JOSÉ DEL ÁGUILA
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En 2016 la CC ha cobrado Q2.4 millones en multas por amparos frívolos
Toda persona acusada de cometer un delito cuenta con el derecho de ser defendida por un abogado, pero existe una diferencia entre ejercer una defensa legítima, apegada a la ley y a la ética profesional, y ejercerla con el objetivo de procurar la impunidad. A esta última modalidad, según estudiosos del sistema de justicia, se le denomina “litigio malicioso”, y es una tendencia continuada en el ejercicio del derecho que en el último año ha generado retrasos en los procesos de corrupción investigados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El litigio malicioso es un método sencillo. El abogado Édgar Pérez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, lo plantea como una estrategia judicial de parte de abogados defensores que tiene como fin retrasar los casos que se ventilan en los juzgados y tribunales.
Para lograr este cometido, el litigante (encargado de ejercer la defensa de un sindicado) plantea amparos, apelaciones, incidentes, recusaciones y en general, cualquier recurso judicial, sin otro fin que entorpecer los procesos.
Por esa razón, dichos recursos no necesitan estar debidamente fundamentados, pues su objetivo no es velar por el estricto cumplimiento de los derechos del sindicado, sino retrasar el proceso judicial.
Esta estrategia, cada vez más utilizada, tiene sus razones de ser. “Si hay un querellante adhesivo, generalmente se desespera, va desconfiando en el sistema judicial y va teniendo menos esperanza, hasta que finalmente abandona el proceso”, dice Pérez. Esta desesperación también trata de influir en el juez a cargo. Todo esto, con miras a obtener ciertas cuotas de impunidad en los procesos.
También se utiliza el llamado litigio malicioso para casos en los cuales los sindicados están en prisión preventiva, y es que es la misma defensa la que presenta los recursos para evitar el avance de los procesos y luego argumenta que sus clientes están presos ilegalmente, porque ya han vencido los plazos que manda la ley. Un claro ejemplo de lo anterior fue el caso contra los hermanos Valdez Paiz, por el caso de la muerte de Rodrigo Rosenberg.
UNA ESTRATEGIA RECURRENTE
Actualmente, el sistema de justicia busca darle una salida a varios casos que se han visto entrampados por el uso de esta estrategia judicial. En el caso denominado “Las Dos Erres”, en el cual se juzga la masacre de más de 201 personas en diciembre de 1982, en la aldea Las Cruces, Petén, por ejemplo, se han presentado alrededor de 70 acciones de amparo, la mayoría declaradas sin lugar. Esto, según Pérez, quien funge como querellante en el caso, ha retrasado el proceso por aproximadamente nueve años.
Dicha estrategia es recurrente en los casos de justicia transicional, como en el proceso judicial por la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen, en el que las diligencias se han extendido por meses.
Pero el litigio malicioso también se ha implementado en casos donde se juzgan hechos más recientes. En el expediente de la estafa multimillonaria del desaparecido Banco del Comercio, uno de los sindicados, Willy Waldemar Zapata Sagastume, ha interpuesto cerca de una veintena de amparos, lo cual ha provocado que transcurran ocho años desde que se le vinculó penalmente, sin que éste rinda una primera declaración ante un juez.
MEDIDAS QUE NO LOGRAN DETENER EL PROBLEMA
Ante este fenómeno, el sistema de justicia busca protegerse. Según el artículo 46 de la Ley de Amparo, para prevenir esta estrategia, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) estime que un amparo presentado es frívolo o notoriamente improcedente, se impondrá una multa de Q50 a Q1 mil, según la gravedad, al abogado que lo patrocina. Lo recabado se invierte en gastos de funcionamiento.
De acuerdo con las estadísticas de la CC, desde enero hasta el 25 de octubre pasado se presentaron un total de 1 mil 54 amparos. No es posible determinar cuántos de ellos han sido declarados sin lugar, ya que esto no se registra en el sistema; no obstante, por amparos conocidos este año que son considerados frívolos, la CC ha cobrado en multas Q2 millones 416 mil 207, de los cuales únicamente se han pagado Q408 mil 700.
Hasta el 31 de octubre de este año, el monto por multas pendientes de pagar asciende a Q9 millones 374 mil 506.34, cantidad que incluye las sanciones de este año y años anteriores.
El abogado que más debe, de acuerdo a la información proporcionada, suma una multa de Q102 mil 050, la cual se acumuló desde 2006. En tanto, seis abogados adeudan sumas mayores a Q50 mil.
La ley no establece ningún tipo de plazo a los abogados para que estos paguen las multas cuando presentan un amparo declarado improcedente.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, reconoce que las medidas sancionatorias de parte de las instituciones públicas son insuficientes y agrega que existe falta de voluntad de parte de los operadores de justicia para frenar el litigio malicioso, ya que deberían ser los mismos jueces quienes deberían declarar improcedentes los amparos cuando estos no tienen razón de ser.
“Son los jueces los que tienen que frenar las diferentes formas de búsqueda de impunidad, en la medida en que ellos se presten al litigio malicioso vamos a seguir teniendo impunidad. Ahora se sienten vigilados y por eso están asumiendo otro tipo de actitudes”, asegura Ibarra.
A esta opinión se adhiere Pérez, quien agrega: “cuando hablamos de litigio malicioso hay una especie de complicidad del sistema judicial. El abogado litigante hace un planteamiento en sus acciones, pero hay que recordar que el que decide si se le da trámite o no es el juez. Si él ve que lo que se plantea no tiene ni pies ni cabeza, pero le da trámite, entorpece el proceso”.
“UN INVENTO ESTÚPIDO Y PERVERSO”
Entre los abogados reconocidos como “litigantes maliciosos” se encuentra Francisco García Gudiel, quien es señalado en el caso por genocidio de utilizar una estrategia de defensa maliciosa para retrasar el proceso, logrando, finalmente, la anulación de la sentencia en contra de Ríos Montt.
García Gudiel niega que el litigio malicioso exista en el sistema de justicia guatemalteco y lo califica como un invento “estúpido y perverso” de las agrupaciones de derechos humanos.
“Quien hable de litigio malicioso no conoce la ley. Es un invento perverso y estúpido que han sacado las agrupaciones de derechos humanos para decir que los litigantes utilizan el litigio malicioso cuando interponen todos los recursos que la ley les establece. Un litigio malicioso es realmente obrar de mala fe, pero ejercer los derechos que la ley le da a una persona no es litigar de manera maliciosa. Eso no existe, yo le regalo un millón de quetzales al que me saque en qué parte de la ley existe el litigio malicioso”, señala el abogado.
Asimismo, señala que él nunca ha procurado retrasar los procesos, ya que los clientes “también sufren las ingratitudes del proceso penal porque la mayoría de veces están detenidos y el proceso se estanca, pero es en aras de depurarlo y de hacer algo para que se cumpla con el debido proceso”.
García Gudiel reconoce que en los 18 años que tiene de litigar, ha sido multado unas 15 veces por la CC por presentar amparos declarados improcedentes.
REPASO HISTÓRICO
El tema del litigio malicioso empezó a ser denunciado en Guatemala en la década de los 90, con el caso de la ejecución extrajudicial de la antropóloga Myrna Mack. En esa ocasión, cuenta Ibarra, quien fue testigo de los hechos, se realizaron estudios y se logró detectar una estrategia de colocar amparos y recursos judiciales que causaban la obstrucción del proceso con el fin de liberar de cualquier acusación penal a los sindicados.
En un inicio, según la académica, la creación de la Ley de Amparo obedecía a que Guatemala se encontraba en medio de un Conflicto Armado Interno y en medio de la confrontación ideológica, como lo establece la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, y el sistema de justicia no solo toleraba la impunidad, sino que la propiciaba por medio de resoluciones en la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, que beneficiaban a personajes con poder.
Posterior a los casos de justicia transicional, la estrategia del litigio malicioso siguió como una tendencia continuada que se empezó a aplicar también en casos de corrupción de alto impacto.
CASOS POR CORRUPCIÓN
Entre estos casos se encuentran, por ejemplo, La Línea, el cual fue develado el 16 de abril de 2015 y aún no llega a etapa intermedia. Dicha audiencia estaba programada para el diez de octubre, no obstante, por inasistencia del abogado del expresidente Otto Pérez Molina, la diligencia se suspendió y aún no tiene una nueva fecha para su celebración.
En un proceso ideal, desde que se giran las órdenes de captura hasta que se dicta una sentencia, los casos no deberían de durar más de un año en los juzgados y tribunales.
Sobre el retraso de los casos de alto impacto que investiga el MP y la CICIG, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, reconoce que esto ha sucedido por apelaciones y excusas presentadas por abogados defensores.
Ante esta situación, Ibarra considera que, de parte de los funcionarios y demás personas vinculadas a casos de corrupción, podría existir un interés en postergar los procesos hasta que haya un cambio en el sistema que facilite un posible escape de las acusaciones, como, por ejemplo, una eventual salida de la CICIG o del embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, así como de cualquier sector que demande lucha contra la corrupción.
“Están esperando –los acusados– que los diferentes sectores que apoyan esa lucha contra la impunidad y contra la corrupción bajen la guardia, están esperando una nueva correlación de puestos, como hubo en el Congreso de la República, porque entonces podría pasar una ley o amnistía o reformas a las leyes que podrían favorecerlos eventualmente. También esperan que haya alguien amigable en la CSJ”, apunta la académica.
Esta opinión también la comparte Helen Mack, representante de la Fundación Myrna Mack, quien afirma que, en el caso Cooptación del Estado, los sindicados procuran un retraso de dos años, hasta la salida de la CICIG, para lograr su impunidad. Mientras tanto, dice, presentarán recusaciones y apelaciones que no tienen ningún sentido, pero que irán retrasando el proceso.
LA RESPONSABILIDAD DE LA ACADEMIA
Tanto Mack como Ibarra señalan como una consecuencia del litigio malicioso la mora judicial del sistema de justicia.
Las expertas consideran que la responsabilidad la tiene, en gran parte, la academia, que ha visto con desdén las clases de ética profesional en las aulas universitarias.
Pérez, por su parte, señala que no hay una adecuada formación en cuanto a principios y valores en el ejercicio de la profesión.
De cualquier manera, la Ley de Amparo podrá reformarse, tal como lo proponen algunos sectores, no obstante, el problema tiene una dimensión más grande, pues se trata de una crisis en cuanto a los valores que rigen la profesión, concuerdan los consultados.
EN CIFRAS
1 mil 54 amparos se han presentado en la CC*.
Q2 millones 416 mil 207 ha cobrado la CC por amparos frívolos*.
Q9 millones 374 mil 506.34 cobrados por multas no han sido pagados**.
Q102 mil 050 debe un solo abogado desde 2006.
6 abogados adeudan sumas mayores a Q50 mil.
*Entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 2016.
**Deuda arrastrada de años anteriores hasta el 31 de octubre de 2016.
