POR KIMBERLY LÓPEZ
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La propuesta de Presupuesto General de la Nación 2017 del Ejecutivo contempla Q14 mil 997 millones 198 mil 358 para el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera más conocido como el Listado Geográfico de Obras (LGO), es decir, Q1 mil 680 millones 692 mil 888 más que el monto asignado para el año en curso. El Ministerio de Finanzas propuso este incremento pese a que por años el LGO ha sido un foco de corrupción del cual se han servido funcionarios públicos, especialmente diputados, sin que la Contraloría General de Cuentas (CGC) pueda fiscalizar de forma efectiva su ejecución.
El LGO incluye las obras proyectadas por las instituciones con el propósito de cubrir las necesidades demandadas por la población en materia de infraestructura. Además, define los recursos que serán utilizados para el equipamiento, la inversión financiera y las transferencias de capital a entidades descentralizadas, autónomas, Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y municipalidades.
Sin embargo, expertos coinciden en que el fin social del LGO se ha desviado debido al uso discrecional de los fondos asignados al mismo. Las irregularidades son más evidentes en el caso del Programa de Inversión Física (obras físicas), utilizado por los diputados del Congreso como botín para hacer negocios en conjunto con empresas, alcaldes y gobernadores.
De los Q1 mil 680 millones 692 mil 888 que se incrementarían al listado el próximo año, Q877 millones 469 mil 292 (el 52.21 por ciento) estarían destinados a obras físicas, uno de los rubros de gasto más cuestionados debido a las irregularidades encontradas todos los periodos fiscales en la ejecución de los proyectos.
En total, el Presupuesto General que propuso el Ejecutivo contempla Q5 mil 712 millones 402 mil 431 para obras físicas, de los cuales Q3 mil 599 millones 635 mil 431 (63.01 por ciento) serían ejecutados por ministerios y Q2 mil 112 millones 767 mil (36.99 por ciento) por Codede.
LOS DIPUTADOS Y EL LGO
El pasado 14 de abril, el Ministerio Público (MP) interpuso ocho solicitudes para retirar la inmunidad de igual número de diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). El requerimiento se hizo con base en una denuncia de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, por supuestas presiones en su contra.
Según se detalló en conferencia de prensa ese día, los oficialistas llamaron a la funcionaria a una citación a puerta cerrada, en contra del procedimiento legal, para obligarla a entregar el poder del Codede a su cargo.
Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señaló que el interés de los congresistas de los Codede reside en que una de sus tareas fundamentales es la planificación de los proyectos a ejecutar a través del LGO.
Estas obras no solo se prestan para la celebración de negocios de corrupción, sino como “incentivo” para obtener curules. Es por ello que, según evidenció La Hora en el reportaje “LIDER, PP y UNE con mayor asignación presupuestaria en Listado Geográfico de Obras”, la mayoría de los proyectos de inversión física no están enfocados en las necesidades de los departamentos, sino que su distribución depende del número de votantes que registre cada uno.
De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, el próximo año los cinco departamentos con mayor asignación de recursos del LGO serían: Quiché, con Q488 millones 863 mil 176; El Progreso, con Q387 millones 964 mil 305; Guatemala, con Q352 millones 585 mil 277; San Marcos, con 306 millones 316 mil 491 y Chimaltenango, con Q249 millones 382 mil 834.
En tanto, los menos beneficiados con fondos serían: Petén, con Q117 millones 232 mil 599; Jutiapa, con Q96 millones 401 mil 169; Chiquimula, con Q91 millones 911 mil 724; Retalhuleu, con Q87 millones 356 mil 786 y Sacatepéquez, con Q81 millones 934 mil 766.
ESCASA O NULA FISCALIZACIÓN
A decir de analistas, la iniciativa de Presupuesto 2017 presentada por el Ejecutivo, en términos generales, no llena las expectativas en cuanto a medidas de transparencia y calidad de gasto, lo cual es preocupante, principalmente, cuando la CGC ha demostrado su ineficacia en la fiscalización del manejo de los fondos.
Según el economista de la Universidad Rafael Landívar, Erick Coyoy, “hay legislación vigente que norma el uso transparente de los recursos, pero no se cumple. Por otro lado, el Presupuesto tampoco aborda medidas contra el derroche en el rubro de gastos no prioritarios”.
Adicional a esto, explica, la CGC no cumple su papel en controlar y fiscalizar el gasto, de tal forma que resulta incierto el destino de los fondos.
En el caso del LGO, indica el analista, la Contraloría debería hacer un seguimiento directo a los proyectos de mayor valor en cada entidad y departamento, y verificar que los pagos que se hacen correspondan con los avances reales en las obras.
Además, según Álvaro Pop, del Organismo Naleb, los espacios de corrupción en el Estado tienen que ver con el hecho de que, muchas veces, quienes deberían ser los garantes de justicia, resultan siendo los corruptores.
El 21 de enero de este año el MP coordinó una serie de capturas por el desvío de al menos unos Q20 millones de la comuna de Antigua Guatemala. Entre los capturados figuraban tres auditores gubernamentales de la Contraloría, señalados por cohecho pasivo e incumplimiento de deberes. Además fue detenido Carlos Alejandro de León Morales, director de Auditoría de Municipalidades de la Contraloría General de Cuentas, por los mismos delitos.
Lo que el caso anterior refleja, según Luis Linares, es que por mucho tiempo ha habido negligencia, tolerancia y complicidad con actos de corrupción.
“Una de las causas por las que existe corrupción es que los ramos de control no cumplen con la función que tienen, o la cumplan con unos y con otros no, es decir, con una actitud diferente cuando no hay un soborno de por medio”, critica el economista.
Linares sostiene la idea de que, especialmente en áreas con fuerte influencia política, la CGC ha jugado un rol ausente en los controles de uso de recursos. Derivado de esto, alcaldes, gobernadores, diputados y otros funcionarios del Ejecutivo se han visto involucrados como corruptores, explica.
“Yo creo que el listado ha sido un desperdicio de recursos. No todo se ha desperdiciado, pero una gran fuente de corrupción son las obras que se dan a los Consejos de Desarrollo; hay gastos no solo realizados en forma anómala con irregularidades, sino que también gastos que no atienden a las necesidades prioritarias”, denuncia Linares.
Frente a esa situación, la sugerencia del analista es suprimir el apoyo a los Consejos de Desarrollo, porque estos también se han desviado de su función como órganos de participación y discusión de los problemas en los departamentos.
FINANZAS “NO PUEDE ASUMIR ROL DE LA CGC”
Respecto a estas críticas, el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, explicó que la propuesta presupuestaria no puede asumir la responsabilidad que debería cumplir la Contraloría.
Estrada aseguró que dicha institución debería jugar un rol activo en el proceso de fiscalización, pues el presupuesto no puede tomar ese papel.
A modo de sugerencia, el ministro dijo que deberían hacerse auditorías más concurrentes, revisar los planes de adquisiciones y compras de instituciones a principios de año para acordar procesos y mecanismos.
Finalmente, Estrada aseguró que en el presupuesto fueron incluidas la mayoría de medidas de transparencia y calidad de gasto sugeridas por los expertos en este tema.
SEGEPLAN EVALÚA CONCORDANCIA CON OBJETIVOS DE GOBIERNO
Según el titular de Finanzas, su cartera tiene un control muy limitado en las asignaciones que los ministerios hacen a las obras de inversión pública; no obstante, la función de fiscalización y control de las obras corresponde a la Secretaría General de Planificación (Segeplan).
“El LGO no lo vemos de forma directa, nuestro rol es limitado en ese tema. Sí verificamos que no haya inconsistencias o montos que no hacen sentido, pero hay un rol importante de Segeplan con el Sistema Nacional de Inversión Pública”, dijo Estrada.
Miguel Ángel Moir, titular de Segeplan, explicó que uno de los filtros que implementarán para evaluar la idoneidad y viabilidad de las obras que sean propuestas por ministerios y por los Consejos de Desarrollo, tiene que ver con la concordancia de estos proyectos con las prioridades de Gobierno.
Según Moir, al evaluar las obras tomarán en cuenta si estas contribuyen o no a las metas de cada entidad.
“En la política general de Gobierno están establecidas las prioridades, que son: educación, salud y seguridad. La instrucción del gobierno es que todo lo que ellos programen esté en ese marco de política”, indicó.
Asimismo, advirtió que otras formas de control están establecidas en el documento de las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Estas contemplan requisitos técnicos y garantizan que para realizar las obras se entregue la documentación básica.
Antes del 15 de julio debía estar listo el proyecto del LGO para adherirse a la propuesta del presupuesto 2017, que será analizada por el Congreso. Mientras tanto, distintas entidades se desentienden del rol que debería tomar la Contraloría. El problema es que mientras se contemplen montos mayores para inversión pública, aumentan también las opciones de que estos no lleguen a su destino, advirtieron analistas.
