POR KIMBERLY LÓPEZ
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Recientemente se conoció el dictamen de la Comisión de Finanzas en relación al presupuesto 2017. Los diputados plantearon un techo presupuestario de 76.9 millardos de quetzales, una reducción de 2,840 millones a la propuesta de presupuesto presentada por el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, la decisión final aún puede discutirse y negociarse, aunque no precisamente priorizando los intereses de la población en materia de salud, educación o justicia, sino por acuerdos perversos para favorecer beneficios particulares, según explican analistas.
Según el politólogo Renzo Rosal, es claro que desde hace al menos dos décadas la naturaleza central del proyecto de presupuesto perdió su sentido, que no es solo aprobar el presupuesto de cada año sino aprobar lo que podría ser el eje central de las políticas públicas.
«Eso se ha perdido, se ha desnaturalizado porque se convirtió en un proyecto político para hacer un gran pulso entre fuerzas grandes en el Congreso, se tomó distancia del reparto de recursos hacia áreas centrales o de mayor necesidad y al desvirtuarse se convirtió en un elemento de otorgar recursos para beneficiar a ciertos sectores y convertirlo en un instrumento de negociación perversa», lamenta Rosal.
En esas negociaciones, explica, la peor parte la tiene la población pues uno de los principales efectos es que se posterga la pobreza y la posibilidad de que el presupuesto ayude, sino a solucionar totalmente, al menos a paliar las problemáticas.
«Además de la pobreza hay otras capas de incentivos y esos son los que el presupuesto prioriza y deja de último o fuera el tema central, que es cómo el presupuesto debe contribuir a solucionar las grandes necesidades del país», lamenta.
Por aparte, el analista político Christians Castillo recuerda que en teoría el presupuesto debería ser un instrumento de desarrollo económico, con lo que los recursos del Estado deberían tener un destino que genere desarrollo y la mejor inversión del Estado debería dirigirse a la población.
«Desafortunadamente el presupuesto tiene la utilidad de construir correlaciones políticas y entonces es usado principalmente en su componente de infraestructura para generar dádivas a diputados de la provincia, esto no escapa al presupuesto 2017 y el mayor riesgo es que se continúe con esa lógica perversa para lograr apoyos políticos”, apunta Castillo.
Con todo esto, asegura el analista, «pierde la población” pues por un lado deja atrás la opción de tener un presupuesto que atienda las necesidades de salud, educación, seguridad, infraestructura, vivienda y apoyo mediante programas sociales pero, además, “pierde el país por no lograr desmontar esas prácticas clientelares y corruptas».
