Por José del Águila
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Esta mañana, integrantes de los sindicatos de trabajadores del Congreso se presentaron ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal para solicitar que se agilice la denuncia interpuesta contra el presidente del Congreso, Mario Taracena, la Junta Directiva y el departamento de Recursos Humanos de ese Organismo por la supuesta retención ilegal de sus salarios.
Según manifestó Isabel Godínez, secretaria de Actas de acuerdo del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor), a los medios de comunicación, las razones de la denuncia se deben a que se han retenido sus salarios ilegalmente y se ha destituido a mujeres que se encuentran en estado de gestación. La denuncia fue interpuesta el pasado 6 de agosto
“Hay personas en estado de gravidez y en periodo de lactancia que están siendo objeto de destitución y eso es ilegal”, expresó Godínez.
A la denuncia también se adhirió Magda Camey, secretaria de trabajo de conflictos del Sindicato General de Empleados del Congreso de la República (Sigecor), quien afirmó que con las medidas adoptadas por ese organismo se están violando garantías constitucionales.
De acuerdo a las declaraciones de las trabajadoras, la denuncia se interpuso por abuso de autoridad, discriminación, retención ilegal del salario y violencia psicológica y económica.
El pasado 19 de enero Taracena publicó el listado de trabajadores que se encontraban contratados bajo el renglón 011, así como sus respectivos salarios. De esta manera, se documentó que conserjes y asesoras ostentaban sueldos que alcanzaban los Q30 mil; esto, derivado de un pacto colectivo en el que se establecía que los trabajadores recibirían aumentos anuales del 10% sobre sus ingresos mensuales.
Ante esto, la Procuraduría General de la Nación y Ministerio de Trabajo acordaron que el pago no debía hacerse sobre el salario total, sino sobre la base con la que fueron contratados.
La denuncia de los Sindicatos se deriva luego de que la Junta Directiva presidida por Taracena anunciara en julio pasado recortes salariales en un lapso de cinco meses.
Además, se anunció que se realizarían despidos de trabajadores en ese organismo contratados en el renglón 011, pues muchos de ellos devengaban altos salarios a pesar de no tener un lugar de trabajo.
En esa ocasión, miembros de los distintos sindicatos de ese Organismo calificaron las acciones tomadas por Junta Directiva como ilegales, ya que no existía una orden judicial que respaldara las medidas adoptadas.
Asimismo, anunciaron que, de proceder con los despidos y descuentos salariales, se procedería legamente contra las personas encargadas de realizar los descuentos.
