POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
Más de 30 años ha tomado la discusión sobre la necesidad de una ley de aguas y ha dejado más de 10 iniciativas engavetadas en el Congreso de la República, sin que ninguna de ellas haya prosperado hasta ahora. La última propuesta fue presentada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), pero a juzgar por las reacciones de diferentes sectores interesados en el tema, la iniciativa será un nuevo intento fallido.
El viernes pasado una sustancia hasta ahora desconocida hizo que las aguas del río Salamá se tornaran de color rojizo, para sorpresa de los vecinos de la aldea Santa María de Jesús, en el municipio de Quetzaltenango.
El río recorre desde Quetzaltenango hasta Retalhuleu y, a su paso por Zunil, llamó la atención de las personas que habitan en los alrededores. Su sorpresa los llevó a alertar sobre este caso a las autoridades del Ministerio de Ambiente.
Tanto el MARN como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) llegaron al lugar para inspeccionar el área y determinar de dónde surgió el contaminante, que incluso antes del evento ya era uno de los más sucios.
Este tipo de casos ya no es extraño en un país donde el 90 por ciento de las aguas superficiales están contaminadas, según la cartera de Ambiente.
El año pasado la flora y fauna acuática del río La Pasión sucumbió ante la supuesta contaminación por una sustancia y, aunque a la fecha no se han deducido responsabilidades, las dudas persisten y el proceso judicial está estancado por acciones legales.
El problema del agua no termina ahí: en abril de este año decenas de comunidades de todo el país marcharon hacia la capital para denunciar el desvío, secuestro, sobreexplotación y contaminación de fuentes de agua.
Pese a que esta situación evidencia la importancia de una ley de aguas, los diferentes sectores interesados en el desarrollo de una normativa que regule el acceso, uso, manejo y aprovechamiento del recurso no se han logrado poner de acuerdo en 30 años, y parece que la propuesta reciente del Ejecutivo tampoco logrará el consenso necesario.
LA PROPUESTA MÁS RECIENTE, ¿QUÉ CONTEMPLA?
El 20 de septiembre el ministro Sydney Samuels presentó al Congreso la iniciativa de ley de aguas y aseguró que se formó a partir del consenso con diferentes sectores del país, entre ellos, representantes de la sociedad civil, empresarios, universidades y pueblos mayas.
Samuels detalló que entre los temas primordiales de la iniciativa figura la integración de autoridades autóctonas en el manejo de las cuencas, así como la creación de un sistema que retribuya el uso del recurso hídrico.
También indicó que contempla “sanciones fuertes” para quienes hagan mal uso de este recurso y que para ello se deberían elaborar reglamentos específicos en los que se contemple, entre otras cosas, los niveles de tarifa que se van a aplicar.
En términos generales, la propuesta del MARN plantea a dicho ente como el rector del recurso hídrico. Además de eso, establece algunas prohibiciones al uso del agua, por ejemplo: excluir a otras personas de ejercitar el derecho al agua, detener o desviar el curso de las aguas, desviar el cauce sin la autorización de la Autoridad de Cuencas Hidrográficas, disminuir el caudal ecológico, contaminar las aguas o alterar su calidad.
La iniciativa también propone la creación de una autoridad a cargo de las cuencas hidrográficas. Esa autoridad estaría conformada por un coordinador, un representante de municipalidades, alcaldías indígenas, sociedad civil, sector productivo y comercial.
Además de eso se tiene prevista la creación del Inventario Nacional de Recursos Hídricos, el Registro Nacional de Derechos sobre el Recurso Hídrico y el Programa Nacional para la Recuperación del Recurso Hídrico. Asimismo, se contempla la creación de autoridades para cada una de las 38 cuencas hidrográficas del país.
UNA PROPUESTA “FLEXIBLE Y PERMISIVA”
El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), es una de las organizaciones sociales que ha abogado por la creación de una ley de aguas en el país. Rafael Maldonado, representante de esa agrupación, no se mostró satisfecho con la propuesta planteada por Samuels.
“Me preocupa que la iniciativa es inconstitucional de entrada en algunas partes, porque está reconociendo que las aguas pueden ser privadas si son aprovechadas por particulares y eso la Constitución lo regulaba en el año 86, de ese año para acá todas las aguas son de dominio público”, explica Maldonado.
Adicional a esto, el entrevistado considera que la ley que propone el MARN no es más que “un dechado de buenas virtudes, demasiado flexible y permisiva y realmente no va ayudar a consolidar la gestión integrada del agua en el país”. En otras palabras: una iniciativa que se suma a las otras presentadas, que no satisface las necesidades en materia de regulación del manejo del agua.
Sin embargo, más que eso, lo que realmente preocupa a CALAS es que, a su criterio, la iniciativa abre las puertas a la privatización de los recursos hídricos.
“Hay un artículo donde se reconoce que el Estado es el titular de los derechos hídricos en todos los lugares donde las aguas no estén siendo aprovechadas por particulares. Entonces, a partir de ahora cualquier persona va querer inscribir derechos sobre el recurso del agua y hacerse propietarios del derecho sobre los mismos”, explica.
Afortunadamente, continúa Maldonado, ese artículo deviene en inconstitucional, los principios de la iniciativa deberían ser más específicos y concentrarse en la no privatización del agua, bajo ninguna circunstancia debe permitirse la privatización del agua.
En cuanto a las sanciones, según el entrevistado, no es la iniciativa la que debe especificar estos castigos, sino que se deben establecer mediante reformas al Código Penal.
“No obstante, la propuesta sí tiene deficiencias en la parte coercitiva y no otorga al MARN las facultades para actuar de forma drástica ante abusos contra los recursos hídricos”, indicó.
UNA LEY QUE NO GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA
Otra de las deficiencias de la propuesta es que no garantiza al agua como uno de los derechos fundamentales para la población. “Se prioriza el uso empresarial del agua, pero no se garantiza el uso del recurso como un derecho”, explica Julio González, del Colectivo Madre Selva.
González también señala que existe una intención del MARN para formar una ley que favorezca al sector empresarial, por lo que la propuesta no llena los requisitos para ser una ley que incluya el derecho humano al agua o el principio para que el agua no caiga en la categoría de mercancía.
“El agua no se debe reducir a ser una mercancía sino que es un derecho inalienable imprescriptible y creo que ahí está el detalle, de que esta iniciativa no contempla eso”, indica.
El ambientalista considera que otro de los puntos débiles del sistema legal del país, que tampoco está contemplado en la iniciativa, es que se permite la impunidad en los delitos ambientales.
“No hay una reglamentación que castigue los delitos ambientales contra el agua, no se han visibilizado otros delitos ambientales en el sentido del abuso y mal manejo; yo lo que veo en esta iniciativa es un híbrido de muchas cosas que no aterriza en lo fundamental”, asegura.
Prueba de ello, según explica, es que las denuncias que hasta ahora ha presentado Samuels por el supuesto desvío de ríos no han prosperado y continúan engavetadas.
La regulación de la explotación de fuentes de agua, la necesidad de agua potable para las regiones, la potabilización, los drenajes, son aspectos que deberían estar incluidos en la ley, según el entrevistado.
“Todas las iniciativas están en la categoría de buenas intenciones, pero hay que llegar a una iniciativa que reúna e integre lo bueno de las iniciativas, hay una necesidad de diálogo”, asegura.
“SE CREARÁ BUROCRACIA”
Nills Leporowski, miembro de la Cámara del Agro, señaló que, en general, la propuesta se ajusta a las demandas del sector empresarial. El único aspecto con el que discrepan es que la rectoría del agua recaiga sobre el Ministerio de Ambiente, ya que, a su criterio, esto generaría más burocracia.
“Nosotros creemos que la rectoría del agua debería caer sobre un comité mixto, en donde esté involucrado no solo el Gobierno, sino el sector privado, organizaciones sociales y comunidad. Y que parte de los recursos que se capten por el uso del agua debiera de ser invertido en la cuenca misma de esta rectoría, y que se hiciera una rectoría por cada cuenca de agua. Ese es el punto más divergente, en lo demás hay muchas similitudes con las propuestas que se han presentado”, explicó.
Al hablar sobre una ley de aguas, Leporowski enfatizó en que la propuesta debe tener un carácter técnico, no político ni ideológico.
“Y que realmente el agua se deba utilizar de forma correcta, que se vigile el tema de la contaminación que recae siempre sobre plantaciones agrícolas, cosa que no es cierto, sino son las mismas municipalidades las que no les dan tratamiento a las aguas. El manejo debe ser integral y que se tomen en cuenta todas las necesidades de la población”, dijo.
“FUIMOS EXCLUIDOS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN”
Uno de los artículos contenidos en la propuesta indica que “las comunidades urbanas, rurales y campesinas, que con su esfuerzo hayan construido sistemas de aprovechamiento, manejo, uso o goce del recurso hídrico continuarán, pero deben solicitar licencia”.
Irma Gutiérrez, vicepresidenta de los 48 cantones de Totonicapán, explica que por aspectos como este las comunidades que conforman esta autoridad no están de acuerdo con esta propuesta.
Además, expresó su inconformidad por ser excluidos del proceso de elaboración de la propuesta del Ejecutivo, pese a que el ministro Samuels aseguró que la misma se redactó a partir del diálogo con todos los sectores interesados.
“Es una gran necesidad tener una ley de aguas para las personas que no tienen regulación de agua, pero nosotros tenemos comités de agua, promotores, fundadores y eso nos ha ayudado a darle vida al trabajo comunitario, tenemos la experiencia en el cuidado y mantenimiento del recurso”, asegura Gutiérrez.
Los 48 cantones han desarrollado un sistema propio de sanciones y de cuidado para el uso del agua. Es así como han establecido sus propias multas y castigos para aquellas personas que contaminan o desperdician el recurso, asegura.
En cambio, según la entrevistada, este mismo control no se aplica al sector empresarial por parte del Estado. “En las comunidades tenemos sanciones, cuando un empresario hace mal no tiene sanciones”, explica.
Según dijo, a pesar de que han hecho invitaciones para que las autoridades de ambiente lleguen a las comunidades y dialoguen respecto al tema, no han recibido ninguna respuesta.
“No han tenido buena voluntad de visitar al pueblo de Totonicapán. Al MARN se le ha invitado y los queremos escuchar y entablar comunicación, pero no se ha dado, no sabemos las razones, pero lo que queremos es buena comunicación para ver cuál es el sentir de las comunidades”, explica.
La sugerencia de Gutiérrez, en nombre de los 48 cantones, es que la propuesta debería salir de las comunidades y no de los funcionarios.
UN COMPROMISO PENDIENTE
El objetivo número seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas se relaciona específicamente con agua limpia y saneamiento.
La meta es que, para el 2030, Guatemala haya podido lograr el acceso total y equitativo al agua potable, haya mejorado la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción de la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado.
Sin embargo, esas metas parecen lejanas mientras en el Congreso no avance el análisis, replanteamiento y aprobación de las iniciativas que se han presentado hasta ahora.
Propuesta de ley de aguas
• El MARN será el ente rector del recurso hídrico.
• Establece las prohibiciones al uso del agua: Excluir a otras personas de ejercitar el derecho al agua, detener o desviar el curso de las aguas, desviar el cauce sin la autorización de la Autoridad de Cuencas Hidrográficas o disminuyendo el caudal ecológico, contaminar las aguas, alterar su calidad.
• Esa autoridad estará conformada por un coordinador, un representante de municipalidades, alcaldías indígenas, sociedad civil, sector productivo y comercial.
• Se tiene prevista la creación del Inventario Nacional de Recursos Hídricos, el Registro Nacional de Derechos sobre el Recurso Hídrico y el Programa Nacional para la Recuperación del Recurso Hídrico.
• Las comunidades urbanas, rurales y campesinas que con su esfuerzo hayan construido sistemas de aprovechamiento, manejo, uso o goce del recurso hídrico continuarán pero deben solicitar licencia.
• El MARN creará las autoridades de Cuenca para cada una de las 38 cuencas hidrográficas del país. Se encargarán de administrar.
