Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
Alrededor de diez millones de personas estarían en riesgo de ser afectadas por inundaciones y deslizamientos, según cifras oficiales, en un país en donde las tragedias son habituales principalmente en períodos de lluvias. Desde cantón Panabaj, en Sololá hasta El Cambray II en Santa Catarina Pinula, los desastres naturales han dejado decenas de muertos y centenares de afectados.
Ante este panorama, expertos señalan que los desastres se agudizan por la falta de prevención, ordenamiento territorial y la pobreza que afecta a miles de familias que no pueden acceder a una vivienda digna en un lugar seguro.
El próximo 1 de octubre se cumplirá un año de la tragedia que acabó con la vida de 280 personas, según cifras oficiales, en El Cambray II, de Santa Catarina Pínula, en un área que desde hacía dos décadas era considerada de alto riesgo.
Uno de los sobrevivientes a la tragedia, Mario Patzán, contó que vivió junto a su familia en el lugar cerca de 18 años y que estaba consciente del peligro que corría, pues otros vecinos ya se lo habían indicado.
Según relató, cuando se produjo el deslave no se encontraba en el lugar pues había salido junto a su familia a celebrar el Día del Niño y al retornar, sus pertenencias y su hogar habían desaparecido.
“En mi caso, pues no me esperaba lo que pasó, pero dígame ¿Qué puede hacer uno?, yo no tenía más dinero para comprar en otro lado y cuando me vendieron el lugar, pues se miraba bonito y jamás pensé que me quedaría sin casa, aunque afortunadamente nadie de mi familia murió”, dijo.
Patzán refiere que está a la espera de recibir apoyo del gobierno central para ser beneficiado con una de las viviendas del proyecto “Mi Querida Familia”, que se gestionó el año pasado. “Estamos desesperados, nuestra vida dio un giro total, solo esperamos no nos dejen olvidados” anotó.
Sin embargo, hasta el momento los afectados han señalado una nula respuesta del Estado y en ese sentido la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) realizó una visita a la zona cero, a fin de confirmar el posible retorno de familias que habían sido evacuadas.
Priscila García, delegada de la PDH, expresó que durante la verificación se analizó que hay un determinado número de familias que aún reside en ese lugar desde que sucedió la tragedia, quienes a pesar del riesgo se resisten a dejar al lugar.
Por su parte, representantes del comité de vecinos de El Cambray II manifestaron que ya casi ha transcurrido un año desde que ocurrió el deslave y señalan que aún no ven respuesta de las autoridades ante la necesidad de una vivienda. El proyecto habitacional no se entregará el 5 de diciembre, sino que será tentativamente en febrero o marzo del próximo año.
De acuerdo con información de la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), unas 149 viviendas están en proceso de escrituración en el proyecto “Mi Querida Familia” para la entrega a los damnificados, de un total de 181 casas y de estas 20 están en trámite para iniciar con la escritura.
PANABAJ, SOLOLÁ, ES UN CAMPOSANTO
Diez años antes, el paso del huracán Stan en 2005, también dejó el recuerdo de la muerte en varios sectores del interior del país, aunque fue en Sololá en el cantón Panabaj donde las lluvias marcaron una estela de dolor.
La mezcla de los días lluviosos logró saturar los suelos en Panabaj y eso hizo que un deslizamiento de tierra sepultara las viviendas del lugar. En cuestión de segundos el lugar desapareció. La mayor parte de la población que residía en la parte alta del lugar murió soterrada, de acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
La Conred contabilizó que a nivel general en Sololá 271 personas murieron. Aunque no precisan el dato exacto de los fallecidos en Panabaj, el relato de sobrevivientes en cambio señala que fueron decenas las víctimas, pues varios de los cuerpos de sus familiares no fueron localizados. Hoy Panabaj es un camposanto, donde ahora solo quedan los restos de la tragedia.
Si bien el caso de Panabaj quedó plasmado en la vida de los sobrevivientes, hoy miles de familias aún viven en zonas de riesgo expuestas a que cada año se repita la historia, teniendo en cuenta que la institución estima que hay un aproximado de 8,200 puntos de riesgo en todo el país y que existen unos 497 asentamientos.
GUATEMALA, CUARTO PAÍS EXPUESTO A DESASTRES NATURALES
David de León, vocero de la Conred, enfatizó que Guatemala es el cuarto país en el mundo expuesto a riesgos por desastres naturales. Esa institución considera que en el país se ha generado una serie de vulnerabilidad y que se debe mejorar la educación de la población, enfocándose en la cultura de prevención como factor principal.
De León considera que el plan de ordenamiento territorial es clave, a fin de evitar que las personas lleguen a habitar en áreas catalogadas como de riesgo.
Lastimosamente las condiciones de peligro que se han creado son mucho más, incluso a diario hay creaciones de más condiciones o factores, el tema de prevención avanza, pero es lento comparado con la construcción del riesgo que hacemos todos los días, indicó.
El vocero de la Conred, agregó que en muchas ocasiones las personas deciden construir sus viviendas en orillas de ríos y eso representa un peligro porque al ocurrir lluvias fuertes el caudal puede afectar las viviendas y poner en peligro la vida de las personas.
Según esa institución, hay 10 millones 311, 694 personas expuestos a inundaciones, en los departamentos o municipios más vulnerables como lo son Santa Rosa, Jutiapa, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Petén, Huehuetenango, Baja Verapaz, Quiché, Izabal, Zacapa, El Progreso, Guatemala y Alta Verapaz.
Por otro lado, al menos 9 millones 242,196 de personas se encontrarían expuesta a deslizamientos. Solo en la ciudad capital hay alrededor de 400 mil familias en riesgo, según el viceministro de Vivienda, Carlos Barillas.
Dentro de los aspectos señalados por analistas para que las personas residan en zonas de alto riesgo están los niveles de pobreza, pues muchos guatemaltecos no tienen los recursos necesarios y se ven obligados a vivir en asentamientos y lugares inhabitables. (Ver Recuadro “Pobreza se concentra en áreas rurales”)
NECESIDAD DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La falta de aplicación de un plan de ordenamiento territorial es para José Florentín Martínez, director del Centro de Estudios Urbanos (Ceur), una de las debilidades del país, pues señala que son pocas las municipalidades que lo han implementado. Además indica que la necesidad hace que las personas residan en lugares de riesgo.
“La ocupación del suelo se puede hacer en diferentes vías: La tradicional es que se ve el mercado de oferta de viviendas, el mercado mobiliario, es decir, el que provee casas y lo está haciendo pero están dedicadas a las personas que tienen recursos. ¿Pero qué pasa con la población que no alcanza esos niveles de ingresos? Ellos se dedican a buscar una alternativa porque tienen que hallar en donde vivir y entonces muchas veces encuentran ofertas de terrenos que no tienen las condiciones”, expresó.
Además el director del Ceur advirtió que los lugares como pendientes no deben ser considerados para construir una vivienda, pues son propensos a derrumbes teniendo en cuenta que el país es altamente sísmico. Varias áreas son atravesadas por fallas geológicas, hay que mencionar que muchas veces también no se recurre a un profesional para elaborar la construcción, sino que se autoconstruye anotó.
A criterio del entrevistado, también es necesario modificar el papel de la Conred, porque esa institución puede declarar un lugar como inhabitable pero no tiene la capacidad para realizar un desalojo.
Ellos se quedan en la asistencia o en algunas acciones de prevención de riesgos y ese es el problema. Es necesario hacer una reforma, y desde aquí de la Universidad se harán los planteamientos necesarios. El año pasado, a raíz de lo ocurrido en el Cambray II, se prometió que se trabajaría en hacer una propuesta a la Ley de Conred para que las funciones sean complementarias, afirmó.
Finalmente el entrevistado señaló la existencia de un déficit en el tema de prevención, pues las instituciones son más reactivas pues actúan después de los hechos, y no previo a que sucedan los incidentes.
8 MILLONES DE PERSONAS SIN VIVIENDA DIGNA
El economista Jorge Santos del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) señala que las cifras de pobreza y desastres reflejan la desigualdad, porque fuerzan a las personas a buscar viviendas en zonas de riesgo. Se estima que en promedio unos 8 millones de habitantes en el país no tienen acceso a una vivienda digna.
En este país lleno de desigualdades la población empieza a buscar mecanismos que permitan el desarrollo de sus condiciones de vida, por lo tanto se ve que desde la década de los 70 los asentamientos humanos empezaron a darse en barrancos y laderas, evidentemente nadie va querer vivir en un lugar donde hay condiciones de vulnerabilidad extrema”, dijo.
Santos, advirtió que ante la falta de propuestas y soluciones los riesgos siguen en aumento y las probabilidades de que ocurran este tipo de incidentes aumenta. El analista afirmó que la respuesta del Estado ante eventualidades en los departamentos es diferente.
Por ejemplo, una única vivienda en carretera a El Salvador que produce un deslizamiento de tierra de dimensiones colosales, no pasó más de una semana sin que tuviera una alternativa, pero si esto ocurre en otra área del territorio nacional las condiciones de respuesta hubieran sido muy diferentes”, anotó.
Ronalth Ochaeta, experto en políticas públicas, dijo que cuando se habla de tragedias en desastres naturales se debe considerar el trabajo en prevención que realizan las instituciones como Conred, aunque también implica un adecuado ordenamiento territorial.
“Prevención no solo es Conred, ellos previenen desastres, pero va más allá en el tema de la falta de ordenamiento territorial. De los más de 340 municipios, creo que solo tres tienen un plan de ordenamiento territorial, eso es terrible”, opinó.
CRÉDITO PARA VIVIENDAS
El presidente Jimmy Morales ordenó la conformación de una comisión para atender la situación de riesgo en la que viven guatemaltecos. La comisión estaría integrada por el comisionado presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, el Ministerio de Comunicaciones, Defensa y el Fondo Guatemalteco para Vivienda.
Según el viceministro de Vivienda, además de la conformación de dicho equipo de trabajo, existe ya una propuesta de política pública que contempla un préstamo con el Banco Centroamericano para poder sacar de asentamientos a las familias en riesgo a partir del segundo semestre del próximo año.
Dicho crédito ya se ha abordado con el Ministerio de Finanzas y podría tener un valor de hasta 100 millones de dólares.
Por otro lado, el comisionado presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, Enrique Godoy, aclaró que las funciones de la comisión que se conformará no se limitan a atender las emergencias que han surgido, sino que se trata de un esfuerzo de prevención.
“Se busca evitar que se sigan poblando las áreas de alto riesgo del país para disminuir el riesgo potencial de familias”, dijo Godoy.
En esa línea, Godoy explicó que detrás de cientos de familias que viven en condiciones de peligro hay negocios “morbosos” de invasores de propiedades. Por ese motivo, parte de lo que las autoridades buscan es volver “homicidio culposo el hecho de que se invadan tierras de alto riesgo”.
CIFRAS
10, 311, 694 de personas están en riesgo a inundaciones.
9, 242,196 estarían expuestos a deslizamientos.
8,200 puntos de peligro han identificado en la Conred.
400 mil familias de la capital están en riesgo.
1,434 han sido las víctimas de desastres naturales desde 1998 a la fecha.
POBREZA SE CONCENTRA EN ÁREAS RURALES
Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2015 (Encovi), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en las áreas urbanas los pobres representan el 42.1 por ciento de la población pero en las áreas rurales son la mayoría, el 76.1 por ciento.
En 2014 se contabilizaron 9 millones 373 mil guatemaltecos que viven en situación de pobreza, un equivalente al 59.3 por ciento de la población mientras que en 2006, ocho años antes, la pobreza alcanzaba al 51 por ciento del país.
El año del estudio se determinó que en los departamentos de Alta Verapaz, Sololá y Totonicapán se registraron los niveles más altos de pobreza (83.1 por ciento, 80.9 por ciento y 77.5 por ciento), mientras que los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla registraron los más bajos (33.3 por ciento, 41.1 por ciento y 52.9 por ciento).
