POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
Luego que la fiscal Thelma Aldana anunciará una alerta máxima por las amenazas que ha recibido, analistas opinan que más que un caso individual este asunto debería tratarse como un tema de Estado pues desde siempre, operadores de justicia han sido blanco de este tipo de intimidaciones.
Ayer la fiscal del Ministerio Público (MP) informó que la organización criminal que tiene intención de coartar su trabajo de investigación insiste en realizar un ataque en su contra. Por este motivo, se han reforzado las medidas de seguridad para Aldana.
Sin embargo, el asunto no se limita a los riesgos que atraviesa Aldana sino que también afecta al sistema de justicia, porque introduce elementos de terror en el trabajo de operadores de justicia, opinan analistas consultados.
Según Carmen Aída Ibarra, integrante del movimiento Pro Justicia, el problema de las amenazas contra Aldana debería ser un asunto de Estado.
“Cuando se ejerce violencia contra operadores de justicia sin duda se lesiona gravemente el sistema de justicia en general porque introducen elementos de terror y muchos operadores de justicia se paralizan”, sostiene Ibarra.
La analista también explicó que tanto jueces, magistrados, fiscales y defensores públicos son frecuentes víctimas de este tipo de intimidaciones porque son los que operan el sistema de justicia.
Tenemos la idea de que las amenazas a la Fiscal no afectan solo el trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) sino a todo el Estado, debe ser considerado un asunto de Estado y debería ser tema de análisis en el Consejo Nacional de Seguridad, concluye.
De la misma forma opinó el experto en asuntos de seguridad y justicia, integrante del Centro de Investigación Económicas Nacionales (CIEN), Walter Menchú, quien recuerda que siempre ha existido un sistema de amenazas contra jueces y fiscales. Estas intimidaciones han llegado al punto de concretarse en ataques directos.
Menchú indica que el anuncio que realizó la fiscal sobre la alerta máxima es un problema para el sistema de justicia.
Al final lo que hay que procurar es proteger a los jueces y fiscales, no solo a la Fiscal sino a otros fiscales en casos específicos para que las bandas del crimen organizado no hagan daño, explicó el analista.
