POR REDACCIÓN LA HORA
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El presidente Jimmy Morales encabezó una reunión a puerta cerrada ayer en la que estuvo presente la procuradora Annabella Morfín, para insistir ante diputados sobre la importancia de aprobar de forma pronta la iniciativa de ley para la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y se discutió la necesidad de crear una figura legal que no existe para dar solución a este asunto. La recomendación de analistas es que el proceso sea transparente, para evitar incurrir en ilegalidades.
El analista Nery Rodenas enfatizó en la importancia de que los funcionarios involucrados en estas discusiones, que se han dado a puerta cerrada sin el acceso de medios, actúen de forma transparente y eviten caer en actos ilícitos.
Según Rodenas, en éste proceso es la Procuraduría General de la Nación (PGN) la que debe procurar que se tome una decisión legal y que el contrato sea favorable al Estado y que no se efectúe un contrato lesivo.
“Tendría que hacerse un análisis profundo sobre el tipo de contratación que sería más adecuado, a mi criterio se deberían observar los procedimientos en los que cualquier persona pueda participar y no tener ningún tipo de favoritismo o enfocarse en algún beneficio a las empresas vinculadas a los hechos anteriores en donde se cometieron irregularidades”, explicó Rodenas.
DUDAS POR HERMETISMO
En tanto, el politólogo Jorge Wong criticó el hecho de que este tipo de discusiones sobre temas importantes de Estado se lleven a cabo con hermetismo.
“¿Por qué poner en riesgo la credibilidad del gobierno, haciendo este tipo de reuniones a puerta cerrada, para que se busque una solución, cuál es el interés de dar esa respuesta?”, cuestionó Wong.
A decir del entrevistado, tanto esta reunión como el hecho de que del interventor de TCQ haya salido la propuesta para dar solución a este tema, genera mucha suspicacia.
“La vía ideal sería una licitación internacional, es la figura legal, que sea completamente abierta y poder escoger a alguna empresa de forma abierta”, indicó Wong.
MENCOS
El contralor Carlos Mencos, quien también estuvo presente en la discusión, dijo ayer que apoyaría la concesión solo si se crea una figura legal que avale la otorgación.
Según Mencos, la ley de contrataciones no avala la forma en que se está planteando pero se debe encontrar un mecanismo para que si se haga. Sin embargo, la postura de uno de los diputados presentes fue que por esa vía se estaría creando una herramienta legal para aprobar algo ilegal.
DEUDA MILLONARIA
En tanto, el interventor de la Terminal, Alexander Aizenstatd, aclaró que no estuvo presente en la reunión de ayer por lo que no quiso declarar respecto al plazo de 40 días para la aprobación de la iniciativa de ley. En cambio, detalló la situación financiera de TCQ.
Según el interventor, hay un préstamo por más de 126.5 millones de dólares principalmente con bancos extranjeros, que requieren el pago de intereses y capital.
“El primer pago de capital y ya no solo de intereses estaría pendiente para el 15 de diciembre, son más de 4 millones de dólares”, explicó, previo a decir que la empresa no cuenta con los recursos para hacer el pago.
NO INJERENCIA
El Gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación, mandó un comunicado a este medio expresando que el Ejecutivo rechaza todo señalamiento de injerencia, reafirmando que respeta la división de poderes y el Estado de Derecho, a pesar de haber interferido para elegir la Junta Directiva del Congreso y de haber convocado a diputados para pedir que se apruebe la iniciativa de TCQ sin discutirla.
