POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El caso denominado “Impunidad y defraudación”, en el cual se encuentra vinculada la empresa Aceros de Guatemala por su presunta evasión fiscal por montos millonarios, sigue sin contar con un juzgado asignado; esto, luego de que el pasado 29 de marzo el titular del Juzgado “B” de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, se inhibiera de conocer el proceso.
Según confirmó el titular de la Fiscalía de Delitos Económicos, Andrei González, el Ministerio Público (MP) aún no ha sido notificado sobre qué juzgado será el encargado de realizar las diligencias judiciales.
González manifestó que, hasta la fecha, no tienen conocimiento sobre si el expediente ya se encuentra en el Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial. Lo que corresponde ahora, dijo, es que el caso sea trasladado a esa instancia para que se le asigne un juez contralor.
El pasado 29 de marzo, el juez Gálvez, titular del Juzgado “B” de Mayor Riesgo, se inhibió de seguir conociendo el caso que involucra a la entidad comercial ya que, según argumentó en aquella ocasión, no guardaba relación alguna con el de “La Línea”, por lo que correspondía a otra judicatura realizar las diligencias. Esto, a pesar de que la audiencia de primera declaración ya se había realizado.
La decisión del juez fue impugnada por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien figura como querellante adhesiva, al señalar que, contrario a lo que manifestaba Gálvez, sí existía una relación entre ambos casos.
El fiscal González afirmó: Consideramos de que sí guardan relación -el Caso “La Línea” y Aceros de Guatemala- en virtud de que, si bien es cierto que en el Caso “La Línea” lo que se juzga es defraudación aduanera y en Aceros se juzga defraudación tributaria, o sea asuntos internos, -las operaciones- se realizaban a través de la misma estructura que estaba operando en la administración tributaria y que está procesada en ambos casos.
Por este caso están siendo procesados el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Álvaro Omar Franco Chacón, por cohecho pasivo, y Giovanni Marroquín Navas, por tráfico de influencias y cohecho activo, quien se presume era el vínculo entre la estructura y la SAT.
Las investigaciones
De acuerdo a las investigaciones coordinadas entre el MP, la CICIG y la SAT, se estableció la existencia de una red de corrupción en la SAT, a la cual se encuentra vinculada la empresa Aceros de Guatemala, que defraudó al fisco por la cantidad de 255 millones 612 mil 266 quetzales.
Según dieron a conocer las autoridades, la entidad presentó falsificación de sellos bancarios para simular el pago de impuestos.
El pasado 9 de mayo Aceros de Guatemala canceló lo defraudado, más las multas e intereses, acumulando un total de 790 millones de quetzales.
