POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
Blanca Stalling lo demostró una vez más: su influencia continúa teniendo fuerza en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Su candidata, la magistrada Silvia Patricia Valdés, fue electa presidenta del Organismo Judicial para el período 2016-2017, lo cual ha generado preocupación por parte de diversos sectores, quienes consideran que significa un retroceso en la lucha contra la impunidad.
“Con respecto a la llegada de la nueva presidenta a la Corte Suprema, le queremos hacer un llamado para que se separe de Blanca Stalling, pues es quien la propuso. Porque Blanca Stalling ha sido una persona muy cuestionada y tenemos temor de que pueda aprovechar su influencia para proteger a las estructuras de corrupción”, advirtió Álvaro Montenegro, del colectivo Justicia Ya.
Stalling llegó a la CSJ con varios señalamientos de corrupción sobre sus hombros, desde cuando fungió como titular del Instituto de la Defensoría Pública Penal.
Una vez en el cargo, su nombre fue mencionado en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por el Ministerio Público (MP) en el Caso Bufete de la Impunidad, en el cual también está involucrada su cuñada, la jueza Marta Sierra de Stalling.
En tanto, el hijo de Stalling enfrenta proceso por el Caso IGSS-Pisa, sobre un contrato anómalo en el Seguro Social.
Por estos escándalos varios sectores pidieron la renuncia de Stalling, al considerarla no idónea para el cargo; sin embargo, la magistrada solo se ausentó durante dos meses y medio de la CSJ.
Tras varios meses de silencio, el nombre de Stalling volvió a causar sospechas al conocerse que fue ella quien propuso a la presidenta electa del OJ, cuyos antecedentes tampoco son favorecedores.
LA NUEVA PRESIDENTA
Silvia Valdés Quezada fue electa como titular de la CSJ luego de fungir como magistrada de la Sala de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Antes, fue jueza de primera instancia civil en varias judicaturas.
El 19 de marzo de 2016, La Hora alertó sobre un plan para desestabilizar a la fiscal general, Thelma Aldana, el cual pretendía que se declarara ilegal la aprehensión del diputado Gudy Rivera, solicitada por el MP.
Según la fuente de la información, entre los orquestadores de este plan se encontraba Valdés y su postulante, Stalling. Además, se mencionaron los nombres de los magistrados Vitalina Orellana y Josué Baquiax.
Sumado a esto, Valdés fungía como presidenta en funciones cuando la CSJ presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Carrera Judicial, a espaldas de la mesa técnica que discutía los cambios a dicha legislación. La propuesta hecha en esa ocasión no incluía la eliminación de las funciones administrativas de la Corte, lo que muchos analistas consideraron una estrategia para conservar el poder de esa entidad.
Según Montenegro, la percepción actual es que Valdés y Stalling “están en una misma línea”, por lo que si la nueva presidenta quiere ganar la confianza de la población, debe dejar clara la separación entre ambas.
ESCASA CREDIBILIDAD
La credibilidad del sistema de justicia y de todos los operadores que lo conforman se ha visto minada en la última década. Según analistas, las dudas respecto a la honorabilidad de la CSJ y del OJ se intensificaron con la elección de magistrados en 2014, cuando, por medio de una alianza entre el Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Lider), se designó a jueces y magistrados.
De los magistrados electos por las componendas políticas, dos se vieron obligados a renunciar por señalamientos de corrupción en su contra. Douglas Charchal, quien ocupaba la Vocalía Quinta, fue enviado a prisión preventiva por su supuesto involucramiento en el caso “Terminal de Contenedores Quetzal” (TCQ) en el cual, según las investigaciones del MP y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), influyó ilícitamente ante un Juzgado de Escuintla para obtener un fallo favorable a la entidad comercial.
En este mismo caso se vio envuelto el magistrado Vladimir Aguilar, quien, según las investigaciones, cuando fungió como Procurador General de la Nación (PGN), emitió una opinión favorable respecto a la legalidad del contrato de “usufructo oneroso”, firmado de manera irregular.
Las únicas magistradas que no llegaron a la raíz de las negociaciones originales, fueron: María Eugenia Morales Aceña, quien llegó en sustitución de Aguilar, y Elizabeth García, promovida por el partido FCN-Nación luego de la renuncia de Charchal.
Según Édgar Celada, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), la actual CSJ tiene una “mancha de origen”. Su reto más próximo, afirma, es demostrar con hechos que los compromisos políticos que pudieron haber adquirido cuando fueron electos no pesará más sobre su conducta a la hora de emitir fallos judiciales.
“Los asuntos que rodean a esta presidenta le agregan a ella el desafío de recuperar la credibilidad”, afirma Celada.
EL PRIMER ERROR DE VALDÉS
Sin embargo, parece que Silvia Valdés no tiene intenciones de esconder sus preferencias políticas. El 13 de septiembre, a días de su nombramiento como Presidenta de la CSJ, a través de su cuenta de Twiter (@cuchivaldes), defendió al presidente Jimmy Morales de una crítica contra su gestión.
“Está tratando de hacer las cosas bien. Déjenlo gobernar en paz. Ni que fuera Harry Potter con varita mágica”, escribió al respecto del mandatario, y con esa aseveración generó las primeras dudas sobre su independencia, sobre todo cuando en los tribunales se dilucida un caso penal por el que se investiga al hijo del Presidente y a su hermano.
Para Oswaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), este tipo de comentarios por parte de la togada son inoportunos, ya que minan todavía más su credibilidad.
Para el analista, la presidenta electa del OJ debe evitar pronunciar su opinión personal sobre casos que se dilucidan en los juzgados y tribunales.
LOS OTROS RETOS
Mora judicial
De acuerdo a las estadísticas del OJ, entre enero de 2014 y julio de 2016, ingresaron a los Juzgados un total de 143 mil 468 casos; no obstante, únicamente se ha dictado sentencia en 45 mil 956 de estos. Esto quiere decir que solamente se ha resuelto un 32 por ciento de los casos que han sido remitidos en las fechas en mención.
De acuerdo al sistema de medición de impunidad elaborado por el MP y la CICIG, durante los años 2015 y 2016, solo en delitos relacionados a la corrupción en la administración pública, existe un 99 por ciento de impunidad aproximadamente.
Según Celada, el retraso en la resolución de estos casos también erosiona la credibilidad del sistema de justicia.
De acuerdo a Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Pro Justicia, la mora judicial es un problema que no corresponde únicamente al OJ. “Muchas veces la mora se observa con mayor peso en el OJ, pero, a la vez, está relacionado con causas que no tienen que ver con ese Organismo”, sostiene.
Este fenómeno, cuenta, tiene sus raíces en tres asuntos fundamentales: la falta de desarrollo institucional de todas las instituciones de la cadena de justicia, el litigio malicioso y la tendencia delictiva de la sociedad que tiende a saturar el sistema.
Ley de la Carrera Judicial
Otro de los grandes retos para la presidente electa es liderar el proceso de la implementación de las reformas hechas a la Ley de la Carrera Judicial, ratificada por el Congreso de la República en julio de este año y la cual entrará en vigencia en noviembre.
Los puntos principales de la nueva ley, la cual fue elaborada en conjunto por CICIG, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala (OACDHG) e integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia, son la separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas en la CSJ y la independencia del Consejo de la Carrera Judicial.
Iván Velásquez, jefe de la CICIG, afirmó: “los magistrados deben estar dedicados a sus funciones jurisdiccionales, y el hecho de sustraer a un magistrado para que de manera permanente se ocupe de la administración de la Carrera Judicial significa disminuir la capacidad de la CSJ en el cumplimiento de su función fundamental que es la administración de justicia”.
Según Oswaldo Samayoa, actualmente la Presidencia de la CSJ realiza funciones que van desde firmar cheques hasta el nombramiento de personal y el traslado de personal.
Samayoa sostiene que los jueces tienen sus propias funciones que cumplir, las cuales no se relacionan con asuntos administrativos.
Esta opinión también la comparte Celada, quien manifiesta que “los magistrados son los más altos jueces del país, ellos no deberían estar decidiendo sobre asuntos administrativos sino sobre asuntos de impartición de justicia”.
El experto añade que el hecho de que actualmente la Presidencia de la CSJ tenga que resolver sobre asuntos administrativos la distrae de su función primordial que es impartir justicia.
En ocasiones anteriores, afirman los expertos, la misma Corte no ha mostrado interés de inhibirse respecto a las funciones administrativas. Celada hace hincapié en la necesidad de que en el seno de la Corte se elimina la disputa por el control del presupuesto. “Por las manos de la presidencia pasan los nombramientos administrativos y el manejo del presupuesto”, puntualiza.
Justicia transicional
El sistema de justicia también se encuentra pendiente de ventilar procesos relacionados al Conflicto Armado Interno, que finalizó hace dos décadas con la Firma de los Acuerdos de Paz. Actualmente, son unos 40 casos aproximadamente relacionados a hechos acontecidos durante el Conflicto los que se diligencian en Juzgados y Tribunales.
Según Francisco Soto, representante del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), estos procesos se han visto entorpecidos ya que la estrategia adoptada por exoficiales ha consistido, fundamentalmente, en entorpecer los procesos.
A ese respecto, Samayoa opina que uno de los retos para la CSJ es el proceso de formación para los operadores de justicia sobre los hechos relacionados a la guerra. “Todavía tenemos mucho desconocimiento sobre la implicación de este tipo de delitos. Estos casos requieren mucha formación de derechos humanos y de derecho penal internacional para poder comprenderlos”, sostiene.
Independencia y transparencia
Los expertos consultados, además ven la importancia de que, con los procesos de alto impacto revelados por el MP y la CICIG a partir de abril de 2015, prevalezca la independencia judicial sobre intereses económicos y políticos.
Afirman que sobre la CSJ se encuentra la vigilancia de la opinión internacional y de la sociedad guatemalteca, que solicita a esa dependencia que cumpla con las obligaciones que por Ley le corresponden.
La CSJ anterior dejó su cargo sin mayores avances en cuanto a la lucha contra la corrupción interna, una actitud que no debería repetir la actual magistratura, señalaron los expertos.
