POR KIMBERLY LÓPEZ
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Annabella Morfín, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) considera que tiene argumentos válidos para confiar en la buena fe de la empresa APM Terminals, que compró a Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en 2015, antes de que estallara el escándalo por el contrato irregular que esta última celebró con la Empresa Portuaria Quetzal. En vista de ello, y para proteger la inversión de la terminal, es que se decidió llegar a un acuerdo para otorgar un nuevo contrato de concesión a APM, omitiendo el proceso legal adecuado, que sería una licitación internacional.
Usted nos dijo en una entrevista (LH Departamental, 4 de junio de 2016) que el proceso correcto en el caso TCQ era haber realizado una licitación internacional. ¿Por qué ahora no se aplica ese procedimiento, sino que se repite la adjudicación “a dedo”?
Simple y sencillamente, esa declaración la di el día que tomé posesión. Ignoraba en ese momento cuál era la situación que prevalecía en la Terminal de Contenedores y el monto de la inversión que se había hecho en ese momento, que asciende a más de 160 millones de dólares.
Cuando ya se ha hecho una inversión de esa naturaleza, obviamente no se puede abrir a licitación porque, en primer lugar, ya hay una inversión efectuada. La entidad que asumió los derechos sobre las acciones de esa empresa, que es TCB, se evidencia, de acuerdo con los documentos que nos han presentado, que fue una entidad que adquirió de buena fe, y de hecho han venido colaborando con CICIG y MP con documentos que ellos han encontrado dentro de la documentación que ellos recibieron de parte de esa empresa.
Entonces, no es factible entrar a un proceso de licitación por varias razones. La primera es la que ya mencioné: ya había una inversión efectuada. Por otro lado, en este caso en particular, si hacemos una licitación, eso implicaría una pérdida de un año, o un año y medio y ¿quién le daría mantenimiento a toda esa inversión que se ha hecho? Se perdería si no hay un mantenimiento adecuado. Y Guatemala también perdería porque perdería la oportunidad de tener un puerto.
Además, hay una situación que es real: el compromiso de la empresa de aportar toda la documentación que sirva para deducir las responsabilidades penales a quienes incurrieron en los ilícitos que se están investigando. Y por otro lado, también se comprometió a pagar una reparación al Estado por el equivalente al monto de su aportación a la sociedad. Estoy hablando del 85 por ciento de las acciones de TCQ, que ascienden a 43.2 millones de dólares.
Lo que oportunamente se suscitó, y de todos es sabido, es que dentro de este proceso penal se tomó una medida cautelar de extinción de dominio y se nombró un interventor, el licenciado Alexander Aizenstatd. Él tiene como responsabilidad principal el hacer que la empresa funcione para que no se pierda la inversión de los dos lados, que es una inversión muy grande y muy valiosa que no se puede perder.
Él propuso echar a andar la empresa de la manera en que se está haciendo. La propuesta que él formuló, por supuesto me pareció interesante porque no hay otra. Analizamos la posibilidad de la extinción de dominio público y ésta no es viable; analizamos una participación público-privada e igualmente no era factible, desde luego porque teníamos que acudir al proceso de licitación pública. Así que la única vía posible es la que se propuso.
Cuando se lo planteé al señor Presidente le pareció que podía ser una forma de garantizarnos el tener una terminal de contenedores en el Pacífico porque Guatemala no la tiene en términos de eficiencia como es deseable. Además, porque las características de la terminal son de última generación, entonces es una inversión valiosa y además con tecnología que es bastante moderna.
De tal manera, emiten un acuerdo gubernativo y mandó a instruir para que determine la ruta y es lo que he hecho.
Cuando se habla de que en un caso como el de TCQ se opta por un acuerdo, ¿no se envía un mensaje de tolerancia a la corrupción o de que siempre está la opción de llegar a un acuerdo en estas situaciones?
Absolutamente no, por una simple y sencilla razón: los procesos penales continúan en contra de quienes cometieron los ilícitos. Por otro lado, se sigue con el compromiso de la empresa de seguir dando información y asume el compromiso de destituir a los funcionaros consultores que pertenezcan a TCQ y que hubieren participado en estos hechos. Finalmente también se asume el compromiso de que, si las investigaciones de la CICIG y el MP se establece que APM Terminals tuvo participación en esos hechos, el contrato se da por terminado.
Usted mencionaba que “de acuerdo a la documentación que se presentó se determinó que APM era una empresa que tenía buena fe”. ¿Qué tipo de documentación o cuáles fueron las pruebas que presentaron?
Sencillamente entiendo que ellos adquirieron en marzo de este año los derechos, compraron las acciones de TCB en TCQ y fue en abril de ese año que estalla el escándalo de Cooptación del Estado en el que está el de usufructo oneroso. Cuando ellos compraron no tenían conocimiento de toda la situación que estaba siendo investigada por los delitos que se habían cometido y que aparentemente hubo una distribución de 30 millones en beneficios para los funcionarios de turno.
Antes de que ellos hicieran la negociación con TCB, siete meses atrás, la exprocuradora María Eugenia Villagrán había hecho la solicitud de nulidad de ese contrato. Entonces, había un antecedente de que el contrato podría ser ilegal.
Efectivamente, eso fue parte de lo que nos expresó la representante legal de APM Terminals. Ellos habían hecho una recopilación de los dictámenes que habían sido emitidos por la PGN, que habían tenido en cuenta la solicitud que se había hecho de que se declarara la lesividad del contrato al Presidente en Consejo de Ministros y que no había accedido a ello. Eso daba la impresión, entonces, de que el contrato no tenía ningún problema desde el punto de vista de su legalidad.
¿Usted cree que la investigación que se hizo antes de comprar las acciones, tratándose de una inversión millonaria, fue lo suficientemente profunda para determinar alguna ilegalidad en el contrato?
Realmente me estás preguntando algo que se escapa totalmente de mi conocimiento. Obvio que si se va hacer una inversión millonaria hay que hacer muchas investigaciones y entiendo que la hicieron porque pidieron, según me han dicho, dictámenes a bufetes sobre sus criterios jurídicos. Entonces esas bases son las que finalmente incidieron en la toma de decisión de hacer la inversión.
Cuando se solicitó la nulidad del contrato la empresa respondió con acciones contra ese proceso de nulidad. ¿Eso se puede interpretar como no tener buena fe en el proceso?
No, no porque el derecho de defensa es un derecho constitucional. Si uno cree en el contrato que tiene, debe defender sus derechos porque, además, apareja una inversión que se ha hecho. Normalmente cuando se notifica una demanda, lo primero que se plantea son excepciones y fue lo que en este caso hicieron, porque finalmente también hay que entender que para ellos es representar la defensa de sus propios intereses.
Entonces, ¿se puede decir que el Estado confía en la buena fe de APM?
Estamos confiando y ha dado muestras. Por ejemplo, se condicionó a que debe desistir de la excepción de incompetencia para que sea el tribunal que hoy conoce de la nulidad del contrato de usufructo el que finalmente declare su nulidad. Se le pidió el depósito de estos 32.7 millones de dólares y ha efectuado el depósito, ayer nos confirmaron que este ha sido efectuado.
También ha habido un aporte de mucha información a la CICIG, por lo menos los documentos que ellos han encontrado, correos electrónicos, comunicaciones y demás de personeros de TCB con funcionarios de Gobierno y, por consiguiente, hay una contribución a la lucha contra la corrupción. Y para mí lo más importante en este caso es el que han aceptado, el que si hay una evidencia de que APM tuvo participación en los hechos, pierde el contrato. Creo que ahí tenemos una evidencia de que lo está haciendo de buena fe.
En cuanto a la propuesta que hizo el interventor, que usted decía “que es la única opción”, ¿usted tuvo conocimiento de esta propuesta o fue algo que nació de él?
No, la discutimos en varios ocasiones, sobre su viabilidad y la posibilidad de darle una salida al problema, no sabíamos cómo. Esto surgió de las discusiones que se tuvieron para determinar la posibilidad de salvar la inversión que se tenía, porque lo que menos queremos es convertir en museo la terminal, principalmente porque Guatemala no tiene una terminal de esa calidad en el Pacifico y, a partir de la apertura del Canal de Panamá, desde México hasta Panamá, no hay otra en el Pacífico. En México están modernizándose, también en El Salvador y Honduras.
Además, se ha establecido una forma de responsabilidad social empresarial y la empresa tiene que invertir 10.5 millones de dólares en los municipios aledaños al Puerto en obras de beneficio para la comunidad.
Entonces, yo creo que se están tratando de tomar medidas que sienten precedentes. Hemos visto cómo la conflictividad, principalmente en temas como la minería y las empresas que desarrollan la explotación de recursos naturales, no han tenido claridad sobre la importancia de invertir en las personas, en las poblaciones aledañas. Hoy por hoy lo estamos estableciendo como una obligación y creo que es un precedente importante para el país. Además, hay otros factores importantes que considerar.
En este contrato todas las grúas y equipo que se instale en la comunidad deben pasar a la propiedad del Estado de Guatemala. En el contrato anterior las grúas se recogían y se las llevaban, en el contrato anterior también había prohibición de establecer una máquina de Rayos X, ahora es una condición que se establece.
Así que hay muchos aspectos que son positivos para el país.
¿Cómo ha avanzado el proceso de nulidad del contrato TCQ?
Hoy las partes tenían que haber presentado el desistimiento de las acciones previas para que se resuelvan, ese es un extremo que tengo que confirmar en la tarde para determinar para ver si es factible y pertinente que el Presidente presente la iniciativa de Ley ante el Congreso de la República.
¿Se ha estancado este proceso de nulidad?
No se ha estancado, no, para nada. No podemos suspender los procesos. Hubo un conflicto de jurisdicción que se discutió y oportunamente se declaró sin lugar, de tal manera que el trámite no puede suspenderse de ninguna manera. Tiene que declararse la nulidad del contrato de usufructo oneroso, eso es parte de las condiciones.
¿Cómo avanza el análisis de los otros usufructos del Puerto Quetzal? ¿Ya se identificaron irregularidades similares a las de TCQ? ¿Por qué no se han iniciado las acciones por la figura el usufructo?
Prácticamente todos los contratos de la Empresa Portuaria Quetzal que tienen la figura de usufructo oneroso estarían aquejados del mismo vicio de ilegalidad que tiene el de TCQ, porque la figura fue la misma.
Lo que hemos establecido es que muchos de esos contratos son típicos arrendamientos que se convirtieron en usufructos en el 2012 con el afán de aprovecharse del plazo que permitía la autorización que se auto-asignó el interventor con relación al plazo. El plazo podía ser hasta de 25 años; en cambio, el contrato de arrendamiento permite un plazo hasta 5 años.
Lo que estamos haciendo entonces en estos momentos es analizar estos contratos para determinar si son contratos de arrendamiento típicamente, y no hay tercerización de servicios. Lo que corresponde es volverlos a su figura que corresponde conforme a la ley, que es un arrendamiento, y celebrarlos conforme al plazo que según la ley corresponde.
En el caso de los usufructos onerosos, en donde hay tercerización de servicios y que tienen vicios, por supuesto, esos obviamente hay que impugnarlos. Este proceso de impugnación lo iniciaremos cuando terminemos el análisis de todos los usufructos. Son aproximadamente 19 contratos.
¿Cómo avanza el análisis de los otros usufructos de la televisión abierta?
La SIT ha hecho varias entregas. La última entrega consistió en seis leitz, los cuales contienen documentación variada. No logro consolidar la información originaria de esos derechos. Sí están algunas subastas, está documentación que se refiere a las prórrogas que se hicieron de los usufructos, pero no logro consolidar el expediente originario.
Originariamente se tenían concesiones, antes de la Ley de Telecomunicaciones, y lógicamente, de conformidad con la ley, tenían que sustituirse esos títulos de concesiones por títulos de usufructos. Esos expedientes no me los han enviado.
Lo que estoy haciendo es terminar de analizar estos leitz, porque son aproximadamente 2 mil 500 folios los que contienen, y lleva tiempo porque tiene uno que cotejar la información última que nos dieron con la primera que nos habían entregado. Así que estamos en el proceso de análisis.
En mayo de este año la PGN planteó una acción en el MP por un contrato de arrendamiento entre Ferrovías y Cobigua (ahora se llama Chiquita Guatemala). ¿Se ha definido ya si se plantearán medidas administrativas? ¿Qué diferencia hay entre las figuras legales que utilizaron?
Estamos analizando precisamente estos contratos, tanto el 402 como el 120; lo estamos analizando y en breve estaremos tomando decisiones acerca de ellos.
Son dos contratos. El contrato 402 es un usufructo y el 120 es el que contiene un arrendamiento otorgado por Ferrovías a Cobigua.
¿Existe la capacidad financiera y de personal para llevar a cabo estos procesos?
Precisamente eso es parte de nuestros problemas. De todos es sabido que la Procuraduría tiene recursos limitados, un presupuesto sumamente bajo, a pesar de que el Presidente de la República recientemente autorizó, a partir del mes de septiembre, un aumento de Q15 millones a nuestro presupuesto. Aún sigue siendo insuficiente dada la demanda de necesidad de profesionales del derecho para revisar todos los contratos y oportunamente iniciar las acciones legales correspondientes.
Retomando el tema de la revisión de los contratos de canales. ¿Qué pasaría si al revisarlos se determinara que se tiene que buscar anulación de estos contratos? ¿Existiría la posibilidad de que se llegue a algún acuerdo también con los propietarios?
Yo no puedo especular. Me gustaría hablar sobre la base concreta de lo que se establece. Cuando tenga certeza voy a dar una declaración al respecto.
¿Pero estaría en la disposición de nuevamente plantear un acuerdo?
Eso no depende de mí, depende de lo que encuentre. No puedo especular sobre eso ni emitir una opinión a priori sobre el tema, eso sí dependerá de lo que encuentre.
En esa línea de llegar a soluciones, ¿qué pasaría si, por ejemplo, alguien aparece diciendo que le compró a Ángel González, que sus abogados le dijeron que todo estaba bien, que es un tercero de buena fe…?
La verdad es que recetas tampoco es factible aplicar, porque tampoco eso significa que nos vamos a ir por esta línea con todo, eso queda descartado. Lo que es ilegal es ilegal y la ley hay que respetarla, de eso se trata. En realidad, no se trata de sentar un precedente para que nos vayamos por esa vía, sería malinterpretar las cosas. No se trata de eso, de ninguna manera. Depende del caso, yo no puedo prejuzgar a priori. Sería poco serio de mi parte si yo tomo acciones anticipadas sin tener documentos, sin haber analizado la situación, porque cada situación es diferente.
