POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Marco Antonio Villeda, juez de Extinción de Dominio, deberá separarse de todos los procesos contra bienes relacionados al Caso La Línea y sus implicados, explicaron fuentes del juzgado a su cargo.
La separación del juez fue ordenada por la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, que aceptó una recusación del expresidente Otto Pérez Molina.
Aunque la acción fue interpuesta solo por el exmandatario, el fallo de la Sala también impide que Villeda continúe conociendo los procesos de extinción de dominio contra los bienes de la exvicepresidenta Roxana Baldetti; Juan Carlos Monzón, Salvador Estuardo González y Francisco Javier Ortiz Arriaga, entre otros sindicados.
Bryan Palacios, abogado defensor de Pérez Molina, argumentó que el juez debía inhibirse de los expedientes debido a que emitió una opinión en una entrevista concedida a un medio de comunicación escrito, en la cual condenaba a “todos los implicados en el caso “La Línea”.
“Él (Villeda) no especificó que se trataba de las actividades ilícitas de Salvador de González, sino que condenó a todos los implicados en el caso”, manifestó Palacios, sobre las declaraciones del juez, al afirmar que el dinero embargado González procedía de actividades ilícitas dentro del caso La Línea.
Luego de esta resolución se designó a la jueza Ana Isabel Guerra como la nueva encargada de los expedientes.
BIENES EXTINGUIDOS POR VILLEDA
En fecha reciente, el juez de Extinción de Dominio resolvió pasar a propiedad del Estado una mansión vinculada a Baldetti, ubicada en Los Eucaliptos, carretera a El Salvador, y valorada en Q19 millones. Asimismo, antes de ser recusado, extinguió unos Q2 millones a Estuardo González.
En tanto, entre los bienes incautados a Pérez Molina se encuentran: una finca en Zaragoza, Chimaltenango, tres lanchas y también las autoridades buscan embargarle un helicóptero con matrícula TG-PES.
EL CASO “LA LÍNEA”
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan a Pérez Molina y a Baldetti de liderar una estructura de corrupción que cooptó al Estado entre 2012 y 2015, durante el Gobierno del Partido Patriota.
De acuerdo con las investigaciones, La Línea era una organización criminal dedicada a la defraudación aduanera que operaba en los principales puertos del país, con la venia de funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
