POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El exgerente de la empresa de telefonía Claro, Enrique Castellanos, se presentó esta mañana al Juzgado “B” de Mayor Riesgo para responder por su posible vinculación con el Caso Cooptación del Estado. El Ministerio Público (MP) lo señala del delito de financiamiento electoral ilícito.
La defensa del sindicado solicitó al juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado “B” de Mayor Riesgo, que la audiencia se realizara a puerta cerrada, lo cual fue respaldado por el MP, por lo que no se permitió el acceso a los medios de comunicación.
Después del medio día, Gálvez ligó a proceso a Castellanos y lo benefició con arresto domiciliario. El MP tiene 6 meses para realizar la investigación.
Antes de la audiencia, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, no brindó detalles sobre los hechos que se imputarán a Castellanos debido a que el caso se encuentra bajo reserva.
Según datos de la Fiscalía, por este caso aún continúan 15 personas prófugas, entre quienes se encuentran: Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González, dueño del grupo de medios de comunicación Albavisión; Allan Marroquín Castillo, exinterventor de Puerto Quetzal; Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones y Erick Archila Dehesa, exministro de Energía y Minas, entre otros.
EL CASO
El pasado 2 de junio el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron la existencia de una estructura que cooptó varias instituciones del Estado para obtener prebendas ilícitas durante el gobierno del Partido Patriota (PP).
Por el caso se encuentran procesados funcionarios, exfuncionarios, empresarios y varias personas particulares.
Las autoridades explicaron que entre 2012 y 2015 “varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad en muchos casos, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura”.
El pasado 4 de agosto el Juzgado B de Mayor Riesgo abrió proceso contra 47 personas, para 28 de las cuales decretó prisión preventiva, mientras que las 19 restantes fueron beneficiadas con arresto domiciliar.
Entre los sindicados está el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, presuntos líderes de la estructura.
