POR KIMBERLY LÓPEZ
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La ley establece que el Congreso de la República debe aprobar el presupuesto del próximo año a más tardar el 30 de noviembre. Por lo tanto, resta un mes para que los diputados unifiquen criterios, evalúen la propuesta del Ejecutivo y aprueben el monto de recursos con los que dispondrá el Estado. Respecto a esto, analistas recomiendan al Congreso ser coherentes con la priorización de recursos y garantizar una fiscalización de la ejecución de recursos.
Diputados han discutido y analizado la propuesta de presupuesto 2017 que presentó el Ministerio de Finanzas, meses atrás. El planteamiento ha sido criticado y finalmente serán los diputados quienes lleguen a consensos en cuanto al monto del presupuesto, así como sobre las medidas de fiscalización, transparencia y control que podrían incluirse.
El analista de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Abelardo Medina, sugiere al Legislativo que no realicen recortes al monto total del presupuesto sino que se reasignen los recursos que no estén siendo bien utilizados.
Medina también considera importante que en la aprobación se identifiquen indicadores para evaluar los resultados de los gastos con un sistema de evaluación permanente que permita establecer un control sobre cómo se ejecutan los recursos.
La importancia del presupuesto radica en que es la herramienta fundamental para lograr los objetivos de gobierno, señala el analista Pedro Prado de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
Según Prado, aunque la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha dado muestras de un buen trabajo el monto estimado de ingresos es muy optimista y por ende pide la prudencia al Congreso de no tomar en cuenta una estimación elevada para aprobar el presupuesto.
Prado también se suma al comentario de priorizar para carteras como educación y salud, antes que destinar recursos a otras carteras o programas que no sean primordiales.
CORRUPCIÓN Y PACTOS
Recientemente organizaciones sociales manifestaron su preocupación por las alianzas opacas que han surgido dentro del Congreso debido a que una de las principales decisiones de este organismo es la definición del presupuesto para el Estado.
“Desde el Congreso se ha movido igualmente la corrupción que se ha enquistado en los Consejos de Desarrollo y las municipalidades, lo que impide mecanismos de auditoría y buenas prácticas que garanticen la buena y adecuada ejecución de los recursos”, manifestaron dichas organizaciones.
PROPUESTA
La propuesta del Ejecutivo es un techo de 79 mil 839 millones, es decir, un 12.7 por ciento más que el presupuesto anterior. Sobre este asunto el ministro de finanzas, Julio Héctor Estrada, se limitó a decir que según el planteamiento que el congreso haga, evaluarán el camino a tomar.
