POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Anabella de León, extitular del Registro General de la Propiedad (RGP), y otras cinco personas vinculadas al caso Botín Registro de la Propiedad solicitaron esta mañana ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal cambiar la medida de prisión preventiva que les fue impuesta por una de arresto domiciliar. Además, pidieron la modificación de los delitos por los cuales son procesados.
Además de la exfuncionaria, solicitaron beneficios Joan María Ponce Sánchez, exrepresentante legal de Carnes y Ensaladas, y los exdirectores de recursos humanos del RGP, Donald Joseph Bryne Mulet y Samantha Marisol Mejía Salguero.
Durante su intervención, la defensa técnica de Ponce Sánchez, solicitó al juzgado cambiar el delito de peculado, que fue imputado por el Ministerio Público (MP), por el de estafa propia.
“Por un lado, se obligó al RGP a pagar una cantidad dineraria y por otro lado mi patrocinada se comprometió a prestar un servicio que consistía en desayunos. Esta representación considera que al momento que se dictó el auto de proceso y se intimaran los hechos por parte del MP hubo un error en la tipificación. El RGP cumplió en erogar los Q90 mil y Carnes y Ensaladas S.A. incumplió con la obligación que era dar esos desayunos, aquí encuadra más el delito de estafa propia”, argumentó el abogado.
Asimismo, la defensa de Mejía Salguero, quien enfrenta proceso judicial por peculado por sustracción, argumentó que su patrocinada únicamente era la encargada de clasificar facturas y verificar que estuvieran debidamente documentadas para trasladarlas a recursos humanos, pero que no hubo ánimo para sustraer bienes o dinero del RGP.
El pasado 7 de septiembre la titular del juzgado, Silvia de León, resolvió ligar a proceso a 18 personas por los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica. Los implicados también fueron enviados a prisión preventiva al considerar que existía peligro de fuga y obstaculización de la justicia.
Según las investigaciones, se documentaron al menos 16 plazas fantasma que significaron un desembolso de Q3 millones por parte del RGP, sin que estas personas prestaran algún servicio a la institución.
Además, durante la investigación se hallaron indicios que señalan pagos anómalos por servicios de banquetes durante actividades del RGP, que no fueron realizados por la institución, lo cual significó un desembolso de al menos Q150 mil.
Piden condena contra bandas de sicariato
El MP solicitó penas de entre ocho a 190 años de prisión en contra de las bandas El Primo y El Pintor ante el Tribunal C de Mayor Riesgo, por supuestos actos de sicariato.
Dichas estructuras fueron señaladas la semana pasada de planear ataques contra guardias del sistema penitenciario.
A los presuntos sicarios se les acusa de los delitos de asociación ilícita, asesinato, conspiración para el asesinato y robo agravado, entre otros.
