Los registros de la Oficina Nacional de la Prevención de la Tortura dan cuenta que tan solo este año 21 personas fallecieron dentro del sistema carcelario del país. Foto: La Hora/Archivo

POR MARIELA CASTAÑÓN
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Todos los reos de primer ingreso a la cárcel deben pagar una extorsión que internamente le denominan “talacha”. Esta es impuesta por los propios reos que cobran de acuerdo al perfil del nuevo inquilino. No importa si se trata de una cárcel del Sistema Penitenciario (SP) o de la Policía Nacional Civil (PNC), todos están obligados a pagar ese monto ilegal que muchas veces es cobrado tras un primer ingreso. El pasado viernes murió un privado de libertad en una cárcel pública en Baja Verapaz, aparentemente porque no pagó la talacha.

Guadalupe Lemus Blanco murió en el Hospital Nacional de Baja Verapaz, tras ser golpeado en el centro carcelario del referido departamento, el cual es administrado por la PNC.

Magdalena García, esposo de Lemus relató a la PNC que él fue capturado el 15 de septiembre de este año por los delitos de violencia contra la mujer y posesión de licor. El día que fue encontrado sin vida abandonaría la cárcel, tras solventar su situación jurídica.

García dijo a las autoridades que su cónyuge fue golpeado por otros reos que le exigían la denominada talacha, la cual no pagó.

No solo en las cárceles públicas ocurren estos hechos, pues también en las prisiones administradas por el SP; en reiteradas ocasiones se han documentado hechos de esta índole, sin que nadie logre erradicarlos.

El año pasado, sobre las cárceles del SP, La Hora publicó el reportaje “Células de corrupción persisten en las cárceles guatemaltecas”, donde se explicó la denuncia de familiares de reos afectados por una extorsión impuesta por un grupo de presidiarios que exigían Q2 mil por una cuota adicional a la de primer ingreso.

A las extorsiones en los penales se suman otros problemas ya denunciados, como la exigencia de dinero por el alquiler de sillas y mesas plásticas, o hasta una plancha de cemento donde dormir.

La corrupción y la permisividad inician con cuotas ilegales promovidas por los reos y se expanden hasta la promoción de diferentes objetos no permitidos, como teléfonos celulares, Ipads, computadoras portátiles, servicio de Internet, entre otros.

SIN CONTROL

Según los testimonios de los reos, este es un problema que data desde hace muchos años y ninguna autoridad ha logrado erradicarlo, por dos razones: porque reciben parte del dinero ilícito o prefieren no involucrarse.

La Hora consultó al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, por el caso del reo muerto en la cárcel pública de Baja Verapaz y por el destino que llevarían estos centros, sin embargo, no fue posible obtener su respuesta al cierre de esta nota.

PROYECTO DE REFORMA PENITENCIARIA

Hace algunos días, Rivas explicó que en diciembre está previsto que inicie la implementación del proyecto de reforma penitenciaria, el cual consiste en: la graduación de agentes penitenciarios capacitados en República Dominicana, la reubicación de perfiles menos peligrosos en la cárcel de Villa Nueva, aunado a la apertura de la academia para guardias.

La inauguración de esta cárcel, dará paso a la creación de una reforma penitenciaria en las nuevas prisiones, que busca la reinserción y rehabilitación de los reclusos, así como el respeto por sus derechos, explicó el titular de la cartera del Interior.

El proyecto inició con la selección de 100 aspirantes a guardias, que después se redujo a 85. La cantidad de personas que participaron en la convocatoria para guardias penitenciarios fue de 1 mil, explicó el Ministro.

La nueva promoción de guardias administrará la cárcel de Villa Nueva, que es la primera prisión de prevención y reinserción del nuevo modelo del SP.

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