POR MARIELA CASTAÑÓN
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El Viceministerio Antinárcotico del Ministerio de Gobernación (Mingob) investiga los delitos que ocurren dentro del Barrio El Gallito en la zona 3, el cual, por denuncias de vecinos se sabe que está relacionado con la distribución de drogas, el destierro de propiedades y la imposición del cobro de cable. Las autoridades dicen que buscan recuperar ese lugar.
Óscar Dávila, vicetitular Antinárcotico, explicó que realizan las averiguaciones para identificar los delitos que ocurren en esta zona.
Por otro lado, representantes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), indicaron que las acciones están orientadas a retomar el control de este lugar, a través de operativos, allanamientos y la prevención del delito, que trabajan en conjunto con la Subdirección General de Prevención del Delito.
De acuerdo con la SGAIA, en los últimos meses se incautó droga que era distribuida por narcomenudistas de esa zona y de la misma manera buscan desarticular a estructuras que delinquen en este sector.
Las autoridades reiteraron que la denuncia ciudadana es vital para contrarrestar las acciones delictivas. Las líneas de denuncia son: 1577 y 1561, el primero es el número antinarcótico y el segundo de Cuénteselo a Waldemar.
Según las autoridades, las denuncias pueden ser anónimas para resguardar la integridad de las personas.
EL BARRIO EL GALLITO
Representantes de la SGAIA explicaron que en el Barrio El Gallito hay dos grupos de narcomenudistas que se disputan el territorio, sin embargo, en los últimos meses sus acciones han disminuido por las acciones implementadas.
Sin embargo, vecinos del sector denunciaron que al problema existente, se suma uno nuevo, pues desde este año son oprimidos por un hombre que conocen como “Jimmy”, quien es hijo de uno de los primeros distribuidores de droga del sector que fue asesinado hace algún tiempo.
De acuerdo con los relatos, este hombre ha obligado al cierre de expendios de licor para que sea el único que pueda comercializar el producto, ha impuesto tarifas por el cobro de cable y se ha adueñado de algunas viviendas.
Según las familias, aunque la situación siempre ha sido tensa, con la llegada de este hombre la violencia ha recrudecido, pues pretende infundir miedo.
Las personas afectadas temen que exista complicidad entre miembros de la PNC y del Ejército, que están asignados en esa jurisdicción, ya que a pesar de que son testigos de lo que ocurre no actúan para detener los hechos delictivos.
Sin embargo, los residentes también admiten que no han interpuesto una denuncia formal ante la PNC y el Ministerio Público (MP); argumentan que les temen a los delincuentes.
