POR REDACCIÓN LA HORA
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Lo que «Sammy» Morales es para el Organismo Ejecutivo y lo que Herberth Armando Melgar Padilla es para el Congreso, lo es Blanca Stalling en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por ello es que se confirma que las estructuras oscuras aún persisten en la política nacional. Para sobrevivir, claro está, requieren de vínculos con la administración pública, vínculos que para ser eficientes necesitan de una cuota de poder significativo dentro de las instituciones. La magistrada de la Cámara Civil, Blanca Stalling, tiene las características de ser el enlace perfecto, señalan analistas.
Dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada vocal séptima tiene poder y afuera de ella, mantiene vínculos con personajes envueltos en casos de corrupción. Los dos hechos la comprometen, indican los entrevistados.
Una muestra del poder que aún conserva Stalling, a pesar de los diversos señalamientos en su contra, es que la candidata de su preferencia, Silvia Patricia Valdés Quezada, fue electa como presidenta de la CSJ.
El hecho de que la candidata propuesta por Stalling ganara la elección a la Presidencia, según observadores del sistema de justicia, demuestra la influencia que ostenta la magistrada dentro del más alto órgano de justicia en el país. Esto, a su vez, puede interpretarse de varias maneras.
NO ESCONDE SU INFLUENCIA
Mynor Alonzo, integrante del colectivo Usac es Pueblo, afirma que el hecho de que los magistrados y magistradas de la CSJ se decantaran por la candidata propuesta por Stalling, en las recientes elecciones, demuestra que ella tiene bastante influencia, y a partir de ahí deben analizarse los hechos.
Alonzo dice reconocer a la CSJ como un ente bastante político. Por lo tanto, considera que no hay nada de extraño en que alguien goce de cierto poder operativo dentro de esa dependencia; sin embargo, dice, es necesario ver cuáles son los intereses que mantienen este tipo de actores.
«Definitivamente, si existe esa capacidad de influencia -por parte de Stalling-, hay que preguntarse con base en qué se tiene, ¿a componendas? ¿a negociaciones previas? Habría que ver dónde radica el poder o influencia que tiene esta persona, porque si simple o sencillamente radica en que está vinculada con personas que han ostentado cúpulas de poder durante los últimos años y que ahora necesitan cubrir sus fechorías, entonces ahí sí hay un problema bastante grave», advierte Alonzo.
En ese contexto es importante recordar que Blanca Stalling fue por muchos años Directora del Instituto de la Defensa Pública Penal y hasta el momento es incierta la cantidad de exmiembros de la defensoría pública que ahora son magistrados de las diversas salas.
«Al haber sido jefa de tanto abogado, sin duda alguna, ella tiene muchísimas influencias en personas que ocupan puestos clave y que le son leales por haberles dado la oportunidad de haber sido parte de la defensoría», dijo una fuente que pidió no ser citada.
VÍNCULOS CON PERSONAJES CUESTIONADOS
Stalling mantiene lazos de parentesco con varios personajes que se encuentran procesados por casos de corrupción.
Su propio hijo, Otto Fernando Molina Stalling, es acusado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de participar activamente en la negociación de un contrato anómalo entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la droguería Pisa, para que esta brindara un servicio de diálisis peritoneal a pacientes con insuficiencia renal.
También su cuñada, Marta Sierra de Stalling, quien fungió como jueza Octava de Primera Instancia Penal, fue ligada a proceso por el Juzgado Undécimo Penal por los delitos de prevaricato y cohecho pasivo. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la señala de favorecer a tres presuntos cabecillas de la estructura de defraudación aduanera «La Línea» con medidas sustitutivas, todo a cambio de sobornos.
Además, la magistrada también ha sido relacionada con el expresidente de la Junta Directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien se presume fue operador del Grupo del Ejecutivo en las últimas elecciones de magistrados de la CSJ y Cortes de Apelaciones.
No obstante, no sólo sus parentescos y vínculos con personajes cuestionados es lo que compromete a Stalling, su nombre también fue mencionado en una conversación entre Luis Mendizábal, prófugo por el Caso La Línea, y Javier Ortiz, alias «el Teniente Jerez», procesado por esa misma investigación.
En la llamada telefónica intervenida por la Fiscalía, Mendizábal le dice a Ortiz, en relación a las capturas del 16 de abril, fecha en que se da a conocer las investigaciones relacionadas a «La Línea»: «Nosotros aquí estamos al pie del cañón, no te estamos abandonando en absoluto, vos sabés. Blanca Stalling es la que está detrás y ellos (los abogados) tienen muy buena comunicación, estamos en esa».
CONSECUENCIAS
Las razones de por qué magistrados tan cuestionados como Stalling han logrado alcanzar significativas cuotas de poder tiene su origen en el sistema de elecciones de postulación, apuntan los analistas.
Álvaro Montenegro, representante del colectivo Justicia Ya, hace referencia a las anomalías en las que fueron electas las autoridades de justicia.
«Hay que recordar que toda esta Corte tuvo una elección anómala, por todo lo que Claudia Escobar -exmagistrada de la Sala Quinta de Apelaciones- denunció en 2014. Por lo tanto, seguro que muchos tienen intereses con personas ligadas a personas del Partido Patriota y Lider que están en procesos judiciales».
Y agrega que «la presencia de Stalling podría favorecer a sectores que han tenido mucho poder en el pasado».
El poder e influencia del que Stalling y otros operadores cuestionados aún gozan le genera a la CSJ un costo de credibilidad frente a la población, asegura Alonzo.
«Creo que la principal consecuencia, y la que más me duele en lo personal, es el desgaste que se genera en la institucionalidad. Porque el hecho de que una persona sea cercana a individuos con tachas, inclusive con parentesco familiar, hace que se desgaste la institución», dice.
A pesar de los señalamientos, el MP no ha confirmado que exista un expediente judicial en contra de la magistrada; sin embargo, ésto no es garantía de la honorabilidad de una persona, coinciden miembros de la sociedad civil.
«La honorabilidad no significa únicamente no tener un expediente abierto, sino que sean personas intachables y las mejores para garantizar la independencia judicial, con trayectoria proba», apunta Montenegro.
El poder de Stalling, además, es una prueba de que no se está protegiendo a las instituciones públicas del desgaste que generan personas vinculadas a casos de corrupción, dice Alonzo.
Respecto a si la actual presidenta de la CSJ debería marcar una ruptura con Stalling, Alonzo expresa: «Yo pienso que sí, por respeto a la gobernabilidad y legitimidad que pueda tener la CSJ. Durante su año de presidenta debería no solo marcar una independencia de su voluntad por encima de intereses de la corrupción, sino también transparentar todas sus decisiones para poder mitigar y erradicar cualquier suposición que desgaste las instituciones».
Montenegro señala: «Vimos que ella -Stalling- se separó bastante tiempo de la magistratura. Nosotros como colectivo pedimos la renuncia de ella, así como de Charchal y Vladimir Aguilar. Las personas que lleguen a magistratura deben ser de reconocida honorabilidad y esto significa no solo no tener señalamientos, sino ser personas que han tenido trayectoria proba y de muchos logros a lo largo de toda la vida», puntualiza.
UN ENTE POLÍTICO
Lizandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), visualiza el Organismo Judicial como un terreno donde se enfrentan fuerzas políticas con intereses contrarios.
Acuña hace referencia a otras elecciones en las que contiendas entre los mismos magistrados de la CSJ, derivadas de asuntos políticos, han hecho que las elecciones a la más alta magistratura de ese Organismo superen las 40 sesiones y que se pasen más de un mes sin la dirección de la Presidencia.
El analista asegura que en este tipo de procesos aún existen operadores y funcionarios públicos con intereses políticos que mantienen su influencia y control en nombramientos. «El peor error que puede cometer un funcionario público es responder a intereses políticos o espurios debajo de la mesa», señala.
La participación de este tipo de operadores oscuros, según Montenegro, es riesgosa para la imparcialidad de la justicia, ya que podría provocar desconfianza en todos los jueces independientes hacia sus autoridades.
«Su presencia ahí -la de operadores cuestionados-, puede atemorizar a los jueces y perjudicar su independencia», señala.
TENGO PODER Y QUÉ
Una fuente consultada y que pidió no ser citada, dice que el mensaje que mandó Stalling en la última elección en la CSJ es muy serio:
«Cuando alguien tan cuestionado como ella, pone su carta sobre la mesa y lo hace de forma pública asegurándose que su elegida resulte electa, está diciendo a toda Guatemala: tengo poder, mírenme, que no se les olvide que a pesar de todo sigue teniendo mucha influencia y es hasta un mensaje para sus enemigos y un reto para las autoridades», concluyó.
