POR MARIELA CASTAÑÓN
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Un promedio de 400 reos son trasladados mensualmente a los hospitales del país, en tanto, la inversión en gasolina por esos movimientos asciende a Q11 mil 200 por mes, según el Ministerio de Gobernación (Mingob). Los riesgos y la violencia perpetrada en los últimos meses han llevado a la implementación y fortalecimiento de seis clínicas en las cárceles, que buscan reducir la cantidad de traslados.
SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo con el Sistema Penitenciario (SP), 17 de 21 cárceles poseen clínicas o áreas de atención médica, y en los primeros ocho meses del año han realizado 66 mil 99 atenciones primarias médicas y deontológicas. Estas no estaban fortalecidas con personal e insumos.
Rudy Esquivel, portavoz del SP, explicó que las atenciones primarias consisten en las asistencias por problemas estomacales, laceraciones, infecciones, enfermedades respiratorias, entre otras. Estas diligencias estuvieron a cargo de 7 médicos, 20 enfermeros de turno y 4 odontólogos.
Esquivel explicó que un 95 por ciento de los traslados a hospitales se realizan por orden de juez. Diariamente se estima que se dan entre 20 a 30 traslados de reos en todo el país; a la semana el promedio de traslados es de 100 a 110 y al mes de 400. (Lea el recuadro ¿Cómo se autoriza un traslado?).
El portavoz admitió que, debido a la demanda de asistencia médica para más de 20 mil privados de libertad, es necesario que algunos salgan, principalmente aquellos que necesitan ser tratados por especialistas.
Datos del Mingob refieren que un promedio de Q400 se invierte diariamente en gasolina solo para el traslado de reos a hospitales; el monto se traduce en Q2 mil 800 semanales y Q11 mil 200 mensuales.
Por otro lado, el Ministerio de Salud informó que solo en el Hospital Roosevelt y en el Hospital General San Juan de Dios (HGSJDD) atienden diariamente a por lo menos 5 privados de libertad.
La cartera de Salud detalló que tras recientes acontecimientos de violencia, la titular de ese ministerio, Lucrecia Hernández Mack, instruyó fortalecer la atención médica en algunos centros penitenciarios; de esa cuenta, hay dos especialistas: uno en la cárcel de mujeres Santa Teresa y otro en la Granja Penal Pavón.
Los datos oficiales refieren que entre enero y agosto de este año una doctora gineco obstetra del Ministerio de Salud realizó 1 mil 688 consultas en Santa Teresa, mientras que en Pavón un médico especialista efectuó en el mismo período de tiempo 1 mil 435 consultas. En total se brindaron 3 mil 123 asistencias en las cárceles, con las que se evitó el traslado de privados de libertad.
Representantes de esa cartera indicaron que buscan solucionar el problema en conjunto con el Mingob; pretenden que los traslados se efectúen cuando realmente sea necesario. (Lea el recuadro Evaluaciones médicas a reclusos).
EL RASTRO DE LA VIOLENCIA
El pasado 9 de septiembre fue asesinada Ana Leonor Guerra Olmedo, relacionista pública del HGSJDD. Aunque ya fue detenido el autor material del crimen y las investigaciones continúan para esclarecer la muerte violenta, una de las hipótesis que manejaron las autoridades estaba relacionada a la molestia de reclusos por la negativa del personal médico para atenderlos en ese centro.
El crimen de Guerra Olmedo fue vinculado con esa probabilidad debido a que el 6 de septiembre, Adriana María Morales Medina fue detenida dentro del nosocomio por portar un arma de fuego, con la que, según las autoridades, daría muerte o rescataría al reo Osmán René Coronado Martínez, miembro del Barrio 18.
De acuerdo con el Mingob, debido a que la acción delictiva fue frustrada y las manifestaciones de temor fueron expuestas por parte de los médicos para dejar de atender a los reclusos, se sospecha que miembros de las pandillas habrían atentado en contra de Guerra Olmedo.
En tanto, este no es el único caso que se documenta sobre los riesgos en el traslado de reos a centros hospitalarios, ya que el pasado 26 de agosto un atentado ocurrió frente a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc).
En esa ocasión murió el recluso Gerber Alejandro Calderón Meza, integrante del Barrio 18 y quien esperaba ser atendido. También fallecieron el guardia del SP Romeo Lem Cal, el enfermo renal Antonio Samayoa Acosta, y el lavador de vehículos Edwin Rolando Prieto López. Dos días después murió uno de los supuestos atacantes identificado como José Rigoberto Vásquez.
Por otro lado, el 10 de marzo del año pasado, un atentado ocurrió frente al HGSJDD y provocó la muerte de Kimberly Marleny Ruano Cordón, Modesto Ambrocio Esteban González, María Romero Saravia y Domingo Ignacio Coc Alvarado, además de dejar 30 personas heridas.
Según las autoridades, el hecho de violencia ocurrió por represalias en contra del SP, por suspender las visitas y encomiendas en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18.
PROYECTO DE CLÍNICAS
La Hora consultó al viceministro administrativo del Mingob, Mario Álvarez Galán, sobre el proyecto de las clínicas a implementar próximamente. El funcionario explicó que seis clínicas se implementarán en espacios que ya están creados, mientras que otras deben mejorarse.
De acuerdo con Álvarez, la intención es contar con seis clínicas en diferentes centros carcelarios; entre estos: el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, la cárcel de Santa Teresa, Pavoncito, Pavón, Cantel y la Granja Penal Canadá. Las primeras cuatro en mención se prevén implementar este año.
Los padecimientos que atenderán estos lugares son: infecciones, golpes, malestares estomacales, dengue, chikungunya y tuberculosis.
El entrevistado dijo que en el Preventivo habrá capacidad para atender a 25 pacientes diarios; en Santa Teresa, 10; en Pavón, Canadá y Cantel, 20 y Pavoncito, 15.
Las estimaciones de la inversión serán de: Q200 mil en infraestructura, Q300 mil en implementación, Q500 mil en medicamentos, Q115 mil en material médico quirúrgico menor, Q30 mil en equipo médico, así como Q5 millones en “otros equipos”.
Álvarez dijo que buscarán 3 doctores y 3 enfermeros para cada clínica. En el caso del Preventivo y Santa Teresa, se buscaría optimizar recursos humanos y que ambos profesionales presten sus servicios en esas prisiones, que se encuentran en el perímetro de la zona 18.
En las estimaciones del proyecto también están considerados los salarios de los médicos y asistentes.
Al viceministro se le consultó sobre cómo obtendrán los recursos para implementar el proyecto, y explicó que lo harán reordenando los recursos. Recordó que en esta línea también lograron otorgarles un bono de Q700 mensuales a los miembros de la PNC desde julio pasado.
“Tenemos que hacer un reordenamiento de los recursos, recuerde que para ser eficaces debemos priorizar los gastos y si hoy se nos presenta esa prioridad tenemos que ver qué hacemos para el reordenamiento de las finanzas y tener el techo presupuestario para estos gastos. Recuerde que el Mingob tiene 37 unidades ejecutoras y algunas economías que se tengan en una de estas tendrán techos disponibles para reorientar a esos proyectos que no son de infraestructura, sino de remoción, porque ya existen, sino únicamente darle el uso”, dijo.
De acuerdo con el funcionario, en cuanto a los medicamentos tienen un monto asignado para ello, pero aún deben realizar algunos análisis sobre la adquisición.
“Tenemos como Q550 mil para medicamentos, ahí tenemos que ir en el proceso de compras, cumpliendo con las contrataciones, dependemos de qué nos ofrezcan, a precios accesibles. La dinámica con los medicamentos es sacar las cotizaciones o realizar una compra directa, y si está a precios razonables se harán las compras en la medida de lo posible. Es un proyecto que necesita bastante dedicación y nuestros esfuerzos están en viabilizarlo lo antes posible. En este caso lo que corresponde es solicitarle al Ministerio de Finanzas la cuota financiera”, indicó Álvarez.
El vicetitular de Seguridad dijo que en cuanto al salario de los médicos y enfermeros buscarán una solución en las mesas técnicas que se discuten en conjunto con el Ministerio de Salud, aunque dijo estar consciente de que el compromiso de contratación es del Mingob.
El funcionario concluyó que en este proyecto también esperan contar con algunas donaciones.
¿Cómo se autoriza un traslado?
Ángel Pineda, portavoz del Organismo Judicial (OJ), explicó recientemente a La Hora, que el procedimiento para trasladar reos se hace con base en lo que establece el Código Procesal Penal, la Ley del Régimen Penitenciario y la Ley Orgánica del Inacif. Asimismo, indicó que los jueces atienden las peticiones de los reos que requieren traslados a hospitales.
“El Código Procesal Penal regula que todos los sujetos procesales pueden hacer un requerimiento en ese sentido, incluso para una audiencia en específico. De esa cuenta, si de alguna forma la persona reclusa necesita atención médica puede ser en dos circunstancias: una de manera regular por alguna enfermedad o por chequeo, o cuando sucede una situación de gravedad”, refirió.
Según Pineda, debido a que Presidios carece de un lugar específico para atender a los privados de libertad, deben ser llevados a un hospital.
“Existe la obligación de parte del Sistema Penitenciario de tener dentro de los lugares de privación de libertad alguna especie de lugar para que las personas puedan ser atendidas; sin embargo, hay situaciones médicas que ameritan el traslado a un centro hospitalario. Cuando se solicita hay dos circunstancias que la Ley obliga a tener en cuenta; uno es el dictamen del médico forense y el otro la autorización del Ministerio Público”, dice el portavoz
El funcionario agregó: “Lo que utiliza el juez para eso es el dictamen o el peritaje del médico del Inacif y que no exista una oposición por parte del MP; con esas dos circunstancias el juez no debiese denegarlo. Puede existir alguna circunstancia con que el juez no esté de acuerdo con el peritaje o pida otro, pero me decían que en la práctica casi no se da porque confían en la capacidad del médico que está desarrollando el peritaje”, indicó Pineda.
Evaluaciones médicas a reclusos
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entre enero y agosto de este año realizaron 6 mil 214 reconocimientos médicos para determinar el estado de salud de las personas. De esta estadística, el 80 por ciento corresponde a privados de libertad, quienes requirieron una evaluación para justificar su traslado a un centro asistencial.
Los datos refieren que de las 6 mil 214 evaluaciones, 4 mil 199 correspondían a hombres y 2 mil 15 a mujeres.
