POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
El viernes 23 de septiembre terminó la pesadilla para 15 mujeres que eran explotadas sexualmente en la casa cerrada Extravaganza, ubicada en la 3ª calle 13-03 en el Barrio Moderno de la zona 2, la cual, según vecinos, funcionó por más de una década. Este lugar sirvió para que mujeres que buscaban empleo como meseras fueran prostituidas hasta por 11 horas diarias y recibieran una mínima parte o nada del dinero de su explotación, aunado a que eran obligadas a consumir drogas con los clientes.
De acuerdo con lo relatado por las jóvenes afectadas a las investigadoras del Departamento contra la Delincuencia Organizada, de la Sección contra Trata de Personas, de la Policía Nacional Civil (PNC), un anuncio de prensa fue el canal para llegar a Extravaganza.
En ese anuncio se requería a mujeres jóvenes para trabajar como “meseras”. Los trámites administrativos para difundir esa información en un medio de comunicación escrito y contactar a las jóvenes para las entrevistas los hacía Gloria Marina Boch Boror, quien fue detenida el 23 de septiembre.
Según los testimonios, las entrevistas y la selección de las mujeres las realizaba Lubia Carolina Valladares Peñate, quien era esposa del dueño de la casa cerrada, Enyelber José Ortega Cardona. Ambos fueron detenidos.
Luego de que las jóvenes eran notificadas de que tenían el empleo, las ubicaban en la casa cerrada y las obligaban a la explotación sexual; muchas de ellas se resistieron, pero fueron sometidas para que lo hicieran.
La información documentada indica que las jornadas de explotación iniciaban a las 5 de la tarde y culminaban hasta las 4 de la mañana. El propietario de Extravaganza cobraba Q300 la hora por la explotación de las jóvenes, pero solo les pagaban Q100 o nada, pues argumentaba que ellas le debían dinero por el “hospedaje” y los servicios básicos como luz eléctrica y agua.
Esto no era todo, fueron obligadas a consumir drogas con los clientes, según lo relatado por ellas a las autoridades.
La fuga y el relato de una de las jóvenes fueron clave para rescatar a las otras 14 mujeres, aunado al seguimiento, la vigilancia y las técnicas de investigación criminal, que llevaron a los investigadores de la Sección contra la Trata de Personas y fiscales del Ministerio Público (MP) a la clausura del centro de explotación Extravaganza.
En las diligencias realizadas también se allanaron otros inmuebles que funcionaban como sauna y spa en las zonas 6 y 1, pero en esos lugares no encontraron mayores evidencias de explotación.
Cinco días después del cierre de la casa cerrada, La Hora visitó el lugar para confirmar si continuaba clausurado, y sí lo estaba. Una autopatrulla de la Comisaría 11 de la PNC estaba parqueada frente al lugar. Al momento de tocar la puerta nadie abrió y un agente policial explicó que esa residencia fue cerrada, y por eso nadie podía entrar. Él estaba asignado para “proteger” los sellos fiscales y velar por que nadie ocupara esa casa.
TODOS SABÍAN
Vecinos del Barrio Moderno relataron que por más de una década funcionó la casa cerrada Extravaganza, pero no la clausuraban.
Los residentes sabían que ese lugar era un centro de explotación sexual porque veían entrar a decenas de hombres, principalmente en quincenas y finales de mes, y de vez en cuando veían alrededor de la vivienda a algunas mujeres jóvenes que compraban comida.
Algunos de los entrevistados dicen que no lo denunciaron a la PNC porque preferían “evitar problemas”; sin embargo, sí llamaron en más de una ocasión a la línea 110 para revelar que había disparos al aire, vehículos parqueados frente a sus casas y hombres ebrios defecando en su banqueta.
Estas personas se quejaron de que la Policía llegaba tarde al solicitar su apoyo cuando había demasiado estruendo o disparos.
Por otro lado, el año pasado iniciaron las verificaciones por parte de las autoridades para identificar cómo funcionaba Extravaganza y fue hace algunos días que se clausuró completamente este lugar.
En el Barrio Moderno, algunos vecinos todavía temen hablar de Extravaganza, quienes lo hacen son los más afectados por el escándalo, los disparos y las acciones de los hombres ebrios. Algunos admiten que aún hace falta clausurar varias casas que son centros de explotación sexual y de distribución de drogas.
Los residentes piden atención por parte de la PNC y compromiso para erradicar estas estructuras que provocan violencia.
En tanto, la PNC reitera que la denuncia ciudadana es importante para desarticular a las bandas delictivas. La línea antinarcótica es 1577 y la línea Cuénteselo a Waldemar es 1561.
SIN ATENCIÓN ESTATAL
El Estado no brinda atención a las mujeres adultas víctimas de trata de personas en sus diferentes modalidades.
En diciembre del año pasado se oficializó el cierre del Hogar Luz de Esperanza de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), que según la Defensoría de Personas Víctimas de Trata de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) albergó a 86 víctimas y sus familias, en el período de 2012 a 2015.
El 24 de junio del año pasado la Defensoría realizó una supervisión administrativa a ese albergue, que estaba cerrado, pero las autoridades no oficializaron ninguna clausura.
El 11 de enero de 2016 la PDH recibió un oficio de la SBS en donde se le notificó el cierre del albergue a partir del 31 de diciembre de 2015. Por tanto, en febrero de este año, delegadas de la PDH se reunieron con representantes de la SBS, las últimas en mención “reconocieron la responsabilidad que recae en el Estado con las víctimas de trata de personas, pero no de su institución, justificando que por reglamento orgánico interno no pueden atender a las personas adultas víctimas de trata de personas”.
“En dichas funciones, según las funcionarias –Secretaria Ejecutiva de la SBS y Subsecretaria de la Secretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia- no se establece la atención a personas adultas”, se explica en el informe de Situación de la Trata de la PDH, del año 2015.
De acuerdo con la PDH, después del cierre del Hogar Luz de Esperanza, representantes de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), adscrita a la Vicepresidencia de la República, informaron que solicitarían apoyo a la Fundación Sobrevivientes para la atención de las afectadas.
Ante esto, la PDH consigna en su informe: “A pesar de que esta solución –el apoyo requerido por el Estado a la Fundación Sobrevivientes- cumple con la atención a las personas adultas víctimas de trata, el Estado de Guatemala se comprometió a brindar atención individualizada y especializada a las víctimas de trata de personas al ratificar el Protocolo de Palermo. Las acciones anteriormente explicadas expresan el desinterés del Gobierno de Guatemala en atender a esta población, especialmente de acompañar un proceso de reconstrucción a un proyecto de vida violentado. Por ese motivo, se solicitó la apertura de expediente por violación de los derechos humanos de las víctimas adultas por el Estado de Guatemala”, explica.
Por otro lado, Mareny Mérida, actual titular de la SBS fue consultada por el cierre del albergue temporal. La funcionaria explicó que no fue durante su gestión y detalló los argumentos que encontró por parte de la administración anterior para tomar ésta decisión.
“No es un tema de mi gestión, se dio en el gobierno de transición. Tengo entendido que este albergue se cerró por varias causas: una de ellas fue por un hallazgo de Contraloría de Cuentas, porque no es un tema que pertenezca a la SBS. Si usted ve el mandato legal de la SBS es directamente hacia los niños, niñas y adolescentes, esa es la población que la SBS tiene por su responsabilidad. Tengo entendido que se dio el hallazgo porque la cantidad de víctimas que albergaban en ese centro no compensaba la inversión que desde la SBS se hacía en cuanto al arrendamiento, el local y la comida”, dijo.
Mérida agregó: “Cuando se asumió esta administración, tuvimos una conversación con la Comisión Específica de Trata de Personas y estamos en esa situación de buscar una solución. Naturalmente nos preocupa como guatemaltecos, pero realmente no es la SBS quien lo tiene bajo su competencia”.
La entrevistada argumentó que la SBS tiene la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, al igual que SVET. (Lea el recuadro Rescates y albergues para niñas).
HASTA Q1 MILLÓN 612,800 DE RENTABILIDAD POR VÍCTIMA
Un informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentado este año y denominado “Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Guatemala”, explica que, según estimaciones elaboradas a partir de la categorización con base en el estrato social de los centros de explotación sexual, éstos pueden llegar a tener una rentabilidad anual alta, ya que se estima que las ganancias anuales por cada víctima pueden oscilar entre Q345 mil 600 a Q1 millón 612 mil 800. (Lea el recuadro Centros y costos).
Los centros de explotación sexual pueden tomar forma de: burdeles, barras show, night clubs, spas, salones de masajes, cantinas, cevicherías cafeterías, comederos, cervecerías y casas cerradas.
De acuerdo con los datos, los centros pueden ser de tipo: A, B, C, D y E. Se clasifica a un centro de estrato económico alto o tipo A, cuando está destinado a personas de alto nivel económico, o como es frecuente escuchar, clientes VIP; pueden ser políticos, empresarios y personas extranjeras, narcotraficantes y en algunas ocasiones funcionarios del sistema de justicia, que pueden pagar en dólares un servicio sexual que puede costar más de Q1 mil 600. La rentabilidad anual por una víctima en este centro puede ser de Q1 millón 612 mil 800. Se ubican en las zonas 13, 14, 15 y carretera a El Salvador.
Un centro de estrato económico medio alto o tipo B es destinado a clientes del estrato de consumo medio alto, con ingresos mensuales de Q25 mil a Q61 mil. Los clientes en este caso incluyen profesionales liberales, políticos, empresarios y narcotraficantes. El costo por un servicio sexual en este lugar puede ser de Q800 a Q1 mil 600 y deja una rentabilidad anual de Q1 millón 123 mil 200 por víctima. Estos lugares se encuentran en las zonas 9, 10, 11 y 14.
Los centros de estrato económico medio o tipo C atienden a clientes de clase media; se encuentran en zonas residenciales de clase media, como la colonia Jardines de Utatlán en la zona 7, la colonia Mariscal en la zona 11, así como en las zonas 9, 10 y 2. En el interior del país en las fronteras de Coatepeque, Tecún Umán, o en el área de Jutiapa y Chiquimula. En estos lugares se cobra de Q400 a Q800 por servicio sexual. La rentabilidad anual por una víctima es de Q1 millón 36.
En tanto, un centro de estrato económico medio bajo o tipo D estaría destinado a un cliente de menor poder adquisitivo, de clase media baja que tiene ingresos entre los Q11 mil 900 y los Q17 mil 500 mensuales. Los principales clientes son burócratas, ejecutivos menores de empresas comerciales o industriales, asalariados, agentes viajeros, entre otros. Estos centros se ubican en las zonas 3, 5, 1 y 12. El costo por un servicio sexual es de Q160 a Q400. La rentabilidad anual por una víctima es de Q921 mil 600.
Finalmente, los centros de estrato económico bajo o tipo E son los que presentan la mayor tasa de explotación a las víctimas, “en condiciones sumamente duras de trabajo”. Debido a que los ingresos de los clientes son muy bajos, las víctimas se ven obligadas a prestar un gran número de servicios diarios con graves consecuencias a su salud. Los centros tipo E se ubican en áreas de la capital, como la zona 7, o de gran desplazamiento de tránsito, como Sanarate, Yepocapa, intersecciones de carreteras o la cabecera municipal de Chimaltenango. En estos centros un servicio sexual cuesta menos de Q160 y la rentabilidad anual por víctima es de Q345 mil 600.
Rescates y albergues para niñas
Estadísticas de la PNC indican que entre 2013 y 2016 fueron rescatadas de la explotación sexual 70 personas, entre adultas y menores de edad, hombres y mujeres.
Por otro lado, de acuerdo con Karla Santizo, directora de Albergues Temporales de SVET, esta institución cuenta con tres albergues para niñas víctimas de explotación sexual y trata de personas, los cuales están ubicados en la ciudad de Guatemala, en Cobán, Alta Verapaz y Coatepeque, Quetzaltenango.
Santizo explicó que la capacidad de cada albergue es de 30 personas. La atención de primer orden que se proporciona a las víctimas conlleva en primera instancia atención inmediata, la cual depende del caso: si fue recientemente vulnerada o si han pasado varios días de la agresión. Todas llegan por órdenes judiciales.
Después de recibir atención médica, si la agresión fue reciente, en SVET le dan continuidad al tratamiento médico, y si han pasado varios días, se analiza si la víctima está embarazada, padece desnutrición o VIH; se le da atención en crisis para estabilizarlas emocionalmente.
Posteriormente, cuando la niña se estabiliza emocionalmente, es abordada desde una perspectiva psicológica y social. Una psicóloga la evalúa y determina el tratamiento a darle. En el abordaje social se determina cuál ha sido su situación familiar y el proceso de medidas de protección.
La trata y la prevención
La trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente de Mujeres y Niños, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
En Guatemala es posible sancionar este delito a través del Decreto 9-2009, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación Trata de Personas. La explotación sexual es una de las modalidades de la trata de personas.
En tanto, algunas de las recomendaciones de la PDH indican que el Estado debe promulgar campañas de prevención contra la trata de personas, el Ministerio de la Defensa y la Dirección General de Migración deben coordinar una estrategia que evite que los puntos ciegos sean utilizados para la trata.
Asimismo, la PDH sugiere en su informe, la profesionalización y sensibilización de los actores involucrados en el tratamiento de las víctimas, fortalecer las fiscalías municipales y distritales que investigan casos de trata, entre otros.
