POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La solicitud del Ministerio Público (MP) para investigar a Édgar Ovalle, diputado de la bancada FCN-Nación, por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, se entrampó por segunda ocasión debido a un amparo interpuesto por el parlamentario ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ovalle explicó que la acción pretende revocar la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de dar trámite al antejuicio en su contra.

Según dijo, dicha entidad no fundamentó su fallo. “Se pedía que se fundamentara en ley lo resuelto. En la resolución no vimos nosotros un fundamento profundo”, expresó.

La Sala Cuarta de Apelaciones, que estaba a cargo de realizar las diligencias de antejuicio, informó que aún no ha remitido el expediente del caso a la CC para el análisis del amparo.

Y en tanto el tribunal constitucional no dé resolución a la acción del diputado, no se podrá continuar con las pesquisas.

Ovalle negó que se tratara de una estrategia para entrampar el proceso. “El amparo es un procedimiento legal al que tenemos derecho todos los guatemaltecos”, aseguró.

DIEZ MESES DE TRÁMITE

El pasado 6 de enero la Fiscalía de Derechos Humanos presentó una solicitud de antejuicio contra Ovalle por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad; sin embargo, en aquella ocasión, los magistrados de la CSJ rechazaron la petición in límine (sin conocer) al considerar que se basaba en hechos espurios.

La decisión de los magistrados fue impugnada por la Fiscalía ante la CC el 3 de febrero, y no fue sino hasta seis meses después, el 18 de agosto, que el tribunal constitucional ordenó a la CSJ emitir una nueva resolución debidamente fundamentada.

Luego de la intervención de la CC, los magistrados de la CSJ resolvieron dar trámite al antejuicio contra el diputado oficialista.

Las pesquisas para determinar si es o no recomendable retirar la inmunidad al parlamentario quedaron a cargo de la magistrada de la Sala Cuarta, Benicia Contreras, no obstante, el proceso se encuentra entrampado hasta que se resuelva el amparo.

LA INVESTIGACIÓN

A partir de 14 exhumaciones realizadas por la Fundación de Antropología Forense en el recinto militar número 21, del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (Creompaz), fueron localizadas 558 osamentas humanas, entre las cuales se encontraban 90 menores de edad, 443 adultos, tres adultos de la tercera edad y 22 sin determinar.

De acuerdo al MP, al momento en que estas personas fueron desaparecidas, en 1983, Ovalle Maldonado desempañaba un rango militar.

Por esta razón, el MP considera que Ovalle podría haber incurrido en desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de la humanidad.

Por este caso, ocho militares, entre quienes se encuentra el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, fueron enviados a juicio por el Juzgado A de Mayor Riesgo.

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