Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
El Consejo Mam Te Txe Chman, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y familiares de líderes detenidos, en San Marcos, indican que su captura y encarcelamiento obedece a acusaciones falsas, por lo que pidieron al Ministerio Público (MP) detener estas investigaciones. El ente investigador señaló, por su parte, que no existe una política de criminalización hacia los líderes.
En rueda de prensa realizada esta mañana, los familiares de las personas detenidas indicaron que la labor de los líderes a favor de la defensa de los recursos naturales ha sido criminalizada con persecuciones, detenciones y encarcelamiento.
Los detenidos son Marco Tulio Pérez Pablo, Simeón Mauricio Guzmán, Bruno Emilio Solíz Pérez, María Maribel Díaz, Nery Edilmar Santos López, Heriberto Evelio Santos, Fausto Sánchez Roblero y Alfonso Chile, algunos de ellos son autoridades indígenas y miembros de los Consejos Mam Te Toj Mlaj del municipio de San Pablo y del consejo Mam te Txe Chman.
Los sindicados fueron detenidos el pasado 10 de diciembre de 2014 por los delitos de plagio o secuestro, asociación ilícita, sedición, detención ilegal y robo agravado y fueron sentenciados a dos, tres y cuatro años de prisión. Los sindicados interpusieron recursos de apelación pendientes de resolver.
En el caso de Lorenzo Ramírez, de 75 años, exalcalde comunitario, fue detenido en enero de 2015 y tuvo una sentencia de cinco años y cuatro meses por los delitos de detención ilegal y coacción, en tanto Plutarco Irineo Clemente fue detenido el 21 de octubre de 2015.
Según los comunitarios, todos han sido señalados falsamente por una persona identificada como Casimiro Pérez, quien manifiestan es un testigo falso y manipulado por personeros de la empresa Hidrosalá y Energuate.
Por ello pidieron a la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, detener la persecución penal contra los dirigentes.
Ramón Cadena, del CIJ, dijo que hay de 30 a 50 órdenes de captura y que se han registrado casos similares en Huehuetenango, Cobán, Alta Verapaz, Petén, El Estor, Izabal, Quiché.
MP: INVESTIGACIÓN ES OBJETIVA
En ese sentido el MP explicó que en cualquier caso, ante la posible comisión de hechos delictivos siempre se ordena hacer una investigación objetiva, respetando el debido proceso y demás garantías constitucionales y principios procesales, a la vez que destacan de parte del ente investigador no existe una política de criminalización a líderes comunitarios ni a ninguna otra persona.
Por su parte Héctor Herrera, responsable de relaciones comunitarias de Hidrosalá, una de las empresas señaladas, dijo que siempre han sido respetuosos del marco legal, nacional e internacional, y que han puesto denuncias cuando se han agredido a trabajadores, casos que han sido investigados por el MP y por juzgados.
Se solicitó a Energuate su postura al respecto, pero al cierre de edición de esta nota aún no se había obtenido una respuesta.
