Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
La Ley de Probidad tiene como objetivo crear las normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración, no obstante los últimos casos de corrupción han demostrado que los funcionarios siempre han buscado la manera de ocultar recursos, bienes y fondos obtenidos de manera ilícita, en tanto expertos aseguran que se trata de un tema de compromiso de transparencia con la ciudadanía e insisten en la reforma de la normativa.
La reciente acción de Juan Francisco Solórzano Foppa, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de los intendentes, quienes hicieron públicas sus declaraciones de estado patrimonial, fue calificada de positiva por varios sectores. El hecho trae a debate la necesidad de que las declaraciones de los funcionarios sean públicas y que no se limiten a ser presentadas ante la Contraloría, como establece la ley.
La Ley de Probidad establece mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y empleados públicos durante el ejercicio de sus cargos y se utiliza para prevenir el aprovechamiento personal de cualquier forma de enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del Estado.
No obstante, la falta de obligatoriedad en la ley de Probidad hace que funcionarios se amparen en la misma normativa para evadir su responsabilidad ante la ciudadanía de presentar públicamente sus declaraciones patrimoniales, bajo el argumento de que el revelar información puede ponerlos en peligro.
BALDETTI Y PÉREZ, UN EJEMPLO DE OPACIDAD
En marzo de 2014, cuando la exvicepresidenta Roxana Baldetti no estaba vinculada a ningún caso de corrupción, dijo a periodistas que había ampliado su patrimonio razón por la que amplió su declaración jurada patrimonial ante la Contraloría General de Cuentas (CGC)
En esa ocasión Baldetti aseguró a que había entregado más de dos constancias de su ampliación patrimonial a la CGC y dijo que tenía diez años de realizar dicho reporte; ocho de diputada y dos de vicepresidenta.
“La ley me obliga a que algo mayor de Q50 mil, yo lo tengo que reportar, he reportado absolutamente todo y también mis deudas”, dijo la exvicemandataria en aquella ocasión.
Además, aseguró cumplir con la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, pues todo lo que se ha ido ampliando lo notificó a la entidad que corresponde, que es la Contraloría, señaló.
Al ser cuestionada sobre cuántas ampliaciones había reportado, Baldetti apuntó que no lo recordaba “pero casi seguro le podría decir que es una por año”. La entonces funcionaria dijo no tener en mente a cuanto ascendían las mismas.
Por otro lado, Baldetti aseguró que el puesto de vicepresidenta no le había servido para aumentar sus negocios ni su capital. “No tiene que ver con mi relación de vicepresidenta, ni de diputada, tiene que ver con mi relación de comerciante”, indicó.
Agregó que los negocios a los que se había referido con anterioridad los tenía antes de llegar a ser vicemandataria y los mismos se encontraban en su declaración de probidad.
Mientras que el expresidente Otto Pérez Molina indicó que a principios de 2014 también procedió a presentar su actualización de la declaración patrimonial e informó que en las dos actualizaciones que presentó también incluyó “algunas ampliaciones”.
Pérez Molina insistió en que era una actualización del patrimonio más que una ampliación al capital que como funcionarios deben declarar.
En aquella ocasión Nora Segura, quien figuraba al frente de la Contraloría, dijo que según registros de esa institución, Baldetti había presentado su declaración de probidad durante sus funciones como diputada y que realizó al menos seis actualizaciones.
Previo a asegurar que su patrimonio había aumentado, la entonces exvicepresidenta dijo en declaraciones a una radio local que “todo mundo cree que solo tengo salones (…) Bueno, sí tengo salones, sí tengo productos de belleza, sí hago productos de belleza, pero esa es una de las empresas que tengo”.
Baldetti dijo que en el interior del país se había dedicado a hacer “condominios; nos ha ido muy bien realmente, hemos vendido varias colonias en el interior de la República, después nos metimos en la misma área departamental a hacer centros comerciales donde gracias a Dios tengo la ventaja de tener algunos cines y eso de alguna manera se vuelve el atractivo del centro comercial”.
LAS DECLARACIONES DE JIMMY MORALES Y JAFETH CABRERA
En tanto en febrero pasado el presidente Jimmy Morales presentó su declaración jurada patrimonial ante la Contraloría General de Cuentas (CGC), y expresó que la misma ascendía a Q8, 464,490 millones.
Según la declaración presentada, su estado patrimonial y personal era Q4 millones 624 mil mientras que Q3 millones 840 mil pertenecían a sus empresas.
En una breve conferencia de prensa el mandatario solo brindó cifras pero no dio mayores detalles. Morales indicó que se contrató una firma internacional para hacer una estimación de sus activos empresariales. Luego de dar esos datos a la prensa, el presidente se marchó sin dar más detalles.
Mientras el vicepresidente Jafeth Cabrera declaró ante la CGC que su patrimonio ascendía a Q8 millones, al mismo tiempo indicó que sus bienes comprenden los comunales con su esposa, entre los que se cuentan casas, bienes de biblioteca y algunos vehículos e indicó que son generalidades y que no podía dar el desglose de los mismos.
“Ustedes lo pueden ver de manera general, que es el término que nosotros consideramos que deben de saber y la población debe saber con cuanto estamos ingresando y con cuanto vamos a salir del puesto que estamos ocupando”, señaló el vicemandatario.
No obstante, hace algunos días cuando surgieron dudas en torno a la casa que alquila el vicepresidente Jafeth Cabrera, aunque mostró documentos relacionados al inmueble, justificó sus evasivas diciendo que era “una situación privada en donde no podía exponer al propietario de esta vivienda”.
En tanto otros funcionarios, han omitido declarar de manera pública ante la población, sus bienes como en el caso del alcalde de Guatemala Álvaro Arzú, y a ésta lista se suman otros que amparándose en la Ley han procedido de esta manera.
CASO SAT: LA TRANSPARENCIA COMO EJE FUNDAMENTAL
Recientemente el titular y superintendentes de la SAT dieron una demostración de voluntad para impulsar políticas de transparencia en la institución.
El superintendente de esa institución, Juan Francisco Solórzano Foppa, hizo pública su declaración patrimonial junto a los intendentes, con el objetivo de fortalecer las acciones de transparencia, que asegura han sido fundamentales en su administración.
El titular de la SAT dijo en aquella ocasión que la transparencia es un eje fundamental de su gestión y como prueba de ello siempre han tratado de mantenerse abiertos a proporcionar la información que medios de comunicación y solicitantes les han requerido.
Según manifestó el funcionario, una idea fundamental al haber presentado sus estados patrimoniales es que inclusive al momento de que dejen sus puestos puedan hacer el mismo ejercicio.
En su declaración, oral y escrita, Solórzano Foppa detalló que posee Q940 mil en cuentas monetarias, dos vehículos y una vivienda en la zona 16 además del menaje de casa.
A su declaración también se unió el resto de intendentes, Abel Cruz, de Recaudación y Riesgo, explicó que en bancos tiene un total de Q88 mil 680, dos vehículos y viviendas, así como un perro y tres tortugas, entre otros detalles.
Mientras que Werner Ovalle, intendente de Aduanas, aseveró que en cuentas monetarias posee Q209,752.43, electrodomésticos, dos vehículos, una biblioteca con unos 115 libros, una vivienda y dos lotes, además de una cuenta de ahorro a plazo fijo.
Adrián Zapata, intendente de Asuntos Jurídicos, dijo poseer Q143, 842.31 en depósitos monetarios, un vehículo y una acción por Q512, 820, además de un apartamento con tres estacionamientos y bodega en zona 10 por un valor de Q853, 776.
Finalmente Leonel Villamar, Intendente de Fiscalización expresó que tiene una cuenta monetaria en quetzales por Q69,530 y otra en dólares por un valor $2,250.
Además la información que proporcionaron se compartió en la página web de la institución, para que quien desee pueda consultarla, aseguró el superintendente.
A decir del titular de la SAT este tema lo considera un compromiso personal y de equipo, “creo que es lo que exige la población de sus funcionarios y estamos en esa línea”.
Solórzano agregó que a este esfuerzo se suman otras acciones que son fundamentales como el de publicar todos los listados de créditos fiscales, que incluso esperan mejorar al incluir el detalle de las empresas que ya están en auditoría, pues es un tema que ha sido objeto de corrupción.
La acción efectuada representa una transparencia proactiva, es decir tipificada en la Ley de Acceso a la Información Pública y que no violenta ninguna norma de la Ley de Probidad que en el artículo 21 establece la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales ante terceros para proteger derechos como la intimidad.
Eso de ninguna forma prohíbe que los titulares de la información pongan a disposición del público su información si así lo desean, señala ese artículo.
UNA PROPUESTA PARA REFORMAR LA LEY
El pasado 29 de septiembre, el diputado Álvaro Velásquez, de Convergencia, entregó una propuesta de reforma al artículo 21 de la Ley de Probidad que busca que todos los funcionarios hagan pública su declaración jurada patrimonial y que se obligue a la Contraloría, a los Ministerios y a otras entidades a que publiquen y actualicen las mismas en su portal electrónico.
A decir de Velásquez, lo realizado por la SAT se considera como un ejemplo de transparencia y debería ser la actitud que todos los funcionarios deberían poseer.
Lo que estoy proponiendo es que todas las declaraciones patrimoniales sean públicas y que estén en línea en cualquiera de los portales de las entidades públicas, por ejemplo hoy en día dice que esas declaraciones son privadas y fue una reforma que metió el FRG en 2004, dijo.
El congresista considera que de esta manera se podría llegar a notar si existe un enriquecimiento ilícito, pues si se registra un incremento inusual se podría tomar como evidencia.
La excusa para no hacer público un estado patrimonial, según el entrevistado, radica en el argumento de que se usa para chantajes o extorsiones, la razón por la que pide su modificación es porque el ejercicio del poder se debe hacer público.
El diputado destaca que incluso se ha podido observar resistencia del presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera, en realizar este tipo de declaraciones.
Es saludable y de felicitar la acción de quienes están fiscalizando nuestros impuestos, pero de mi parte quiero que se haga eso una normativa de carácter general para cualquier funcionario, apuntó el diputado, quien adelantó que también hizo pública su declaración patrimonial.
CONTRALORÍA MOSTRÓ DEFICIENCIAS
Analistas consultados opinan que es importante una reforma en la Ley de Probidad a la vez que señalan deficiencias en el actuar de la Contraloría que, en el caso del expresidente Pérez y la exvicepresidenta Baldetti no actuó.
Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), señala que en el caso de los funcionarios es importante que no solo muestren la declaración inicial sino también la de cierre, porque tiene sentido cuando se contrasta con lo que puedan acumular como funcionarios públicos.
Castillo señaló que el papel de la CGC es importante porque es la entidad encargada de fiscalizar las declaraciones patrimoniales, por lo tanto los últimos casos de corrupción y el enriquecimiento registrado en los casos de corrupción señalan deficiencias de la institución.
Todos los funcionarios, tienen la obligación año con año, de actualizar su declaración patrimonial, si adquirimos bienes por arriba de Q50 mil o deudas. La Contraloría no actuó con los movimientos en las cuentas del Presidente y Vicepresidenta y los movimientos de sus adquisiciones superaban sus ingresos, destacó.
Luis Linares, de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (Asies), enfatizó que lo que se debe hacer con la declaración de probidad es que debe reformarse la Ley a fin de que estos documentos sean públicos.
“El problema que daban los del Patriota era que no la podían dar a conocer porque la Ley lo prohíbe, pero lo que prohíbe es que la Contraloría lo dé a conocer, pero no que lo haga el funcionario, lo que se debe hacer para evitar las discusiones es reformar la Ley para que sean públicas, porque se alegan razones de seguridad”, aseguró.
Al igual que Castillo del Ipnusac, Linares considera que la CGC debería lograr el control de las declaraciones, porque pareciera que no hace una revisión sistemática cuando el funcionario termina su período y de esa manera verificar si hubo o no enriquecimiento fuera de lo normal.
Otro de los aspectos que el analista señala, es que el número de declaraciones es excesivo y eso dificulta el trabajo de la institución, por lo que la solución debería enfocarse solo en aquellos funcionarios decisivos para que el número de fiscalizaciones sea manejable.
La Hora, intentó en repetidas ocasiones entrevistar al contralor Carlos Mencos para conocer su postura sobre este tema, no obstante hasta el cierre de edición de este reportaje no se había obtenido respuesta alguna.
Juan Francisco Solórzano Foppa
Superintendente
* Declaró Q940, 000 en cuentas monetarias y de ahorro.
* Q30 mil en menaje de casa.
* 2 vehículos que juntos tienen un valor de Q105 mil.
* Un inmueble en zona 16 por Q1, 285,310.
* Un préstamo hipotecario por Q1, 032,500.
* Además detalló que recibió como indemnización, Q700 mil de su trabajo en el MP.
Abel Francisco Cruz
Intendente de Recaudación
* Declaró Q88, 680 en cuentas monetarias y de ahorro.
* Q147, 780 en menaje de casa.
* 2 vehículos, con un valor de Q30 y Q45 mil respectivamente.
* Una biblioteca con un valor de Q12,500
* Dos casas en zonas 1 y 2, por un valor de Q244, 034.02
* Un perro y tres tortugas valorados en Q5 mil.
* Un fondo de pensiones por Q75 mil.
* Deuda bancaria por Q131 mil.
Adrián Zapata
Intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT
* Declaró Q143, 842.31 en cuentas monetarias.
* Un vehículo modelo 2007 por Q180 mil.
* Q10 mil en alhajas.
* Una biblioteca por Q5 mil.
* Un apartamento en zona 10 por Q853, 776.
* Una acción de una Sociedad Anónima por Q512, 820.
* Una deuda familiar por Q1, 252.800.
Leonel Villamar
Intendente de Fiscalización
* Declaró Q69, 530 en cuentas monetarias en quetzales y Q2, 250 en dólares.
* Q64 mil en menaje de casa.
* Dos vehículos uno por un valor de Q40 mil de su esposa y el otro por Q115 mil.
* Alhajas por Q6 mil.
* Un inmueble en Fraijanes por Q881, 157.
* En cuentas por pagar detalló deudas en tarjetas por Q401, 913.
Werner Ovalle
Intendente de Aduanas
* Declaró Q209, 752.43 en cuentas monetarias.
* Q75 mil en menaje de casa.
* Dos vehículos BMW valorados por Q155 mil.
* Q80 mil en joyas de oro, relojes.
* Una biblioteca con 115, libros, diccionarios, otros por Q15 mil.
* 2 lotes y un inmueble, valorados en Q628, 800.
* Una cuenta de ahorro a plazo fijo por Q141, 746.
* Un fondo de inversión por Q93, 419.15.
* Un préstamo por Q848, 216.60.
SEGÚN MP, PÉREZ MOLINA Y BALDETTI SE ENRIQUECIERON ILÍCITAMENTE
Estos son algunas de las excentricidades en las que incurrieron Pérez y Baldetti, según se dieron a conocer en los procesos en los que están vinculados. Esto pese a que ambos exfuncionarios señalaron en diversas oportunidades que ampliaron su declaración patrimonial a la Contraloría.
Propiedades, compras por miles de dólares en ropa y perfumes de reconocidos diseñadores en tiendas del extranjero, carros último modelo y tratamientos de belleza, así como una bandera para Casa de Dios con un valor cercano a un millón de quetzales, fueron algunos de los gastos que realizaron con el dinero obtenido de manera ilícita según la acusación del MP.
Según la FECI, Pérez Molina adquirió fincas en Santa Rosa y apartamentos en Torre Condesa de la zona 14, asimismo recurrió a préstamos del sistema financiero con préstamos del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) en donde lo obtenido de forma ilícita se utilizó para cubrir gastos personales en tarjetas de crédito, viajes, yates, lanchas, moto lanchas, motocicletas y vehículos de lujo.
Pérez además invirtió en viviendas residenciales, en apartamento y oficinas que utilizaba junto a la exvicepresidenta.
Entre 2013 a 2015, el exmandatario obtuvo un beneficio patrimonial, con un incremento de gastos y cancelaciones de deudas que no correspondían a lo que podía obtener como resultado del cargo que ocupaba, pues de su sueldo como mandatario por cuatro años devengó Q6,604,691.49 y lo registrado en sus cuentas personales ascendía a Q18 millones 604,606.84.
Dentro de los bienes adquiridos por Pérez Molina, se encontró un vehículo Jaguar por un costo de $60 mil dólares, al que luego se le realizó un blindaje y una motocicleta Ducati modelo 2014, por un precio de Q243, 348.
Además, las autoridades encontraron facturas por Q2, 451,289 que se pagaron para la remodelación de su casa ubicada en Vista Hermosa de la zona 15, entre otras excentricidades, donde destacan vehículos de lujo.
En el caso de Baldetti, según la acusación del MP, gastó miles de dólares en reconocidas marcas de diseñador incluyendo compras en tiendas exclusivas como Barneys New York, Bergdorf Goodman, Burberry, Alexander McQueen, Channel y Louboutin, entre otros.
Durante las audiencias, también se conoció que la exvicemandataria invirtió en un tratamiento de liposucción y un trasplante para cabello. Asimismo se conoció que llegó a cancelar en perfumerías un monto de Q130, 119 solo en fragancias.
Entre las evidencias de la Fiscalía se encuentra una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial, en la que se señala que los estados de cuenta de Baldetti superaron en creces los ingresos que pudo tener como funcionaria pública.
Al año 2015 la cuentas de la exvicepresidenta registraban créditos de Q48 millones 55 mil 164. 84 y débitos de Q48 millones 699 mil 386.47. Además se reportan créditos en dólares por US$606 mil 960.95 y débitos por US$607 mil 55. 96. La IVE también encontró pagos por notas de crédito superiores al nivel de ingresos de Baldetti.
También se encontró una factura por compra de un carro marca BMW valorado en Q228 mil y otra por la compra de un inmueble en Roatán, Honduras por al menos US$100 mil.
“El problema que daban los del Patriota era que no la podían dar a conocer porque la Ley lo prohíbe, pero lo que prohíbe es que la Contraloría lo dé a conocer, pero no que lo haga el funcionario, lo que se debe hacer para evitar las discusiones es reformar la Ley para que sean públicas, porque se alegan razones de seguridad”.
LUIS LINARES LÓPEZ –ASIES-“Todos los funcionarios, tienen la obligación año con año, de actualizar su declaración patrimonial, si adquirimos bienes por arriba de Q50 mil o deudas. La Contraloría no actuó con los movimientos en las cuentas del Presidente y Vicepresidenta y los movimientos de sus adquisiciones superaban sus ingresos”.
CHRISTIANS CASTILLO –IPNUSAC-
