POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Los altos índices de criminalidad en el país colocan a los operadores de justicia en una situación de riesgo. Tanto jueces del Organismo Judicial (OJ) como fiscales del Ministerio Público (MP) denuncian que aunque hay avances en cuanto a las medidas de seguridad que reciben por parte del Estado, muchos grupos criminales que se encargan de sembrar zozobra aún permanecen en impunidad.
De acuerdo con estadísticas de la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia de la Fiscalía de Derechos Humanos, entre enero de 2015 y septiembre de 2016, se han presentado 32 denuncias por amenazas contra jueces y otras 40 contra Auxiliares Fiscales y Agentes Fiscales del MP. Ninguna de estas ha llegado a la fase de acusación.
VULNERABLES A LAS INTIMIDACIONES
Ericka Aifán, titular del Juzgado «D» de Mayor Riesgo, es una de las denunciantes que forma parte de las cifras.
Aifán señala que dada la gran cantidad de ocasiones en que ha sido amenazada por la labor que desempeña al frente de las judicaturas, ya no le es posible calcular una cifra exacta sobre cuántas denuncias ha interpuesto ante la Fiscalía. Sin embargo, lo que sí puede asegurar es que ni una sola ha prosperado en los juzgados.
Al ser interrogada sobre la naturaleza de estas denuncias, la jueza narra una ocasión en la que fue amenazada en su propio despacho por una mujer de origen salvadoreño. De forma personal, le advirtió que si no resolvía de cierta manera uno de sus familiares pagaría las consecuencias con su vida.
«Nosotros trabajamos con base al principio de la buena fe, entonces consideramos que las personas van a buscarnos para resolver algún problema. En ese caso era una mujer, entonces no había un presupuesto para pensar que ella iba a hacer lo que llegó a hacer», explica.
La amenaza ocurrió mientras ella se desempañaba como jueza de Primera Instancia en el departamento de Jutiapa.
Otra jueza que también ha recibido amenazas, pero que pidió no ser citada por motivos de seguridad, afirma que son los jueces de Primera Instancia Penal los que están más propensos a recibir intimidaciones por parte de grupos interesados en los procesos que conocen.
La togada también denunció amenazas mientras fungía como jueza en Guastatoya, El Progreso. Según cuenta, individuos desconocidos la intimidaban por vía telefónica para que saliera del lugar.
Para los fiscales, la situación tampoco es alentadora. La propia fiscal general, Thelma Aldana, ha denunciado amenazas en las últimas semanas. Según ha declarado a medios de comunicación, hay organizaciones criminales que planean un atentado en su contra y «exigen que se concrete ya».
No obstante, según Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), los fiscales que litigan los casos en los Tribunales son el sector más expuesto, «ya que son ellos quienes conocen los expedientes, hacen las acusaciones y tienen contacto directo con los acusados».
Emma Flores, titular de la Fiscalía contra el delito de Extorsión, asegura que el cargo de fiscal implica riesgos por la persecución penal en contra de organizaciones criminales, algunas de las cuales se caracterizan por ser violentas.
Nancy Aguilar, de la misma sección del MP, afirma: «somos nosotros quienes venimos al proceso. Se nos expone con nombres completos. Físicamente, tenemos un contacto directo con personas que es posible están siendo ligadas a proceso, o ya en un debate, o que son acusadas para obtener sentencia».
AMENAZAS QUEDAN IMPUNES
El portavoz del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Coleville, afirmó en el marco la presentación de las reformas constitucionales en el Congreso de la República, que «es crucial asegurar que las autoridades del sistema de justicia puedan llevar a cabo su trabajo en un entorno seguro», ya que de lo contrario ve afectada la independencia judicial.
Agregó: «Estos hechos tienen lugar en un contexto más amplio de amenazas contra autoridades del sistema de justicia, así como de ataques hacia defensoras y defensores de derechos humanos, que incluyen intentos por desacreditar su labor. Esto parece estar dirigido particularmente hacia quienes luchan contra la impunidad».
Mario Taracena, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, afirma que en la mayoría de estos casos no existe un seguimiento que permita dar con los responsables de las amenazas, lo que a su criterio significa que el Estado da la debida atención al problema de seguridad de los operadores de justicia.
«Si el Estado tuviese la preocupación, el Congreso asignaría los recursos respectivos y el Ejecutivo, a través del Mingob- Ministerio de Gobernación-, proporcionaría insumos personales. Es una responsabilidad compartida del Estado», sostiene.
Asimismo, Taracena considera que los riesgos se agudizan para los jueces de Primera Instancia Penal que laboran en los municipios más alejados de las cabeceras, donde no hay presencia de parte de la PNC.
«Es mucho más complicado por el mismo sistema frágil del Estado. No hay sede de reacción inmediata en cada lugar. Entonces tienen que esperar a que se desplace la seguridad hasta donde ellos están».
Taracena explica que, al momento de realizar la solicitud de seguridad, muchos juzgadores tienen que esperar que esta se desplace desde la cabecera departamental hasta el municipio, o en el peor de los casos, desde la capital al distrito donde se encuentran.
Las juezas entrevistadas también aseguran que las investigaciones por parte del MP para condenar a los responsables de intimidar la labor de los operadores de justicia no ha sido efectiva, pues de múltiples denuncias que han interpuesto, hasta la fecha, no se ha logrado una sola sentencia.
Aifán relata que cuando fue amenazada en su despacho sacó una fotocopia del documento de identificación de la persona que la amenazó y presentó la denuncia ante el MP; no obstante, el expediente judicial de la denuncia fue asignado al mismo juzgado que ella dirigía, por lo que presentó una excusa para que una Sala de Apelaciones lo trasladara a otro lugar, pero esta denegó la petición argumentando que no existía ningún requerimiento en el expediente aún.
Agrega: «El problema era que estaba siendo juez y parte. El Ministerio Público debió de haber realizado alguna acción». El caso, hasta la fecha, aún permanece en impunidad.
Según la jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, Hilda Pineda, una de las mayores dificultades para dar seguimiento a las denuncias por amenazas radica en que la mayoría de estas se realiza vía telefónica.
«La mayor dificultad se presenta porque los teléfonos que son utilizados para la amenaza son prepago; al realizar la investigación se establece que fueron desactivados, imposibilitando líneas de investigación», explica Pineda.
La fiscal sostiene que las amenazas provienen de grupos interesados en los casos que conocen los jueces en las judicaturas.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
De acuerdo con el Mingob, en la actualidad, 36 jueces cuentan con seguridad personal, mientras que en lo que va de este año se han presentado 20 solicitudes de protección que aún se encuentran en análisis.
Asimismo, un total de 16 fiscales han recibido protección por parte de la Policía Nacional Civil.
En septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia instruyó la creación de la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial (DSI), que sustituirá a la Dirección de Seguridad Institucional, creada en el 2012.
Según el portavoz del OJ, Ángel Pineda, la DSI fue modificada con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia. «Con ellos se hizo un análisis de la Dirección de Seguridad y se fortaleció con la experiencia que ellos tienen de protección a juzgadores», explica.
Pineda afirma que el precario presupuesto del organismo tuvo consecuencias sobre el fortalecimiento a las medidas de seguridad; sin embargo, ahora, cualquier juzgador o magistrado puede requerir seguridad y la Unidad de Análisis se encargará de realizar una evaluación del entorno y los riesgos con respecto a los casos a su cargo.
En tanto, Julia Barrera, vocera del MP, señaló que dicha institución también cuenta con una dirección de seguridad que, basándose en análisis de riesgos, otorga seguridad a sus colaboradores; sin embargo, por motivos de reserva, no es posible dar más detalles acerca de las medidas de protección.
