Por Joseline Ayala
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La diputada Nineth Montenegro acudió hoy al Ministerio Público (MP) para presentar una denuncia en contra de los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por incumplimiento de deberes y fraude al prorrogar un contrato anómalo al que ya se les había sugerido que suspendieran.
El pasado mes de julio, los directivos del Seguro Social extendieron el contrato con la empresa Intellego S.C. para que les proporcionara el sistema informático Solución Integral de Sistemas Informáticos (SAP), pero de acuerdo a las denuncias del personal y de los usuarios el sistema “nunca funcionó ni cumplió con los requerimientos para los que se le había contratado”.
“Nosotros creemos que hubo un fraude pese a las dudas manifestadas sobre que esta no está funcionando el software, que no ingresan los datos ni de las personas ni de los medicamentos y que ya se ha pagado el 80%”, explicó la diputada.
De acuerdo a las evidencias, al renovar el contrato, el Seguro Social pagó a la empresa 125 millones de quetzales, un 50% del total del contrato mientras que según la legisladora se debió cancelar el 20% y según los directivos, actualmente ya se ha cancelado el 80% del contrato.
“Es infuncional pese al voto en contra de un miembro de la Junta Directiva, quien dijo en su momento que era necesario el diagnóstico de un ingeniero informático y de aclararse las anomalías que se sospechan”, dijo.
CASO OMISO POR ADVERTENCIAS
Según Montenegro, el pasado 22 de junio la Contraloría General de Cuentas remitió una advertencia de las sospechas del contrato en la instalación del hardware, luego el 19 de agosto después de instalarse un equipo de auditores del Estado en la institución se solicitó la suspensión de los pagos por incumplimiento de requerimientos esenciales por parte de la empresa.
“La Junta Directiva conoció todas esas advertencias y ellos a pesar de eso prorrogaron el contrato y no dieron marcha atrás, pero luego el 24 de noviembre cuando el MP da a conocer varios casos de corrupción, entre ellos el del SAP, es hasta entonces que ellos deciden dar marcha atrás”, indicó.
La naturaleza del contrato se otorgó por excepción, con un proveedor único y bajo la presidencia de la Junta Directiva de Juan de Dios Rodríguez quien ahora guarda prisión por el Caso IGSS-Pisa.
“Carlos Contreras, cuando fue designado al frente de la institución tuvo que saber cuáles eran los movimientos de Rodríguez, pues él fue ministro de Trabajo y ambos eran allegados al Partido Patriota y al entonces presidente Otto Pérez Molina”, expresó Montenegro.
“TODO EN ORDEN”
En declaraciones pasadas, Contreras aseguró que las auditorías y los estudios sobre la legalidad del contrato si existen y que en ningún momento ellos detectaron alguna anomalía.
