POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Dos extrabajadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Cristian Guillermo Gamboa y Cristian Ulate Durán, fueron propuestos como testigos en el juicio contra el exdiputado Gudy Rivera y el exabogado del Partido Patriota, Vernon González.
Gamboa y Ulate fueron propuestos por González como testigos para su defensa; sin embargo, los extrabajadores se retractaron de su decisión de colaborar luego de que la CICIG, que funge como querellante adhesiva en el juicio, advirtiera que ambos podrían incurrir en algún tipo de delito si en su declaración testimonial llegaran a revelar información de carácter confidencial a la que tuvieron acceso mientras laboraron para esa institución.
La representante de la CICIG hizo notar ante la jueza Bélgica Deras, titular del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, que al momento de realizarse la audiencia de ofrecimiento de prueba, en la que Ulate y Gamboa fueron presentados como testigos, la Comisión aún no fungía como querellante adhesiva en el caso, razón por la cual no pudo pronunciarse en relación a su participación en el juicio.
“Es importante hacer de conocimiento, tanto de esta judicatura y para los testigos, que si bien es cierto tienen obligación de declarar -los testigos-, también es cierto que derivado del contrato laboral firmado como trabajadores de la CICIG, tenían acceso a información y en ese contrato había una cláusula de confidencialidad”, puntualizó.
Ese ente investigador informó a la jueza que Ulate fue mandatario judicial de dicha institución, de acuerdo a una escritura pública del 21 de febrero de 2012. Además, como parte del ente internacional, también conoció amparos interpuestos por Rivera.
En cuanto a Gamboa, explicó que su contrato laboral fue firmado el 4 de septiembre de 2014 para desempeñarse como jefe de Información de Análisis.
El abogado de González calificó como un “argumento inválido” la confidencialidad manifestada por la CICIG. “La idea básica de este proceso es la averiguación de la verdad. Adicional a ello, no es un argumento válido el hecho de que se apele a una confidencialidad en el ejercicio de la función”, apuntó.
La investigación
Tanto Rivera como González son acusados por el Ministerio Público (MP) y la CICIG de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, por presuntamente haber presionado a la exmagistrada Claudia Escobar para que resolviera un fallo en el que se dejara sin efecto la resolución del Tribunal Supremo Electoral, la cual disponía suspender a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, como secretaria general del Partido Patriota (PP).
