POR VIRGINIA CONTRERAS
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La fiscal General, Thelma Aldana, señaló que luego que las reformas constitucionales al sector justicia fueron entregadas al Congreso para que lo conozca y lo apruebe, es fundamental el rol de la ciudadanía que “es la que tiene que decidir”.
A decir de la Fiscal, la iniciativa surge por primera vez, producto de un diálogo nacional que recoge las tendencias de quienes integraron las Mesas de Trabajo y manifestaron en las diversas reuniones, por lo que se espera que el Congreso las apruebe sin modificaciones o de darse sean para enriquecerlas, ya que tras ello se deberá realizar la consulta a la población y teniendo en cuenta que en una sociedad democrática el pueblo es el soberano, será el que decida.
Si la población “no va a votar o vota porque no se apruebe, hasta ahí llegó el esfuerzo”, señaló la jefa del Ministerio Público (MP).
La jefa del MP indicó que el documento nace “auténtico”, que no persigue fines políticos, personales, sectoriales y que busca aprovechar el momento histórico que vive el país para reformar el Sistema de Justicia, puesto que éste demostró que aún con la debilidad que posee puede incidir en la historia nacional y será de mejor manera si se fortalece.
Esto es lo que pretende el documento, que de verdad fortalezca el Sistema de Justicia, enfatizó.
Por su parte, analistas consultados consideran que es fundamental la participación ciudadana para velar por las reformas constitucionales al sector justicia, ya que a su consideración será la que tomará la decisión final de aprobar o no la propuesta, luego de que sea aprobada por el Congreso.
Para Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), será importante que la población no se deje desinformar, puesto que a su criterio, las implicaciones son positivas, pero aclaró que todo cambio tiene una etapa de crisis en la que se ajusta.
A decir del analista, el momento se perfila como trascendental porque se toma la decisión finalmente de transformar un sistema de justicia que hasta ahora ha sido lesivo para los intereses de la mayoría.
En tanto, el experto independiente, Adolfo Alarcón, indicó que la ciudadanía debe involucrarse para conocerlas debido a que fueron presentadas ayer y aún tienen un camino por recorrer en el Congreso.
“Una propuesta que debe ser estudiada, analizada y considerada, ya que va en la dirección de cambiar ciertas cosas del Sistema de Justicia que no estaban funcionando”, dijo Alarcón y añadió que toda propuesta que vaya encaminada a mejorar ese sistema siempre será bienvenida.
Ayer por la tarde los presidentes del Organismo Ejecutivo y Judicial, Jimmy Morales y Ranulfo Rafael Rojas, entregaron al presidente del Legislativo, Mario Taracena, el proyecto final de reformas constitucionales al sector justicia, iniciativa que el Congreso tendrá que aprobar. El proyecto ya fue enviado a la Comisión Legislación y de Puntos Constitucionales a cargo del diputado Oliverio García Roas.
En la actividad participaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el comisionado Iván Velásquez, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque y la Fiscal General, entre otros funcionarios.
ASPECTOS QUE CONTEMPLA LA PROPUESTA
Antejuicio
La propuesta permite que se investigue a los funcionarios y dignatarios públicos en el ejercicio de su cargo, dejando el derecho de antejuicio únicamente como un impedimento para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal.
Jurisdicción indígena
Se establece que las autoridades indígenas ancestrales podrán ejerce funciones jurisdiccionales de conformidad costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados dentro de la Constitución y a los derechos humanos.
Carrera Judicial
Se instituye la Carrera Judicial y se establece como obligación que las tres cuartas partes de los cargos de ingreso sean ocupadas por jueces y magistrados provenientes del sistema de Carrera Judicial; una cuarta parte será ocupada por abogados en ejercicio de la profesión.
Consejo Nacional de Justicia
Se crea el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), cuya competencia es la formulación, gestión y ejecución de las políticas de modernización y fortalecimiento judicial, administrativas y financieras del OJ.
Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se integra con trece magistrados. Nueve cargos serán ocupados por magistrados provenientes del sistema de carrera judicial y cuatro cargos serán ocupados por abogados en ejercicio.
Se amplía el periodo de magistratura a nueve años y se permite la reelección solo una vez.
Tribunales militares
Solo conocerán delitos y faltas que por su naturaleza atentan contra bienes jurídicos propios del orden militar, cometidos por integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo.
Fiscal General
Se amplía el periodo de funciones a seis años. Su elección continúa siendo decisión del Presidente de la República, pero se eliminan las Comisiones de Postulación.
Dos candidatos serán propuestos por el Congreso y dos propuestos por la CSJ.
Corte de Constitucionalidad
Aumenta el número de magistrados a nueve titulares y tres suplentes, quienes durarán en el cargo nueve años y se renovarán por tercios cada tres años.
Su elección se hará de la siguiente manera:
Un magistrado titular electo por no menos de ocho integrantes del CNJ.
Un magistrado titular designado por el Presidente en Consejo de Ministros.
Un magistrado titular electo por dos tercios del pleno del Congreso.
Los tres suplentes serán electos de la misma manera que los titulares.
La Presidencia será desempeñada por un período de tres años, sin reelección. La persona que presida será escogida mediante sorteo que se efectúe entre los miembros que deseen optar a dicho cargo.
Rector lamenta exclusión de universidades
POR VIRGINIA CONTRERAS
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El rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado, lamentó que la academia fuera excluida en las comisiones de postulación al sector justicia, ya que considera que las universidades son elementos fundamentales para el desarrollo.
Aclaró que en la propuesta presentada se incluía que debía participar un decano que representara a todas las universidades del país, así como un rector.
“Lamentamos que la academia fuera excluida, ya que se le está dando el poder a la clase política. Necesitamos cambios y se le está dando prioridad a esa clase”, expresó Alvarado.
