Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
Luego de meses de discusión la propuesta de reformas constitucionales al sector justicia fue presentada al Congreso de la República, iniciativa que contó con el involucramiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos, los tres organismos del Estado y la sociedad civil.
Ahora que la responsabilidad de su aprobación queda en manos del Congreso, analistas señalan que la ciudadanía debe mantenerse alerta e involucrarse para que los cambios que pueda sufrir la reforma sean de mejora y no para que se creen trampas con las que siempre se busca evadir la ley.
Los presidentes del Organismo Ejecutivo y Judicial, Jimmy Morales y Ranulfo Rafael Rojas, entregaron el pasado 5 de octubre al presidente del Legislativo, Mario Taracena, el proyecto final de reformas constitucionales al sector justicia que ya fue enviado a la Comisión Legislación y de Puntos Constitucionales a cargo del diputado Oliverio García Rodas.
Las reformas incluyen aspectos referentes al antejuicio, la Carrera Judicial, el Consejo Nacional de Justicia, la jurisdicción indígena, la integración de las cortes y el tiempo de funciones del jefe del Ministerio Público, entre otros. (Ver recuadro de resumen).
La propuesta, que se elaboró en las mesas de diálogo y que se discutió en conjunto a sociedad civil por cinco meses, deberá contar con la aprobación del organismo legislativo que deberá demostrar su compromiso con el país para hacerle frente a la lucha contra la impunidad y la corrupción, a fin de garantizar la independencia judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad.
HAY UN RIESGO DE CAMBIAR EL SENTIDO DE LA PROPUESTA
Analistas consultados sobre las reformas constitucionales al sector justicia opinaron que resulta esperanzador que la CICIG, el MP y la PDH estuvieran involucrados en la discusión, no obstante reconocen que existe el peligro que “expertos” busquen como evadir la Ley y desde ya estén buscando mecanismos para lograrlo.
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), señaló que la actual Constitución no refleja la necesidad de justicia del país, ya que existe una manipulación de la misma por parte de actores sin escrúpulos.
En su opinión, las reformas permitirán que haya justicia para todos los guatemaltecos. Además que los pueblos indígenas podrán de manera oficial desarrollar su propio sistema jurídico y, finalmente, conseguir la independencia judicial, un aspecto que solo ha quedado plasmado en papel porque durante años estuvo intervenida.
El entrevistado reconoce que hay un riesgo en que terceros actores busquen siempre como evadir la Ley pero considera que de alguna manera da tranquilidad saber que tanto la CICIG, el MP, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estuvieron involucrados en el proceso.
“Esto no fue manipulado por el Ejecutivo ni por el Judicial ni el Congreso, creo que lo que tenemos que buscar es que tal y como la presentó la Secretaría Técnica sea aprobada, de ahí tal vez habrá algún ajuste en redacción pero no debería cambiar el sentido y naturaleza para evitar que se busque como evadir la ley”, aseguró.
Y es que para Samayoa, cualquier aspecto que quieran cambiar diputados a la propuesta y que sea de fondo, generará desconfianza en toda la población. Nuestra garantía es que Cicig estuvo ahí, la Fiscal también y el procurador, la garantía es que ellos no manipularon para que se den esas trampas, indicó.
Álvaro Pop, del Organismo Naleb’, expresó que así como el Congreso viene de un escenario desacreditado, en algún momento esto puede cambiar pues la legitimidad se obtiene de la capacidad de un debate responsable y con visión a largo plazo.
El entrevistado también hizo énfasis en el término “hecha la ley, hecha la trampa”, que considera es un riesgo que no se puede evitar y en el que toda la sociedad puede estar expuesta.
Es un riesgo, una situación a la cual toda sociedad incluyendo la nuestra está teniendo, esto se supera a medida que la sociedad se supera y mejora la auditoría social, pero también con controles cruzados ante el organismo Legislativo, Judicial y Ejecutivo que permitan el cumplimiento Constitucional pleno, aseguró.
Pop apuntó que este tipo de riesgos se pueden evitar pero es un proceso lento que implica formación de la población y visión a largo plazo.
Asimismo considera que el debate parlamentario debe ser diverso y constructivo para los cambios, corto y representativo y que logre aportar de manera positiva a posibles mejoras que puedan surgir.
CONGRESO DEBE SER UN “CORRECTO INTERPRETADOR”
El politólogo Jorge Wong, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos, señaló que existe el peligro de que la propuesta cambie en su versión original ya en manos del Congreso.
El problema de las reformas, explicó Wong, radica en que lo presentado no resulte siendo lo que se esperaba por lo que se debe estar vigilante de su avance.
Es muy probable que termine ocurriendo lo que sucedió en la consulta del 1999, en donde terminó ganando el “No” y ese tipo de cuestiones. Aunque no sucedió en Guatemala podemos tomar como ejemplo lo que sucedió con el Brexit en Reino Unido, donde una campaña mediática a favor del No logró vencer, en Colombia pasó lo mismo, indicó.
Por su parte Samayoa señaló que lejos de sentir temor al Congreso, el Ejecutivo sería el que está menos capacitado, puesto que no tiene capacidad técnica ni rumbo ni dirección. El reto de la sociedad civil y medios de comunicación será entonces exigir transparencia absoluta en el manejo de la reforma Constitucional, anotó.
Respecto a la responsabilidad del Congreso, Renzo Rosal, analista independiente, indicó que es el actor clave que ahora tiene como reto atender una reforma sustantiva.
Es la principal propuesta que proviene de la crisis política del año pasado, aunque tiene antecedentes desde mucho antes, pero el tema de la justicia de reformas, creo que el Congreso haría bien en un papel de correcto interpretador, manifestó.
Si el Congreso decide intervenir, su intención no debería ser a fin de reducirla ni minimizarla o agregarle temas que no serían de beneficio, dijo. De acuerdo con Rosal, la legitimidad de la propuesta nace de quienes estuvieron involucrados en su discusión,
LA CIUDADANÍA TIENE UN ROL FUNDAMENTAL
Luego de ser entregadas las reformas al Congreso, la Fiscal General del MP, Thelma Aldana, señaló que es la ciudadanía la que juega un rol fundamental en su aprobación.
A decir de la Fiscal, la iniciativa surge por primera vez, producto de un diálogo nacional que recoge las tendencias de quienes integraron las Mesas de Trabajo y manifestaron en las diversas reuniones, por lo que se espera que el Congreso las apruebe sin modificaciones o de darse sean para enriquecerlas, ya que tras ello se deberá realizar la consulta a la población y teniendo en cuenta que en una sociedad democrática el pueblo es el soberano, será el que decida.
La jefa del MP, también señaló que si la respuesta de la ciudadanía es negativa, “no va a votar o vota porque no se apruebe, hasta ahí llegó el esfuerzo”.
Aldana indicó que el documento nace “auténtico”, que no persigue fines políticos, personales, sectoriales y que busca aprovechar el momento histórico que vive el país para reformar el Sistema de Justicia, puesto que éste demostró que aún con la debilidad que posee puede incidir en la historia nacional y será de mejor manera si se fortalece.
Esto es lo que pretende el documento, que de verdad fortalezca el Sistema de Justicia, enfatizó.
Wong, también expresa, que el papel de la ciudadanía es indispensable, sobre todo porque debe estar atenta a no dejarse manipular a la hora de emitir su voto.
Además hay que recordar que muchas veces lo que entra al Congreso es una ley y la que sale es otra.
La ciudadanía tampoco tiene confianza en el Congreso, porque no están legislando para la mayoría y el bien común, esa confianza quedo demostrada en 2015 y ahora tenemos serias dudas de lo que vaya a pasar con esa Ley en el Congreso, esa es la incertidumbre más grande que tenemos y a la que le tenemos que tener cuidado, indicó Wong.
El politólogo señaló que debería existir una campaña de información sobre lo que está en juego, para no dejar a última hora una campaña rápida que obtenga un resultado indiferente de la población.
Por su parte el rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado, apuntó que el objetivo de las reformas radica en la búsqueda de fortalecimiento del Estado de Derecho.
No obstante, el rector explicó que es importante que esa casa de estudios también esté incluida para que todo el poder no se concentre solo en la clase política.
“La integración incluso de la CC es complicada, porque se le da todo el poder al Organismo Ejecutivo al Judicial y Legislativo, y consideramos importante que se escuche y lea la propuesta que se hizo”, dijo.
LOS ASPECTOS QUE INCLUYE LA PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 154 –Antejuicio-
La propuesta permite que se investigue a los funcionarios y dignatarios públicos en el ejercicio de su cargo, dejando el derecho de antejuicio únicamente como un impedimento para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal.
Además, se propone que una vez declarado con lugar el antejuicio y dictado un auto de procesamiento, el funcionario sea suspendido del ejercicio de su cargo.
Artículo 203 -Jurisdicción indígena-
Se establece que las autoridades indígenas ancestrales podrán ejerce funciones jurisdiccionales de conformidad costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados dentro de la Constitución y a los derechos humanos.
Artículo 208 -Carrera Judicial-
Se instituye la Carrera Judicial y se establece como obligación que las tres cuartas partes de los cargos de ingreso sean ocupadas por jueces y magistrados provenientes del sistema de Carrera Judicial; una cuarta parte será ocupada por abogados en ejercicio de la profesión. Se establece como edad obligatoria de retiro los 75 años de edad.
Artículo 209 -Consejo Nacional de Justicia-
Se crea el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), cuya competencia es la formulación, gestión y ejecución de las políticas de modernización y fortalecimiento judicial, administrativas y financieras del OJ.
La Dirección de la Carrera Judicial, se integra con siete miembros titulares e igual número de suplentes, siendo estos: un juez de Paz, uno Juez de Primera Instancia, y un Magistrado de la Corte de Apelaciones elegidos por Sorteo por el Congreso, un consejero electo por dos tercios del pleno de la CSJ, que no forme parte del OJ y tres profesionales de distintas disciplinas.
Artículo 9 –Integración de la Corte Suprema de Justicia-
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se integra con trece magistrados. Nueve cargos serán ocupados por magistrados provenientes del sistema de carrera judicial y cuatro cargos serán ocupados por abogados en ejercicio. Se amplía el periodo de magistratura a nueve años y se permite la reelección solo una vez.
La Presidencia de la CSJ durará un período de tres años y será ejercida por cada uno de los Presidentes de las Cámaras, de manera sucesiva.
Artículo 13 -Tribunales Militares-
Solo conocerán delitos y faltas que por su naturaleza atentan contra bienes jurídicos propios del orden militar, cometidos por integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo.
Artículo 251 -Fiscal General-
Se amplía el periodo de funciones a seis años. Su elección continúa siendo decisión del Presidente de la República, pero se eliminan las Comisiones de Postulación.
Dos candidatos serán propuestos por el Congreso y dos propuestos por la CSJ. Y podrá reelegirse por una sola vez.
Artículo 269 -Integración de la Corte de Constitucionalidad-
Aumenta el número de magistrados a nueve titulares y tres suplentes, quienes durarán en el cargo nueve años y se renovarán por tercios cada tres años.
Su elección se hará de la siguiente manera:
Un magistrado titular electo por no menos de ocho integrantes del CNJ.
Un magistrado titular designado por el Presidente en Consejo de Ministros.
Un magistrado titular electo por dos tercios del pleno del Congreso.
Los tres suplentes serán electos de la misma manera que los titulares.
La Presidencia será desempeñada por un período de tres años, sin reelección. La persona que presida será escogida mediante sorteo que se efectúe entre los miembros que deseen optar a dicho cargo.
EL CAMINO DE LAS REFORMA
* Anuncio de reformas: El 10 de abril el presidente Jimmy Morales, hizo el anuncio del Dialogo de Reformas al Sector Justicia.
* Presentación oficial: El 25 de abril, con la presencia de sociedad civil, MP, Cicig, PDH, y los presidentes de los tres poderes del Estado hicieron pública la presentación del Dialogo Nacional: Hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala.
* Discusión: A partir del 9 de mayo se efectuaron las discusiones del dialogo, primero en Quetzaltenango, Huehuetenango, para continuar Cobán, Zacapa, Jutiapa, Petén y Antigua Guatemala.
* Entrega: La entrega oficial del proyecto de reformas Constitucionales al sector justicia, se hizo efectiva el 6 de octubre.
* Aprobación: El Congreso deberá ser aprobada por los diputados en el Congreso de la República. Inicialmente 21 diputados firmaron como ponentes en el documento, pero al final se sumaron 31 más. A la iniciativa se le asignó el número 5179.
* Consulta Popular: Luego de aprobadas por el Congreso las reformas deberán ser sometidas a una consulta popular, en donde la ciudadanía emitirá su voto para decir si está o no de acuerdo a los cambios.
ESPERAN APROBACIÓN DE REFORMAS
El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Rupert Coleville, expresó a través de un comunicado que esperan que el proyecto reformas constitucionales sea aprobado, pues representa una oportunidad histórica para consolidar los progresos alcanzados en la lucha la impunidad y corrupción de los últimos años.
Coleville destacó que es indispensable que para que las reformas puedan afianzarse, asegurar que las autoridades del sistema de justicia puedan llevar a cabo su trabajo en un entorno seguro.
“Nos preocupan las crecientes amenazas en contra de la Fiscal General Thelma Aldana, quien juega un rol crucial en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala”, aseguró.
