POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Varias organizaciones de familiares de víctimas desaparecidas y detenidas durante el Conflicto Armado Interno presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un memorial donde se solicita que se agilice el trámite de antejuicio en contra del diputado Édgar Justino Ovalle. Además, señalaron una estrategia de retardo del proceso por parte del militar retirado.
Según la jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, Hilda Pineda, el caso se encuentra entrampado por una excusa que presentó la magistrada vocal I de la Sala Cuarta de Apelaciones, Benicia Contreras, para separarse del proceso, argumentando que mantiene enemistad con el abogado defensor de Ovalle, Raúl Falla.
Sin embargo, la Fiscalía presentó un memorial de oposición, ya que según Pineda el diputado cambió a su abogado defensor con la intención de entorpecer el proceso.
“Consideramos que fue malicioso cambiar de abogado –por parte de Ovalle–, porque se busca un abogado que tenga enemistad con la magistrada, pero es parte de la estrategia que ellos han utilizado”, puntualizó la jefa de la Fiscalía.
Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), entidad que figura como querellante en el caso, comparte el criterio de la Fiscalía y considera que Ovalle se hizo acompañar de un abogado que mantuviera enemistad con la juez pesquisidora para retrasar el proceso.
Reyes explica que la Ley del Organismo Judicial establece que en ese tipo de casos, no es la magistrada quien se debe excusar, sino el abogado con el fin de no retrasar el proceso.
“La Ley del OJ es clara en cuanto a que no es el juez que se tenga que excusar, sino el abogado no puede intervenir. Siempre se hace una mala interpretación de la ley y a quienes afecta es a las víctimas”, sostuvo el abogado.
PIDEN QUE SE AGILICE PROCESO
Los familiares de personas detenidas y desaparecidas denunciaron ante la CSJ que pronto se cumplirá un año desde que se presentó la solicitud de antejuicio en contra de Ovalle y aún no hay una resolución al respecto.
“Ya han pasado más de 30 años y todavía esperamos la aplicación de justicia de estos hechos deleznables”, señalaron.
El pasado 6 de enero, la Fiscalía de Derechos Humanos ejecutó la captura de 14 militares retirados, por el hallazgo de 558 osamentas en lo que fue la base militar número 21, ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (Creompaz), en Alta Verapaz.
De acuerdo con el MP, Ovalle y los detenidos fueron parte de la “plana mayor” de la zona militar número 21, en Cobán, Alta Verapaz y son señalados por la desaparición de cientos de civiles durante la guerra.
“UNA PRÁCTICA NORMAL DE ABOGACÍA”
Ricardo Méndez Ruiz, representante legal de la Fundación Contra el Terrorismo, entidad que fue designada por Ovalle como “tercer interesado”, considera que no hay una estrategia de retraso, sino dijo que es un derecho que le asiste a Ovalle de nombrar a un abogado de su preferencia, como una práctica normal de abogacía.
