Por Redacción La Hora
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En la sesión plenaria realizada esta tarde en el Congreso, 99 diputados aprobaron una moción presentada por el diputado oficialista Adim Maldonado para discutir en tercer debate las reformas constitucionales al sector justicia en una sesión “exclusiva” el próximo lunes 28 de noviembre, a las 10 de la mañana.
En esa sesión se espera que los diputados presenten sus enmiendas para luego aprobar la iniciativa en su redacción final. Si los diputados aprueban la ley, el TSE deberá iniciar el proceso para someter el decreto a consulta popular.
Maldonado había propuesto inicialmente una moción para que las reformas se conocieran el 1 de diciembre tras lo cual el presidente del Congreso, Mario Taracena, propuso otra moción para que fueran conocidas el 30 de noviembre. Sin embargo, al ser ese día la fecha tope para aprobar la ley del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, se presentó la moción que al final fue aprobada.
Las reformas constitucionales pasaron hoy en su segunda lectura en el Congreso, entre contratiempos provocados por integrantes del Movimiento Guatemalteco de Pobladores en las afueras del Legislativo, que impidieron el ingreso de algunos diputados al hemiciclo.
La sesión plenaria inició con la presencia de 45 diputados en el pleno, tras lo cual se hizo un receso para esperar que se integrara la mayoría calificada con 105 congresistas, para conocer los proyectos de ley que necesitan de 105 votos para ser conocidos, como las reformas constitucionales y el Presupuesto General 2017.
En el transcurso de esta mañana, la Fiscal General Thelma Aldana y el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, se reunieron en el Congreso con diputados de FCN, quienes manifestaron su inconformidad con el tema del antejuicio, uno de los cambios incorporados en las reformas, en el artículo 154.
La propuesta incorpora al Art. 154 una definición del antejuicio contemplando expresamente la aclaración que dicha garantía no es impedimento para realizar una investigación.
Otros temas en los que manifestaron su desacuerdo fueron la suspensión de los diputados de sus cargos al verse involucrados en una investigación; la jurisdicción indígena, las garantías que ofrece el Organismo Judicial (OJ) y el proceso de documentación en la presentación de pruebas.
Foto: José Antonio Castro
