POR MARIELA CASTAÑÓN
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La jueza de Control de Ejecución de Medida, Verónica Galicia, emplazó por tres meses, en su resolución, a la Secretaría de Bienestar Social (SBS) para ubicar a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal que no pertenecen a las pandillas y que se encuentran en un área del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones (Etapa II), debido a que consideró el cierre temporal de este lugar, por las condiciones “infrahumanas” en las que se encuentran los jóvenes.
Galicia detalla en su resolución que luego de un análisis realizado en este centro, considera que se deben tomar las medidas pertinentes que garanticen los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad.
El análisis explica que se verificó que algunos jóvenes no son inscritos en los ciclos lectivos que les corresponden en virtud de que han ingresado o son trasladados de centros de privación de libertad, fuera de las fechas establecidas por el Ministerio de Educación.
El documento agrega que por eso resuelve “el cierre temporal del área de los adolescentes que no pertenecen a grupos disociales o paisas del centro Etapa II, a efecto que la SBS proceda a efectuar en un plazo de un año los cambios estructurales que se adecuen a los requisitos mínimos. Se fija el plazo de tres meses a la SBS para la ubicación de los adolescentes en otro centro de privación de libertad que garantice una vida digna”.
En caso de que la SBS no cumpla con la resolución de la Jueza, se interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público (MP) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Hora buscó a la titular de la SBS, Mareny Mérida y al portavoz de esta institución, Andry Carías, pero ninguno de los dos atendió a este medio de comunicación.
En tanto un comunicado de esa institución explica con escasa claridad que deben establecer un lugar adecuado para el traslado de los adolescentes, pero esto “conlleva una serie de aspectos a considerar”.
LOS HALLAZGOS
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó un informe sobre la situación de los centros correccionales, en el cual destacó que existen “tratos crueles y degradantes”, para los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
Abner Paredes, defensor de la Juventud de la PDH, calificó las condiciones de los centros como “lamentables”, debido a que lograron determinar que no existen programas sistemáticos para la atención y reinserción de los adolescentes, y, las condiciones de los centros no permiten una reinserción adecuada.
Paredes detalló que los jóvenes no cuentan con actividades a realizar en su tiempo libre; esto puede durar entre 30 minutos y tres horas en una semana.
En otro tema, el entrevistado explicó que los jóvenes padecen de infecciones en la piel por la humedad y por picaduras de animales. En Etapa II no hay literas y todos los adolescentes duermen en el piso.
Asimismo, la PDH informó que los jóvenes tienen enfermedades gastrointestinales por la alimentación que ingieren.
En tanto hay un hacinamiento del 96 por ciento, ya que los centros tienen capacidad para 550 personas, pero en las visitas realizadas en julio pasado, se constató que habían 1 mil 77.
La oficina del PDH recomendó clausurar las bartolinas que tengan condiciones de calabazo, habilitar nuevos edificios principalmente para quienes no están condenados, asimismo, reiteró no mezclar a los jóvenes adultos con los menores de edad, entre otras.
