POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Luego de las recientes amenazas denunciadas por Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público (MP), analistas ven necesarias reformas legales para que el Estado brinde protección tras dejar el cargo a funcionarios que desempeñaron tareas de riesgo.
Según el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, el Estado brinda medidas de seguridad a la persona que se desempeña como Fiscal General mientras está en el ejercicio de las funciones. Esto, basándose en un «análisis de riesgo».
Sin embargo, según Javier Monterroso, exsecretario privado del MP, estas medidas de seguridad deberían extenderse, también, luego de que las personas realizaron tareas de riesgo, para que se tenga la seguridad que no sufrirá daños o amenazas a su integridad.
«Los fiscales generales necesitan contar con protección del Estado luego de dejar el cargo, cuando en su gestión hayan enfrentado procesos complejos», sostiene.
Monterroso opina que deberían aplicarse reformas a la ley de la SAAS o bien a la ley orgánica del MP.
Según Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, la protección en el post ejercicio del cargo no se ha tomado en cuenta para los fiscales generales, ya que los que más riesgo enfrentan son los fiscales a cargo de los casos, pues interactúan directamente con los acusados.
Escobar señaló que el Estado nunca ha brindado seguridad a los fiscales generales después de dejar su cargo, ya que se considera que el puesto requiere de decisiones más administrativas y de líneas de investigación.
“Lo que se puede observar es que quienes corren más riesgos son los fiscales que llevan los casos en Tribunales. Ellos son los que conocen los expedientes y tienen contacto directo con los acusados”, asegura.
No obstante, Monterroso cree que los fiscales que investigan los casos se encuentran dentro de una “estructura institucional” que les presta seguridad, mientras que los fiscales generales finalizan su período y salen a buscar trabajo sin protección del Estado.
Para el analista Édgar Celada lo importante es apostar a una reducción sostenida de la criminalidad en el país, pasando por un fortalecimiento del Estado.
Respecto a las amenazas en contra de Aldana, agrega que aún falta tiempo para que la fiscal deje el cargo, no obstante, si al momento de que esto suceda, la gravedad de la situación y la criminalidad no disminuyen, habría que hacer un análisis para ver cómo se procede para asegurar su integridad física.
