Por Redacción La Hora
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Ante los cambios que plantean los diputados a la iniciativa de reformas constitucionales, el diputado Fernando Linares Beltranena interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la presencia de la Fiscal General, Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez en el hemiciclo del Congreso, el lunes 28 de noviembre cuando se conocerán en su tercera lectura las reformas constitucionales.
En el documento presentado por Linares indica que la autoridad recurrida en el amparo son la Fiscal General y el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El auto reclamado consiste en la amenaza de “injerencia e intervención de extranjeros en los asuntos internos del país que en compañía de la Fiscal General y jefa del MP atentan contra la independencia del Congreso”, como uno de los poderes constitucionales de Guatemala.
El diputado recordó que el pasado 24 de noviembre, el comisionado anunció que junto con la Fiscal General acudirían al Congreso el lunes 28 de noviembre, día en que se conocerán las reformas constitucionales en su tercera lectura y argumenta que “los hechos que motivan la presente acción inconstitucional constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y a la Constitución”.
Sin embargo, tanto el MP como la Cicig son parte de la Secretaría Técnica de la Mesa de Diálogo Nacional hacia las Reformas del Sector Justicia que apoyaron el proceso de discusión, por lo que su presencia en el Congreso no es ilegal.
El mandato de la CICIG establece que el ente hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin, por lo que lo actuado está dentro del marco de su mandato.
Esto se suma a otros esfuerzos que en días anteriores han realizado diputados del Congreso y sectores que se oponen a las reformas constitucionales con la intención de bloquear los cambios al sector justicia. Ha trascendido que lograrán mantener el derecho de antejuicio para los funcionarios públicos.
Con relación a la justicia indígena, hoy se tergiversó información sobre un conflicto por el control del parque Semuc Champey, en Lanquín, Alta Verapaz, en el marco de la aprobación de las reformas haciendo creer que se trataba de la aplicación de “justicia indígena”. El pluralismo jurídico ha sido uno de los puntos más polémicos de la iniciativa, a la que varios grupos se han opuesto.
