POR MARIELA CASTAÑÓN
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El 9 de octubre del año 2013, entró en vigencia el Decreto 8-2013, Ley de Equipos Terminales Móviles, que tiene como objetivo sancionar hasta con 12 años de cárcel a quien use, ingrese o facilite teléfonos celulares en las prisiones del país; sin embargo, a pesar de la rigurosidad de la normativa, el problema persiste y muestra de ello es que entre 2013 y 2016 se incautaron 6 mil 484 teléfonos, se consignó a 764 personas y se emitieron 215 sentencias.
En ocasiones no es necesario que una mujer o un hombre introduzcan un teléfono dentro de su cuerpo, pues basta con acordar precios con los guardias, alcaides o directores de centros.
El costo por ingresar un teléfono puede ser de Q500 en una cárcel preventiva y Q200 en una prisión de cumplimiento de condena, según los reos y sus familiares.
La espiral de corrupción es amplia y muestra de ello es que después de las requisas donde investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) decomisan los móviles, al poco tiempo están circulando de nuevo estos aparatos.
Los relatos de los detenidos indican que después de estas diligencias los costos por los teléfonos pueden ser más altos, por tanto, las requisas incrementan los precios por los celulares.
DECRETO 8-2013
El 9 de octubre del año 2013 entró en vigencia el Decreto 8-2013, Ley de Equipos Terminales Móviles, que prohíbe en tres de sus artículos el uso y facilitación de celulares en las prisiones.
El artículo 26, referente al uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad, dice: “Quien se encuentre recluido o interno en centros de privación de libertad, centros penitenciarios, ya sean éstos preventivos, de cumplimiento de condena o de cumplimiento de sanciones, y porten o hagan uso ilegal de un equipo terminal móvil y/o cualquier equipo electrónico que sirva para comunicaciones o sus componentes será sancionado con una pena de prisión de 6 a 10 años.”
En tanto, el artículo 27, sobre el ingreso de equipos terminales móviles a centros de privación de libertad, detalla: “Quien ingrese por algún motivo o por visita a un recluso o interno dentro de un centro de privación de libertad o centro penitenciario, ya sean éstos preventivos, de cumplimiento de condena o de cumplimiento de sanciones, ingrese a dichos establecimientos equipos terminales móviles y/o sus componentes o cualquier equipo electrónico que sirva para comunicaciones, será sancionado con prisión de 6 a 10 años.”
Mientras que el artículo 28 explica acerca del uso de equipos terminales móviles por funcionarios y empleados públicos: “Los funcionarios o empleados públicos de los centros de privación de libertad de cualquier tipo y del sistema penitenciario que porten, utilicen, faciliten o permitan el ingreso a centros de privación de libertad o de cumplimiento de condena y sanciones, equipos terminales móviles y/o sus componentes, será sancionado con prisión de a 12 años y la inhabilitación especial de los delitos contra la administración pública.
Han transcurrido tres años de que la normativa está vigente, sin embargo, el problema persiste y provoca la planificación de extorsiones y delitos contra la vida por parte de las estructuras criminales.
A PESAR DE LA LEY
Estadísticas del Sistema Penitenciario (SP) detallan que, del año 2013 al 2016, fueron consignadas 764 personas por el ingreso o facilitación de teléfonos y otros objetos no permitidos en las prisiones. En esta estadística hay reos, visitantes y servidores públicos. (Lea el recuadro Capturados por ingresar y facilitar teléfonos).
En tanto, en el mismo período de tiempo fueron decomisados 6 mil 484 teléfonos celulares. (Lea el recuadro Incautaciones por año).
Representantes del Organismo Judicial (OJ) explicaron que aunque la Ley de Equipos Terminales Móviles entró en vigencia en el año 2013, fue hasta el 2014 que se emitieron las primeras sentencias (Lea el recuadro Sentencias por tres delitos).
A criterio de la diputada Nineth Montenegro, quien fue una de las promotoras de esta ley, la normativa no se aplica por la permisividad de las autoridades del SP y por la falta de voluntad de los operadores de las empresas telefónicas, que todavía no tienen control sobre todas las líneas de teléfono.
“El mayor responsable de esto es el director del SP, quien ha sido extremadamente complaciente con los reos, no solo por dejar ingresar celulares, sino porque pueden hacer llamadas desde adentro para extorsionar, lanzar bombas y secuestrar. También ha permitido que los pandilleros se organicen, hagan pintas y tengan plantas de marihuana”, argumenta la diputada.
Por otro lado, Montenegro dice que las empresas telefónicas deberían permitir que el Registro Nacional de las Personas (Renap) confirme la identidad de los 17 mil usuarios que tienen registrados.
“En segundo lugar están los operadores –de las empresas de telefonía- que no han querido que el Renap verifique si efectivamente los datos que están en lista blanca son personas que existen o no, porque solo proporcionan sus datos vía teléfono, pero eso no significa que –la identidad del DPI- coincida con la de la persona. Yo creo que ha sido una actitud de negligencia mutua”, dice la funcionaria.
La Hora buscó a Ricardo Sagastume, del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones (Cetel), para consultarle sobre las declaraciones de Montenegro, sin embargo, no contestó a las constantes llamadas realizadas a su teléfono celular y a su oficina.
LA LEY ES EFECTIVA
Nicolás García Fuentes, director del SP, considera que la normativa es efectiva, principalmente en las granjas de cumplimiento de condena, donde los reclusos analizan bien las consecuencias que puede tener el uso de un teléfono móvil.
“La Ley es bastante efectiva. En las granjas los reclusos piensan bien lo que implica tener un aparato de esta naturaleza, porque puede significar que su proceso de redención de penas sea truncado, porque es un proceso nuevo que se les estaría iniciando”, explica.
Según García, los teléfonos ingresan principalmente por un grupo de mujeres que introducen hasta dos teléfonos vía vaginal.
En tanto, al funcionario se le cuestionó por la corrupción incrustada en el SP, que involucra a guardias, directores y funcionarios de alto rango.
“Le puedo decir que la corrupción arriba ya no existe, se lo digo categóricamente, he erradicado todo tipo de corruptela que era tradicional. El gran problema o el meollo del asunto está en los mandos medios, directores, subdirectores de centros y guardias, me está costando bastante controlar ese vicio, porque esta gente utiliza diferentes maneras de cometer estos actos”, dice.
El entrevistado refiere que busca fortalecer la Unidad de Inspectoría General, que actualmente está integrada por 30 personas.
“La Inspectoría está en fase de reestructuración porque se les pasó el polígrafo a todos, estamos hablando de 30 personas, 15 por turno, pero no son suficientes, yo considero que la Inspectoría debería tener mínimo 50 personas, debería haber 25 personas por turno”, indica el entrevistado.
De acuerdo con el Director, esperan que el próximo año se les asignen más recursos económicos para atender las necesidades básicas. En 2016 se les asignaron Q513 millones anuales, pero necesitarían al menos Q750 millones.
