplió con los compromisos asumidos en una solución amistosa con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Guatemala (Famdegua), quienes actuaron en representación de las víctimas.
La Corte sentenció al Estado, ordenándole resarcir económica y moralmente a los sobrevivientes, así como a realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
El 2 de agosto de 2011 el Tribunal de Mayor Riesgo “A” condenó a cuatro de los 17 acusados por la muerte de más de 200 personas en Dos Erres.
Siete meses después, el 12 de marzo del 2012, también fue condenado el exsubinstructor kaibil, Pedro Pimentel Ríos.
Ambas sentencias superaron los 6 mil años de prisión, aunque la ley vigente cuando ocurrieron los hechos solo permite que los condenados sean sometidos a 30 años. Al dictar su resolución, la jueza presidenta del tribunal explicó tal situación, pero señaló que la sentencia debía visibilizar a todas las víctimas, como una forma de dignificar cada una de las vidas que se perdieron en Dos Erres.
EL JUICIO QUE PENDE DE UN HILO
El camino para los sobrevivientes no ha terminado. La semana pasada el MP presentó una acusación modificada en contra de Ríos Montt en el Juzgado “A” de Mayor Riesgo, pero el sindicado no tendrá que asistir al proceso en su contra y, en caso de ser encontrado responsable, no irá a prisión.
El exjefe de Estado fue declarado incapaz por un Juzgado de Familia en febrero, por lo que será representado por sus hijos, Zury y Enrique Ríos Sosa.
La última vez que Ríos Montt fue visto en público fue en el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, el 5 de enero de 2015. Asistió en una camilla, inmóvil, con los ojos cubiertos con lentes oscuros.
Desde entonces la defensa del general retirado y su familia han insistido en que su estado de salud es delicado y por ello se justifica la clausura de los procesos penales en su contra.
Sin embargo, el juzgado a cargo del caso confirmó que las diligencias judiciales continuarán, aunque se realizarán a través de un proceso especial y únicamente para la aplicación de medidas de seguridad.
En una audiencia, que todavía no ha sido programada, se definirá en qué consistirán tales medidas y en otra se deberá conocer la acusación del MP para resolver si es procedente que el sindicado enfrente el juicio especial.
Édgar Pérez, abogado representante de las víctimas, admitió que debido al estado de salud de Ríos Montt, es poco probable que el proceso derive en una sentencia.
“Yo diría que eso dependerá de cuánto aguante él en su vida. Pero el proceso penal tiene como fin que se reconozca que él como máximo jefe militar del país en esos momentos, porque no solamente era jefe de Estado sino comandante del Ejército, tiene una responsabilidad por los hechos sucedidos.”
Además, Pérez advirtió que aún hay personas prófugas, entre ellas el jefe de la patrulla kaibil, Roberto Aníbal Rivera Martínez y el teniente Adán Rosales Batres. “El caso de las Dos Erres no termina todavía”, dijo.
LA CONTRAPARTE
Luis Rosales, abogado de Ríos Montt, indicó que interpondrán los recursos necesarios para que el proceso contra su representado se cierre de forma definitiva.
“Nosotros estamos convencidos que lo que legalmente procede es la suspensión de la persecución penal. Tenemos algunas instancias que agotar en ese sentido y, por otro lado, ya habiéndose determinado y declarado por la misma jueza de Mayor Riesgo la condición del general Ríos para enfrentar proceso, su incapacidad, pues es lógico que lo que deviene es el cierre del caso”, señaló.
De acuerdo con la defensa, el MP tampoco ha demostrado la intencionalidad en el delito de genocidio, por el cual es acusado. “El tema es la cadena de mando, ese tema tiene que verse dentro de su contexto real histórico y dentro de su verdadera concepción práctica, no teórica. Porque, sí, claro, el presidente sí es el comandante del Ejército, pero no llegan las decisiones hasta ese nivel”, aseguró.
HABLAR, CONTAR, SEGUIR EXPLICANDO
Aunque el proceso penal contra Ríos Montt se avizora complicado y no hay rastro de los sindicados prófugos, los sobrevivientes dicen tener una lucha propia por dar a conocer la verdad y mantener viva esa memoria.
Por eso, el 5 de diciembre Sandra Gómez contó su historia en un foro público organizado por Famdegua en la Casa de la Memoria, al que también asistió Aura Elena Farfán, fundadora de la asociación; el abogado Edgar Pérez y el defensor de Derechos Humanos, Jorge Santos.
“Ha sido bastante difícil, no ha sido un camino sin obstáculos. Lo más importante es que los familiares sobrevivientes han tenido la valentía de hablar y contar por lo que pasaron, y así hay muchos que se nos adelantaron esperando la aplicación de la justicia. Fue difícil tratar de encontrar personas dispuestas a hablar de lo que había pasado, pero poco a poco fuimos ganándonos la confianza y fue así que finalmente encontramos testimonios que tienen elementos de prueba para poder decir: esto fue lo que hicieron”, indicó Farfán.
Pero, ¿para qué seguir recordando el pasado?, ¿por qué seguir buscando justicia? preguntarán algunos. “Es importante que aprendamos a hablar lo que ha pasado porque eso sobre los hombros nos pesa. Decir nos da fortaleza, porque luchamos por una Guatemala distinta, una Guatemala donde verdaderamente haya justicia y que haya igualdad, que ya no haya esos abusos que se dieron durante el conflicto armado. Ese es el propósito de seguir luchando, de seguir señalando a aquellos que de alguna u otra manera tuvieron participación en hechos tan deleznables que marcaron a todos los guatemaltecos y guatemaltecas”, agregó la fundadora de Famdegua.
Para Gómez, lograr justicia fue más importante que cualquier resarcimiento. “Con la reparación que nos dieron nunca jamás vamos a reponer lo que nos quitaron a notros, jamás vamos a volver a tener la vida que antes vivíamos (…) Yo antes no podía hablar, las palabras no me salían. Ahora, me cuesta, el dolor me atormenta porque, a pesar de que han pasado muchos años, es inevitable. A veces me da pena, vergüenza, pero este dolor que está en mi corazón creo que nunca lo voy a superar, hasta que Dios me lleve con Él. Es muy grande, es muy duro saber que un ser querido sale de su casa, pero ya nunca va a regresar”, aseveró.
LA HISTORIA QUE NO INTERESA ENSEÑAR
En el foro, al que asistió apenas una quincena de personas, la mayoría sobrevivientes de la masacre de Dos Erres, Pérez y Santos reflexionaron sobre la importancia de contar y aprender sobre la historia del país para explicar su presente.
“La historia no solo es la historia del conflicto armado interno, es la historia del país, porque nosotros no tenemos identidad de país. Desafortunadamente, en las áreas urbanas, en las escuelas nos enseñan a discriminar. Pero nadie se pone a pensar, a querer criticar por qué no tenemos una mejor vida, por qué no tenemos un mejor desarrollo, por qué no tenemos una vida digna todos”, expresó Pérez.
“Es importante aprender la historia porque desde la conquista lo que ha habido aquí es una historia de genocidio, masacre, desapariciones. Y esto es lo que tenemos que aprender. Que somos un país donde se nos ha despojado tanto que nos ha hecho tanto daño, que no sabemos ni siquiera nuestros orígenes”, agregó.
Santos recalcó la importancia de la justicia transicional para la construcción de una sociedad más justa: “Primero, tenemos que reconocer que esta es una lucha por la justicia y por la vida. Lo importante es entender que estos delitos de manera directa fueron cometidos en contra de personas, en territorios determinados en Guatemala, pero efectivamente son delitos que se constituyen en contra de la humanidad y si la humanidad no hace suyos estos delitos en términos de condenarlos, muy pocos éxitos de avance tenemos como humanidad misma. No puede haber transformación en este país sin abordar su pasado (…) no puede haber justicia en el presente sin garantizar la justicia en el pasado, y la impunidad del presente es reflejo y espejo de la impunidad del pasado.”
