Por Grecia Ortíz
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El caso del usufructo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que nació como producto de la corrupción en el gobierno del Partido Patriota (PP), busca ser otorgado como concesión a dedo a favor de la empresa holandesa APM por el gobierno de Jimmy Morales. Sin embargo, diputados y analistas consideran que la iniciativa que busca otorgar la concesión es “ilegal” y sospechan que podría existir algún tipo de interés oculto al no considerarse una licitación internacional como lo establece la Ley de Contrataciones.
Otorgar la concesión de TCQ a la empresa AMP Terminals es el objetivo de una iniciativa presentada al Congreso de la República, por el secretario General de la presidencia, Carlos Martínez, el pasado 3 de noviembre. Según el gobierno, se busca la concesión por “razones de utilidad pública e interés nacional”.
Según dijo Martínez en aquella ocasión, de no ser aprobada la iniciativa sería el país el que estaría perdiendo una oportunidad, en prestar “servicios y tener una empresa bastante productiva”.
La iniciativa fue elaborada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) que trasladó el documento a la Secretaría General de la Nación que hizo las modificaciones de forma.
Días más tarde se conoció que el presidente Jimmy Morales se reunió con diputados en la finca Santo Tomás, para discutir varios temas, entre ellos el Presupuesto y la iniciativa de TCQ.
PRESIDENTE PRESIONA
Asimismo se conoció en una citación realizada por la Bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, que 20 diputados se reunieron el 5 de noviembre pasado con el mandatario en la Finca Presidencial Santo Tomás, donde abordaron, temas como el Presupuesto, JD del Congreso y TCQ. En esa reunión estuvo presente el Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada.
Aunado a eso, el pasado 16 de noviembre el Ejecutivo convocó a diputados a una reunión en Casa Presidencial, en la que estuvo presente la Procuradora Annabella Morfín, los ministros de Finanzas y Comunicaciones, así como el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos. En la reunión se abordó el tema de TCQ con los congresistas que asistieron.
SERÍA ILEGAL
El diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), considera que la iniciativa es “ilegal” porque el Ejecutivo no ha entregado toda la información requerida para conocer los detalles de la concesión, estimada por 21 años.
“Creemos que la ruta legal pretendida no es la adecuada, la Ley de Contrataciones es muy clara en que no se pueden dar concesiones en bienes y servicios que generan utilidades y tampoco podemos hacerlo a dedo” indicó Barreda al ser consultado sobre el tema. Barreda al principio dijo que se oponía, luego que estaba a favor y ahora se opone de nuevo.
De acuerdo con Barreda, lo más prudente sería liquidar el contrato, separar el tema penal y volver a hacer una licitación internacional en donde podría otorgársele la concesión a una alianza público-privada entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y alguna empresa extranjera.
A criterio del diputado, “no podemos entregarle todo a esa empresa extranjera porque estaríamos generando un monopolio a cargo del Puerto Quetzal, y para la UNE y para la Presidencia del Congreso no es una prioridad conocer esa propuesta”, enfatizó.
La congresista Nineth Montenegro sostiene por su parte a que están anuentes a las negociaciones que favorezcan el interés del Estado, sin que dejen de existir responsabilidades judiciales por este caso.
Sin embargo, para Montenegro, lo que correspondía era una negociación legítima en la que participara el Estado, que conllevara a una alianza público-privada, y no una “simple concesión”. La diputada mencionó la posibilidad de que pudiera haber una licitación de tipo internacional, así como la depuración en EPQ, donde se han detectado muchas anomalías.
“El tema de la concesión yo no lo descarto, pero no dirigida, se está haciendo una concesión dirigida y es literalmente a la empresa APM que pudiera ser parte del conflicto y no de la solución, es extraño que desconozca todo lo que ocurrió”, expresó Montenegro.
La diputada se refiere al papel que ha tenido la empresa APM que adquirió TCQ a Terminal de Contenedores de Barcelona y aduce desconocer los señalamientos de corrupción que pesaban sobre el usufructo, antes de comprar la Terminal.
A decir de Montenegro, “lo que empezó mal termina mal y enderezarlo a medias no es la medida”. La diputada sugiere considerar a otras empresas que podrían ser “igual o mejor que APM”.
Por otro lado, la congresista dijo desconocer si existen intereses detrás de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo, aunque indicó que tal vez ya hubo negociaciones de APM, porque sin necesidad de una licitación se le está buscando otorgar la concesión.
EL ACUERDO
El 21 de julio de 2016, el interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, sugirió un arreglo con la empresa APM Terminals, que incluía la anulación voluntaria del contrato anómalo y una reparación de US$43.2 millones al Estado de Guatemala. En esa ocasión Aizenstatd mencionó por primera vez que el nuevo contrato sería una concesión, que debería ser aprobado por el Congreso de la República.
APM Terminals, responsable de adquirir a Grupo Marítimo TCB, anunció el pasado 27 de septiembre que había realizado un depósito por US$32.7 millones de dólares correspondientes a una reparación civil en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), como respuesta al acuerdo establecido con el Gobierno de Guatemala.
El resto, los US$10.5 millones de dólares acordados y pertenecientes al pago de US$43.2 millones de dólares, serán cancelados durante el período de vigencia de la concesión que se aprobaría, en proyectos de inversión y desarrollo social para el mejoramiento de comunidades aledañas en la terminal de Escuintla, aplicadas específicamente en áreas de salud, educación y desarrollo social.
EJECUTIVO HABRÍA RECIBIDO OTRAS PROPUESTAS
En una carta de licitación a la que la Hora Departamental tuvo acceso, se conoció que la empresa Manzanillo International Terminal (MIT) tenía interés en que se considerara la posibilidad de establecer negocios con el Estado guatemalteco, con la adquisición de TCQ.
David Michou, presidente de MIT, señala en el documento, “expresamos nuestro interés formal en las operaciones portuarias en Puerto Quetzal. Estamos preparados para trabajar con las partes interesadas del proyecto Puerto Quetzal, para lograr la solución ideal que a corto plazo permita iniciar operaciones de la terminal de forma interina”.
La compañía señala que “la apertura y operación de la terminal de contenedores Quetzal de forma profesional y transparente permitiría usar un activo nacional en beneficio de la economía guatemalteca”.
El documento certificado por un abogado y notario, señala que fue enviado al presidente Morales en julio de este año como una carta de intención. MIT además de exponer su interés, también destaca la trayectoria de la empresa y su experiencia en el tema de terminales portuarias.
Consultado sobre esta carta dirigida a Morales, el vocero presidencial Heinz Hiemann dijo desconocer la misma. “Desconozco ese extremo que usted me comenta, si efectivamente esta carta llego a manos del Presidente y cuál fue la consideración que pudo haber hecho el interventor, respecto a la operatividad del puerto versus a la Procuradora General de la Nación” indicó.
Sobre la posibilidad de que se considere la propuesta de empresas interesadas en licitar, dijo que es analizado por la PGN, así como por el interventor que verificó la situación.
“Ya la propuesta está en el Congreso, y ya no es un tema que tenga otro manejo más que el que pueda dar el Congreso”, aseguró.
A criterio de Hiemann, se analizaron todos los escenarios. Ante los señalamientos de algunos diputados sobre la ilegalidad de la concesión, refirió que los mismos “los deberán de plantear ante los organismos que ellos consideren”.
El otorgamiento de la concesión a APM, según el vocero presidencial, es considerada la mejor opción, porque “si le sumamos a que pudiera haber una demanda por una cantidad millonaria para el Estado y el Estado no pueda operar el puerto por no tener los recursos económicos para operarlo, sería una gran pérdida para el país”.
Asimismo, sobre aseguró que el interés del caso es a favor de Guatemala para contar con un puerto que posea la infraestructura y que pueda responder a las necesidades del comercio en Centro América.
La Hora intentó obtener comunicación con la PGN para conocer por qué se inclinaron por una concesión a APM pero al cierre de este reportaje aún no había sido posible.
CONCESIÓN GENERA DESCONFIANZA
De acuerdo con Jorge Wong, politólogo de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, se esperaba que ante el nombramiento del interventor se diera una licitación internacional para que el proceso fuera abierto.
Todo esto genera un clima de desconfianza, es un negocio millonario que abre la puerta a muchísimas cosas más, no solamente a la cuestión económica, política y social también, aseguró.
Desde que el interventor empieza a actuar con una multa y luego propone siempre seguir con la misma gente (APM) ya genera dudas, dijo.
Para el politólogo, los intereses en avalar una concesión de esa manera podrían ser de “muchísimo dinero… el interés obviamente son miles de millones de dólares” anotó.
Para Wong, el hecho de que el Presidente esté cabildeando sobre este tema significa que podría haber grandes intereses, “como ciudadanía tenemos que tener mucho control, y ponerle ojo a este tipo de negociaciones”, indicó.
Por su parte Luis Linares, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies), aseguró que la licitación internacional no debería ser solo por transparencia, sino porque la Ley de Contrataciones que regula las concesiones dice que debe hacerse por concurso.
Linares considera que lo correcto sería sacar la concesión a concurso, en donde se vería si ganan los actuales operadores. “Fue un negocio obtenido de forma ilícita, violando la Ley de Contrataciones y encima de eso con sobornos” anotó Linares, quien reiteró que el procedimiento sigue siendo anómalo.
PRESIÓN ERA POR BANCOS
En tanto, tras finalizar la reunión de Morales con diputados del Congreso en Casa Presidencial los diputados que asistieron informaron que la misma era para pedir que se apruebe la concesión antes de que finalice el plazo de convenios firmados con bancos. Uno de los diputados que asistió a la reunión opinó que lo que pide el Ejecutivo es ilegal y en fraude de ley.
El diputado Raúl Romero de Fuerza informó que durante la reunión “se planteó y aclaró que el plazo que se ha hablado de 40 días (para aprobar la iniciativa) no es un plazo para el Congreso, es el plazo en que estarían venciendo algunos convenios que se hicieron con bancos”. Por lo tanto, lo que plantean es que si el proyecto de ley se aprueba se haga antes de ese plazo.
Romero también dijo que varios diputados y bancadas presentes pidieron información para evaluar si lo que el Ejecutivo propone es legalmente pertinente.
Por su parte el diputado Fernando Linares dijo que de acuerdo a la propuesta inicial del Ejecutivo para otorgar una concesión directa es un tema “ilegal” que incluso lo denomina la ley del Organismo Judicial (OJ) como fraude de ley.
Linares agregó que la intención no es desechar el tema sino más bien buscar las maneras para lograr que “Guatemala cuente con un puerto de primer nivel” pero que por los reparos expresados los representantes del ejecutivo “no quedaron convencidos”.
El interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd no quiso declarar respecto al plazo de 40 días para la aprobación de la iniciativa de la ley. En cambio se limitó a detallar la situación financiera de TCQ. Según indicó, hay un préstamo de más de 126.5 millones de dólares, principalmente en bancos extranjeros, que requieren e pago de intereses y capital.
LA INICIATIVA
La iniciativa, que no ha sido entregada públicamente ni compartida con los medios de comunicación, señala que la propuesta tiene por objeto aprobar “con carácter de excepción”, la concesión de servicios portuarios que de forma directa adjudicará la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a favor de la entidad TCQ, SA.
Se plantea que el plazo de concesión no podrá exceder los 21 años, que se computará a partir de la suscripción del contrato administrativo correspondiente. “Relevante es considerar que al finalizar el plazo, no solo el espacio físico sino también la obra portuaria y todos los equipos instalados deberán ser entregados a EPQ, en óptimas condiciones, incluida una máquina de rayos X para realizar inspecciones no intrusivas en los contenedores», señala la iniciativa.
UN NEGOCIO, PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN: PÉREZ EN PRISIÓN POR LO QUE AHORA QUIERE MORALES
El pasado 15 de abril el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron el caso de corrupción de TCQ en el que de nuevo se vieron involucrados el exmandatario Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti así como otros funcionarios que habrían recibido sobornos de la empresa española TCB para obtener el contrato.
Según las autoridades, el contrato firmado entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal S.A. por 25 años y prorrogable por un terreno de 34 hectáreas, sobre el que operaría la nueva terminal, tenía estipuladas tres fases de desarrollo con una inversión de por lo menos US$255 millones de dólares.
Entre 2012 y 2015, la estructura liderada por Pérez Molina y Baldetti interfirió en diversos actos por los cuales la organización lograría obtener beneficios económicos. Las acciones iban encaminadas a ocultar y blanquear dinero obtenido de forma ilícita.
Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidencia, se reunió con representantes de TCQ, Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez, exigió que la comisión establecida en unos US$30 millones de dólares para la estructura fuera cancelada en efectivo.
El arreglo sería distribuido en un 60 por ciento para el expresidente y la exvicepresidenta, mientras que un 40 por ciento sería destinado a Monzón Rojas.
El papel del expresidente fue de utilizar la calidad de su cargo para lograr facilitar el negocio, con el que obtendría un beneficio financiero directo en detrimento de los intereses del Estado.
Según el ente investigador y la CICIG, Pérez Molina logró intervenir de manera decisiva en la entrega de los terrenos a TCQ pues promovió las reuniones con la banca privada internacional y nacional para demostrar que el proyecto sí contaba con respaldo gubernamental y de esa manera lograr que la empresa contratista obtuviera los recursos necesarios para financiar sus operaciones.
EL INFORME DE PGN
Como respuesta al caso, la Procuraduría General de la Nación (PGN) se conformó como la representante del Estado y solicitó la suspensión del contrato y la intervención de TCQ. No obstante, aunque al principio se habló de la inexistencia de un acuerdo, el mismo ya se dio y por el momento ya se concretó el primer depósito por parte de APM.
Un informe correspondiente a 2015 de la PGN, estableció la existencia de una serie de anomalías y un abogado del Estado señaló que el contrato de usufructo oneroso, constituía una posible simulación de otro negocio jurídico, denominado concesión y regulado por el artículo 95 de la Ley de Contrataciones del Estado.
También señalaba que en el procedimiento se obvió la aplicación de la normativa establecida en la Ley, al no realizar un procedimiento de licitación pública. Otro reparo contenido en dicho informe es que la normativa impide concesionar los servicios en los que el Estado, las entidades autónomas y descentralizadas obtengan utilidades.
