POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La Fiscalía de Delitos Económicos apeló las medidas sustitutivas concedidas por el juez Walter Villatoro, titular del juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, a nueve de los once implicados en el Caso El Bodegón.
El recurso de apelación ya fue presentado ante el juzgado Décimo y la Fiscalía está a la espera de que esa judicatura lo remita a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, que será la encargada de realizar las diligencias para determinar si los procesados deben ser enviados a prisión.
El pasado 11 de octubre el Juzgado otorgó medidas sustitutivas a nueve de los once de los implicados.
Únicamente se dictó la prisión preventiva para Daniel Estuardo Calderón Ángel, por los delitos de asociación ilícita y contrabando aduanero, y para Jonathan Harry Chevez, por el delito de encubrimiento propio.
Chévez también se encuentra vinculado con el Caso de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por supuestamente haber lavado dinero para el exbinomio presidencial.
En tanto, el exministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Elmer Alberto López Rodríguez, fue ligado a proceso por el delito de incumplimiento de deberes y beneficiado con arresto domiciliario, con la obligación de firmar el libro del Ministerio Público (MP) cada quince días y con la prohibición de salir del país. Asimismo, le fue impuesta una caución económica de 50 mil quetzales.
En tanto, al propietario de la empresa Empacadora El Bodegón, Nery Dubón Arita, fue beneficiado por la judicatura con arresto domiciliario, con obligación de firmar el libro cada ocho días, y con la prohibición de viajar a Quetzaltenango o Huehuetenango y fuera del país sin autorización judicial.
Los demás implicados a los que se les concedió medida sustitutiva son: Jonhy Homero López Raymundo, Aroldo Felipe López López, Santos Toribio Mérida López, Abner Leonel Morales de León, Ana Elizabeth Hernández Castro, Rosa María Hernández Castro y José Axel Hernández Gómez.
LA INVESTIGACIÓN
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos, en 2014 se decretó un Estado de Calamidad, el cual fue utilizado para la compra directa de maíz y frijol con la empresa Empacadora del Bodegón.
Las pesquisas revelaron que los productos fueron ingresados al país de contrabando y que estaban en mal estado, de modo que no eran aptos para el consumo humano. Sin embargo, fue distribuido en varios municipios de Sololá y Quetzaltenango a los beneficiarios del “Pacto Hambre Cero”.
El juez dio un plazo de tres meses a la Fiscalía para realizar la investigación y presentar su acto conclusivo.
