POR REDACCIÓN LA HORA
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La empresa holandesa APM Terminals realizó la transferencia de 32.7 millones de dólares para el Estado, por concepto de reparación civil. Esto corresponde a uno de los compromisos adquiridos por la empresa en un acuerdo firmado con el Estado. No obstante, el proceso de nulidad aún está estancado y la vicepresidenta de la compañía, Susanne Marston, indicó que no retirarán acciones contra el mismo hasta que el Congreso apruebe la iniciativa de ley que les otorgue la concesión de TCQ por 21 años.
El depósito se realizó ayer en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), según informó la procuradora Annabella Morfín.
Por reparación civil la empresa tiene pendiente un monto de 10.5 millones de dólares, que serán utilizados en programas de desarrollo social para las comunidades aledañas a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Sobre ese depósito el interventor Alexander Aizenstatd, expresó que es una acción que busca generar confianza por parte de los accionistas de TCQ y que no limita ni interfiere en el proceso de la intervención.
Lo mismo aseguró Morfín, al decir que esto no suponía un bloqueo en el proceso de investigación y deducción de responsabilidades sobre este caso.
Según la Procuradora General, ahora lo que corresponde de acuerdo a lo acordado en el memorandum firmado es que tanto la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) como TCQ presentarán a la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo los memoriales en donde renuncian a las excepciones previas que habían interpuesto para que siga el proceso de nulidad.
Finalmente agregó que los recursos ya depositados se invertirán en salud, educación e investigación criminal.
APM AÚN NO RETIRA ACCIONES
La Hora consultó con APM Terminals respecto a si existe disposición de su parte para retirar las acciones en contra del proceso de nulidad del contrato. En un correo electrónico, la vicepresidenta de APM, Susanne Marston, indicó que: Bajo los términos de los contratos de préstamo de TCQ y otras obligaciones de APM Terminals, no se nos permite retirar la excepción de incompetencia planteada ante la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, sin haber alcanzado las condiciones estipuladas en el Memorándum de Entendimiento, que se firmó a inicios de mes.
Según Marston, “dichas condiciones se cumplen en el momento que el Presidente someta al Congreso de la República la iniciativa de ley de aprobación de la concesión”.
La vicepresidenta de APM indicó que presentarán su consentimiento para que se declare la nulidad del contrato de usufructo oneroso, si el Congreso aprueba la iniciativa de ley para otorgarles la concesión de la terminal por 21 años.
Es nuestro interés que el Congreso apruebe pronto esta iniciativa de ley ya que esto nos permitirá operar TCQ para el beneficio de Guatemala y su gente, puntualizó.
