Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
Analistas coinciden que los cambios generados en el último año con los que se podrían propiciar condiciones de reformas encaminadas a reestructurar el Estado son escasos. La participación ciudadana, la transparencia, la cultura de la legalidad, la independencia judicial y la reforma fiscal son algunos de los puntos que analizaron expertos en diversas áreas para medir los avances en el último año.
Una publicación de La Hora Departamental de octubre del año pasado, señalaba al menos 10 aspectos que podrían orientar a una reforma del Estado, como resultado de la petición del G4 que señalaba que se estaba dejando pasar una oportunidad de impulsar reformas que lograran garantizar el combate a la corrupción y la impunidad, y que hasta el momento no ha sido posible.
En este análisis presentamos los 10 puntos expuestos y su avance.
1. Participación ciudadana: se ve positivo que se estén organizando
El año pasado, la desarticulación de la estructura de “La Línea” en abril de 2015, motivó manifestaciones ciudadanas por semanas en todo el país, pero esa participación desapareció luego de la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina.
Javier Soria, integrante del colectivo ciudadano Somos, expresó que es necesario entender que luego de lo sucedido es complicado replicar las manifestaciones ciudadanas del año pasado, aunque los avances ahora competen más a la organización de quienes asistían a las concentraciones en la plaza, aseguró.
“Muchas de las personas que convocaban a la plaza ahora se están organizando, entonces ven una oportunidad más grande de incidir con la organización que salir a la plaza, ahora hay esperanza de que se tendrán las cosas de un punto de vista institucional”, dijo.
La manifestación ciudadana, a criterio del entrevistado, ya no solo se puede ver en la plaza sino que ahora también está presente en las redes sociales.
2. Transparencia en lo público y privado: estamos lejos de la transparencia
Jorge Wong, politólogo de la Universidad de San Carlos (Usac), considera que los avances obtenidos durante este año en temas de transparencia han sido escasos, aunque aseguró se podría decir que es un logro que empresas que le debían impuestos al Estado han pagado lo adeudado.
Wong destaca la labor efectuada por el Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano. No obstante, para el experto son las acciones cuestionables las que pesan más. Si vamos a ver toda la cuestión de transparencia de este último decreto del estado de Prevención, deja mucho que desear, afirmó.
El analista también apuntó que es negativo que el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera se empiecen a “blindar” ante los últimos señalamientos y cuestionamientos que se han hecho. “Sí ellos que son la máxima autoridad actúan así, entonces que podemos esperar de la gente que está más abajo, sin nombrar a la juntita de militares del Presidente”, expresó.
El resultado hasta ahora, para Wong, es que estamos lejos de lograr un nivel de transparencia adecuado. La clase política no sabe cómo gobernar, las propuestas tienen que ir más allá, anotó.
3. Cambiar el modelo económico, las compras y contrataciones y la Contraloría
El analista independiente Renzo Rosal apuntó que los cambios que han transcurrido en el último año en cuanto al modelo económico son pocos aún.
Todo lo que tiene que ver con la estructura económica del país sigue siendo dispar, no equitativo, el asunto sigue siendo calamitoso en ese sentido, expresó.
También añadió que la Contraloría General de Cuentas (CGC), es considerada una institución opaca, “ni siquiera es reactiva, es totalmente defensiva”, pues queda al margen.
Sobre el Gobierno, Rosal aseguró se ha detectado que existe mucha resistencia a los cambios, “es un gran desafío que sigue estando postergado”.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014 (Encovi), del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 59.3 por ciento de la población, se encuentra en situación de pobreza y para 2006 la cifra alcanzó el 51 por ciento en todo el país.
4. Aportes de MP y CICIG
El año pasado Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), aseguró “lo que ahora se ha iniciado como una cruzada contra la corrupción, no solo debe afectar los sectores criminales, sino que también debe establecer una cultura de legalidad en la sociedad”.
La expresión del titular de la CICIG, se traduce entonces en la responsabilidad que cada persona tiene a fin de cumplir con sus obligaciones ante el Estado, es decir de adoptar un posicionamiento apegado al cumplimiento de las leyes.
A decir de Álvaro Pop, del Organismo Naleb, cuando se habla de cultura de legalidad se debería hablar del sinónimo que corresponde al Estado de Derecho, porque cada persona reconoce la necesidad de tener funcionarios probos y de participar, que hasta ahora aún no se ha logrado, “actualmente la gente sigue bajo la lógica de que se puede ser corrupto y no ser descubierto, sigue igual”.
5. Independencia judicial: hay avances
Según Lizandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), si han existido avances que se podrían atribuir a los aportes que ha realizado la CICIG. Acuña señaló que durante el gobierno del PP el sector justicia se encontraba en una “cooptación”.
Para el experto, ahora ya se percibe un mejoramiento en la transmisión de conocimiento para establecer un método de gestión judicial y para profundizar en las investigaciones. Ahora existe una clasificación y se han llevado procesos de alto impacto mayor sustentados.
El tener procesos en contra de diputados y excongresistas, exmagistrados y exfuncionarios es un avance en la independencia judicial, aunque reconoce que hace falta independencia judicial.
“Hay un avance, aunque todavía falta porque no podemos decir que tenemos un sistema de justicia con total y completa independencia, es un proceso que se está dando de transición y que esperamos se logre fortalecer”, expresó.
6. Un pacto fiscal: no existen esfuerzos
Por el momento solo hay ideas y propuestas para la creación de un nuevo pacto fiscal, indica el analista económico independiente, Carlos Martínez, quien considera que no existe esfuerzo para lograr concretarlo.
El experto considera que un pacto fiscal podría significar una salida viable para el problema estructural de la política fiscal, pero también podría significar medidas integrales que podría tomar un Gobierno sin la necesidad del mismo.
Martínez apuntó que existen varios aspectos esenciales en los que se debería avanzar, el primero radica en el gasto público, el segundo consiste en una evaluación de políticas públicas, así como la corrupción que atraviesa todas las instituciones del Estado y del Gobierno central, así como la calidad de las instituciones públicas.
En ese aspecto, el presidente Jimmy Morales presentó una propuesta de reforma fiscal, no obstante la misma fue retirada y recibió varias críticas y rechazo pues establecía un aumento en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), al combustible y al cemento.
7. Reglas claras en la política: aún se esperan cambios profundos en el Congreso
Rosal indicó que aún no se puede decir que existen cambios políticos favorables teniendo en cuenta que los actores siguen siendo los mismos, teniendo en cuenta que el Organismo Legislativo sigue estando integrado por las mismas personas.
La conformación y el tipo de actitudes políticas siguen siendo absolutamente las mismas, han cambiado pero todavía no es un campo sostenible en el tiempo. Aunque ahora es positivo que las acciones que se hacen en el Congreso son más visibles, opinó Rosal.
La atención en las reformas debe ir enfocada en el financiamiento ilícito, comentó. La pregunta es qué tan sostenibles serán con el tiempo, que tan duraderos van a ser y de que va a depender de que pasemos a la siguiente etapa, al tiempo que es necesario se actualice las reformas que el Congreso aprobó, dijo.
El 2 de junio pasado la CICIG y el MP anunciaron las investigaciones del caso Cooptación del Estado, que se constituía como un esquema de maquinaria de lavado de dinero diseñado para captar fondos durante la campaña del Partido Patriota.
Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado PP, señalaron el MP y la Comisión.
8. Servicio Civil y orden en pactos
A consideración de Pop, del Organismo Naleb, desde el año pasado y en lo que va del 2016 no se ha logrado avanzar en la revisión de pactos, porque la Ley del Servicio Civil no logra llegar a toda la estructura de administración pública. Es una Ley que separa las poblaciones y en ese sentido no veo que haya cambios sustantivos, anotó.
El pensar que se han logrado tener avances es erróneo, opinó Pop, quien considera que los pactos colectivos no deberían evaluar a partir de los incrementos y beneficios que los trabajadores tienen.
“La Ley del Servicio Civil no afecta a toda la estructura de Guatemala, pues es una Ley que separa algunas instituciones, no afecta al Ministerio Público, no afecta a la Universidad de San Carlos y no toca al IGSS, no toca al Organismo Judicial, tienen sus propios manuales para contratación de personal”, dijo
En tanto el pacto colectivo del Congreso ha derivado en salarios diferenciados a beneficio de sus más de mil 600 empleados contratados bajo el renglón 011, quienes gozan de un aumento salarial del 10 por ciento cada año.
El mismo fue firmado en 2005 y debió renegociarse en 2008, durante la administración del expresidente Eduardo Meyer Maldonado. Sin embargo, el acuerdo no se concretó porque el exdiputado se vio implicado en un caso de corrupción por el desvío de Q82.8 millones del Congreso hacia la firma financiera Mercados del Futuro (MDF). A este tipo de convenios se suma el de salud y educación.
9. Erradicar la discriminación: no hay avances del racismo estructural
Mario Itzep, del Observatorio Indígena, expresó que es necesario que se logre avanzar respecto al racismo estructural que afecta a los pueblos indígenas, que implica desde leyes hasta la estructura del Estado.
“Se ha demostrado después de 20 años de la firma de la Paz que las ventanillas indígenas no funcionan, por ejemplo la Comisión Presidencial contra el Racismo, requiere un rescate para combatir el racismo y discriminación, a estas alturas se ve una comisión sin planes ni acciones, al margen de partidos políticos”, señaló.
El entrevistado considera que la cooptación del Estado también ha dejado a pueblos indígenas en el olvido y que “la distribución de recursos del Estado no llega a comunidades”. Como evidencia señaló los niveles de pobreza que se concentran en departamentos de mayoría indígena y que reportan un alza en los porcentajes.
10. Explicar en qué consisten las reformas: el G4 debe ser protagonista
Wong, politólogo de la Usac, apuntó que para comprender el proceso de reformas que necesita el sistema, es necesario que el G4, el Procurador de Derechos Humanos (PDH), la Universidad de San Carlos, la Iglesia Católica y una representación de iglesias evangélicas, informen los procesos que existen y sean protagonistas.
“El G4 debe aprovechar para generar una mejor crítica para que los ciudadanos se enteren de cuáles y como son los procesos de cambio, para que se posicionen como el único ente confiable y creíble de todas instituciones, es necesario que aprovechen esa oportunidad y no la pierdan, porque no se sabe qué pasará con el gobierno, la situación es incierta”, indicó.
Wong dijo que no existe otra institución que pueda reunir los cambios y el espíritu de las manifestaciones como lo podría hacer el G4.
Carlos Alvarado Cerezo, rector de la Usac, e integrante del G4, expresó que están conscientes de la importancia del G4 y de su papel en la sociedad por lo que aseguró han contribuido al presentar iniciativas y al estar pendientes de la propuesta de reformas al sector justicia.
“Sí ellos que son la máxima autoridad actúan así, entonces que podemos esperar de la gente que está más abajo, sin nombrar a la juntita de militares del Presidente”.
JORGE WONG POLITÓLOGO“Actualmente la gente sigue bajo la lógica de que se puede ser corrupto y no ser descubierto, sigue igual”.
ALVARO POP –ORGANISMO NALEB-“Hay un avance, aunque todavía falta porque no podemos decir que tenemos un sistema de justicia con total y completa independencia, es un proceso que se está dando de transición y que esperamos se logre fortalecer”.
LIZANDRO ACUÑA –ANALISTA-“Se ha demostrado después de 20 años de la firma de la Paz que las ventanillas indígenas no funcionan, por ejemplo la Comisión Presidencial contra el Racismo, requiere un rescate para combata el racismo y discriminación, a estas alturas se ve una comisión sin planes ni acciones, al margen de partidos políticos”.
MARIO ITZEP, -OBSERVATORIO INDÍGENA-
