POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Otto Fernando Molina Stalling, hijo de Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y otros sindicados en los casos IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula solicitaron al Tribunal Noveno de Sentencia Penal detener el juicio en su contra por distintas inconformidades con el proceso.
El primero en plantear un incidente para suspender el debate fue Molina Stalling, quien argumentó que está pendiente de resolverse una solicitud interpuesta por su defensa con el objetivo de que se revise la medida de prisión preventiva.
Según su abogado, las razones por las cuales el Ministerio Público solicitó la privación de libertad de su cliente ya cambiaron, por lo que procede la modificación de la medida.
Molina Stalling es procesado por tráfico de influencias, cobros ilegales y asociación ilícita.
Los abogados defensores de otros sindicados presentaron acciones de “prejudicialidad” al considerar que no le compete al Tribunal conocer el caso. Según argumentaron, los hechos que se juzgan corresponden a delitos de tipo administrativo, por lo que las diligencias deberían realizarse en una instancia judicial del ramo contencioso administrativo y no en uno relacionado a causas penales.
Hasta el cierre de esta edición, el Tribunal aún no había emitido una resolución al respecto.
ANTECEDENTES
Por este caso se encuentran procesados: el expresidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez; el directivo de la droguería Pisa, Édgar René de la Peña; así como personal médico y administrativo del Seguro Social.
Según la Fiscalía, durante la gestión de Rodríguez al frente del IGSS, se suscribió un contrato anómalo de Q16 millones entre dicha entidad y la droguería PISA, para que esta última proporcionara el servicio de diálisis peritoneal a los pacientes con insuficiencia renal, pese a que no contaba con los requisitos mínimos para hacerlo.
Esta anomalía administrativa derivó en la muerte de al menos 20 pacientes, según ha denunciado la Asociación de Pacientes de Diálisis Peritoneal.
Asimismo, cinco personas son acusadas de participar en un proceso irregular de adjudicación de un contrato para remodelar el edificio donde funcionaría el IGSS de Chiquimula. Por este caso se vincula al diputado Baudilio Hichos López, quien es considerado prófugo desde el pasado 13 de julio.
De acuerdo con la investigación, Francisco Cortez Bocaletti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS, gestionó junto con Hichos la manera irregular del contrato para readecuar dicho edificio vinculado con el parlamentario.
El edificio en mención se arrendó a la empresa Siboney, cuyo presidente de junta directiva es Hichos López. El fin era remodelarlo para lo cual se realizó proceso irregular de adjudicación y salió favorecida la empresa Negefi, S.A.
