Por Joseline Ayala
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Después que el Ejecutivo presentara una iniciativa en el Congreso de la República para otorgar una concesión a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) por 21 años, la legisladora del bloque Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro dijo que a su criterio, el contrato debería realizarse a través de una licitación internacional.
Montenegro indicó que la bancada EG no se opone a revisar la propuesta presentada ayer por el Secretario General de la Presidencia, Carlos Martínez, pero que antes se debe estudiar cuáles son las cláusulas que deben modificarse.
Además, la diputada criticó la otorgación de únicamente 43 millones de dólares que han sido definidos para resarcir al Estado de Guatemala, después de que TCQ se viera involucrada en una red de corrupción liderada por el binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, calificándola de una “miseria”.
UNE: EJECUTIVO BUSCA EVADIR LEY DE CONTRATACIONES
Por su parte, el jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, señala que la iniciativa es un “chapuz” que solo busca evadir la Ley de Contrataciones. Es un “contrato lesivo, una monstruosidad jurídica”, expresó Blanco en una rueda de prensa.
Explicó que el funcionamiento y el contrato inicial de TCQ fueron producto de “negociaciones espurias de los gobiernos de turno”, además de acusar a la empresa de negligencia por promover y desarrollar el plan maestro de extensión de los servicios que genera el Puerto Quetzal, en el departamento de Escuintla.
“Nosotros seguimos creyendo que lo que se está queriendo hacer es evadir nuevamente la Ley de Compras y Contrataciones porque el artículo 95 prohíbe concesionar los servicios que prestan aquellas empresas que generan utilidades”, aseguró.
Agregó que con esta propuesta, el Ejecutivo estaría pidiéndole al pleno de diputados que aprueben una “ley que viole la ley” otorgándole la potestad a la Empresa Portuaria Quetzal para que firme un contrato con TCQ, pero no se adjunta el contrato para estudiar los detalles del mismo.
LA INICIATIVA
La propuesta argumenta que por razones de carácter de excepción la concesión debe otorgarse de manera directa para que TCQ preste servicios portuarios, además de condicionar que la empresa concesionada no podrá funcionar sin la asistencia técnica y financiera de la portuaria transnacional APM Terminals y previo al pago de los 32 millones 700 mil dólares que se deben dar en concepto solo de reparación al Estado guatemalteco.
Por otro lado, APM tendrá que invertir diez millones 500 mil dólares en concepto de responsabilidad social empresarial en Escuintla, a razón de 500 mil dólares anuales a partir de la suscripción del contrato, según el documento.
