POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
Según la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), actualmente hay 172 prestadores de seguridad privada que poseen 70 mil 437 armas de fuego y 50 mil guardias –número que rebasa en cantidad a la Policía Nacional Civil (PNC) que posee 35 mil 400 integrantes-, lo que a criterio de analistas en seguridad es urgente se tenga control sobre las empresas privadas, principalmente por los últimos acontecimientos relacionados con la delincuencia organizada y que involucra a algunos miembros de la seguridad privada.
LOS CASOS Y LA URGENCIA DE CONTROL
El pasado 12 de septiembre, una balacera se registró en la zona 7 y provocó la muerte de un civil y un agente de la PNC que estaba de descanso. En esa ocasión fueron capturados dos adolescentes involucrados en esos hechos. Ellos viajaban en un vehículo, el cual en su interior tenía fusiles de asalto y dos chalecos blindados con el logotipo de la empresa de seguridad Secure Solutions S. A. G4S.
Las pesquisas están en curso, sin embargo, no pasa desapercibido que sea la segunda vez que aparece indumentaria con el logotipo de G4S, ya que el 26 de agosto un presunto atacante de un reo y tres civiles también portaban un chaleco con esa identificación. La entidad GS4 fue consultada por La Hora y dijeron sentirse sorprendidos por tales hechos.
En tanto, el pasado 4 de septiembre, la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la PNC evidenció como cinco civiles y un guardia privado de la empresa de seguridad Servicios Profesionales de Vigilancia, S.A., de nombre comercial SECUR, pretendían secuestrar a un empresario de un restaurante de comida rápida. (Lea el recuadro Otros casos).
La banda fue denominada por la PNC como “Regiones”, debido a que sus integrantes eran de diferentes áreas del país. Una característica de la estructura era que reclutaba a trabajadores de seguridad privada para obtener información de empresas y propietarios.
La Hora consultó el estatus de la empresa SECUR en Digessp y se explicó que ya cumplió con el artículo 67 de la ley, Adecuación Legal; sin embargo, el guardia no estaba acreditado, es decir que no se había sometido a pruebas jurídicas, metodológicas, humanísticas, de seguridad industrial y de primeros auxilios.
De acuerdo con analistas en seguridad, estos y otros casos que probablemente no se han hecho públicos, son un indicador importante para ejercer controles verdaderos en la seguridad privada, además de exigir el cumplimiento de la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus Reglamentos, que entró en vigencia en el año 2010.
A criterio de Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), se deben implementar controles sobre los prestadores de seguridad a través de las supervisiones.
“El tema de las empresas de seguridad privada es bastante delicado, porque a través de ellas se pueden surtir los criminales de diversos objetos como chalecos y armas, u obtienen información. La industria de la seguridad privada debe empezar por tener mayores controles de acceso, mejorar sus filtros de reclutamiento y tener una supervisión constante de las personas que contratan”, explicó.
Según Menchú, una de las principales preocupaciones de esta situación es la cantidad de armas que poseen los prestadores de seguridad y la escasa regulación sobre las mismas.
“Si no se controla el tema incide en la seguridad del país y al final beneficia a esas empresas. En un lugar tan inseguro como Guatemala se demanda la mayor cantidad de estos servicios. Por otro lado, se debe fortalecer a la Digessp y dar seguimiento y ejercer controles estrictos sobre las armas que manejan estas empresas, incluso hace algún tiempo se supo que cerraron una de estas empresas porque no tenían registradas las armas en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam)”, argumentó el profesional.
Por otro lado, Édgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) manifestó su preocupación por el papel que pueda ejercer Digessp, ya que a su criterio, es difícil que controle a los prestadores de seguridad y lo que poseen.
“¿Quién ejerce el control sobre las armas? ¿quién nos asegura que las armas que se utilizan en la mañana para montar vigilancia no se usan en las noches para asaltar? El problema es de muchas décadas. La seguridad se convirtió en un negocio y no es y no debe ser un negocio, es un bien o servicio público, y el Estado renunció al monopolio legítimo de la fuerza, lo concesionó y se crearon todas estas empresitas, propiedad de exmilitares que funcionan sin control”, lamentó Celada.
El entrevistado demandó mayores controles a Digessp, que es la entidad que debe exigir a las empresas que cumplan con lo que demanda la normativa vigente.
RADIOGRAFÍA DE LA SEGURIDAD PRIVADA
América Estrada, directora de Digessp, informó que actualmente están registrados 172 prestadores de seguridad privada, de los cuales 105 funcionan con licencia y 67 están en proceso de adecuación legal. Sin embargo, la funcionaria consideró que este año será difícil que todas las empresas pendientes de adecuarse, lo hagan.
La entrevistada explicó, que las empresas poseen unas 50 mil personas trabajando en la seguridad privada, en tanto, 11 mil 336 guardias están acreditados, así como 715 guardias de propiedades rústicas, 384 escoltas, 18 vigilantes y 9 investigadores privados.
Además, hay 70 mil 437 armas que están en poder de los empresarios de seguridad privada.
Según la directora de Digessp, han realizado supervisiones a las empresas; antes de que asumiera la Dirección no se había registrado ninguna diligencia de esta índole.
“Las verificaciones son las que hacemos a los centros de servicios, es decir dónde están los guardias de seguridad privada. Antes del 2 de febrero, que fue cuando tomé posesión junto al señor subdirector, no se estaban realizando verificaciones. Nosotros retomamos el tema e implementamos un protocolo, y a la fecha hemos realizado 27 verificaciones en diferentes centros de servicios”, explicó.
La profesional agregó: “Nosotros como Dirección estamos en la obligación de verificar que los empresarios estén cumpliendo con lo que la ley establece y los reglamentos. Nosotros vamos a los centros a verificar los documentos de ley que debe tener el guardia: la credencial o acreditación que nosotros damos en la Dirección, luego debe tener un carné de acreditación del arma que lo extiende Digecam y una credencial de arma de fuego.”
A criterio de la funcionaria, la forma de mantener el control de los servidores de seguridad privada es a través de las supervisiones, aunado a la entrega de la información requerida por el MP, la PNC y la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici).
“La primera responsabilidad es del empresario, que es el responsable directo de quién está contratando, pero ante los últimos acontecimientos, que es lo que me pregunta, nosotros estamos trabajando desde el primer día en los centros de servicio, en supervisiones de las empresas de seguridad privada que están obteniendo licencias por adecuación o nuevas. No hemos otorgado ninguna licencia sin realizar la supervisión preliminar. Esos son los controles que estamos tomando”, afirmó Estrada.
La directora refirió que ha fortalecido su equipo de trabajo para realizar esas verificaciones. De esa cuenta también se suman 51 supervisiones ordinarias, en las que se busca tener el control del armamento. Aunado a ello, advirtió a los prestadores de seguridad que llegarán a efectuar las supervisiones que demanda la ley, y por las cuales fueron notificados por la Contraloría General de Cuentas (CGC), ya que no se estaban cumpliendo.
“No hemos llegado a la totalidad de las supervisiones, pero así lo saben los empresarios, que las supervisiones llegarán a todas las empresas por ser un hallazgo de la Contraloría y por ser una función legal que la ley establece, y solo a través de las supervisiones el Estado puede tener el control de las armas”, afirmó.
Según Digessp, han abierto canales para agilizar los trámites de los procesos de adecuación. De enero a septiembre han acreditado a 2 mil 225 guardias, continúan con las supervisiones diarias y han interpuesto 17 denuncias ante el MP por diferentes causas relacionadas a hechos ilícitos.
INVESTIGACIONES
Klayber Sical, Fiscal de Sección Adjunto de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del MP, fue consultado por algunos casos que involucran a la seguridad privada con hechos delictivos y explicó que trabajan en las pesquisas. Aclaró que no se puede decir que todas las empresas o agentes estén involucrados en hechos delictivos, pero no negó que han existido casos en los que sí hay involucramiento de algunas empresas y/o agentes.
El fiscal aseguró, sin precisar en cantidad, que existen investigaciones sobre delitos que vincularían a miembros de la policía privada.
Algunos casos son investigados por la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, la cual se creó específicamente para combatir el tráfico ilegal de estas armas, pero también dentro de algunas funciones está la averiguación de robo y hurto de armas.
“Tenemos varias denuncias en investigación. Si no mal recuerdo, ya hubo una sentencia condenatoria en contra de una empresa por prestación ilegal de servicio. Ya tenemos este y otros casos, pero lo debemos a un trabajo interinstitucional”, refirió Sical.
Según el entrevistado, las pesquisas son amplias y en algunas se han encontrado ilegalidades por los lugares donde se reporta el armamento de una empresa, en tanto, trabajan con la Digessp y la Digecam.
“Quien lleva el control, el monitoreo y la supervisión de las empresas de seguridad privada es Digessp, ellos han manifestado que han hecho sus supervisiones y han encontrado en algunos lugares armas que están en un lugar que no tendrían que estar o armas que tendrían que estar ahí y no están. Cuando ellos lo denuncian podemos hablar del depósito ilegal de armas de fuego y ya tenemos eso acá, todo eso se judicializa, se verifica y se piden autorizaciones judiciales”, indicó.
Por aparte, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que ellos también investigan algunos casos relacionados con la seguridad privada y conductas delictivas. Aseguró que ejercen controles por medio de Digessp.
“Nosotros hemos iniciado con un proceso, estamos conscientes de que algunas empresas no se han adecuado con los requisitos que la ley exige. La mayoría están adecuadas; hemos iniciado un proceso de información y socialización con esas empresas, a efecto de que cumplan. Hemos desarrollado procesos de supervisión administrativa y de campo para que cumplan con todos los requisitos. Si estas empresas no cumplen vamos a tener que declararlas suspendidas como la ley lo dice”, explicó.
“CORTINA DE HUMO”
Alba Asturias, presidenta de la Gremial de Compañías de Seguridad Privada, fue consultada por los casos que vinculan con delitos a algunos miembros de la seguridad privada y dijo que “siempre” han cumplido con la ley y que están dispuestos a colaborar con las autoridades, sin embargo, el año pasado se evidenció como los prestadores tenían resistencia para adecuarse a la ley.
“La Gremial siempre ha cumplido con la ley y si alguna situación se diera pondremos bajo el órgano jurisdiccional correspondiente todo para hacer el andamiaje y la investigación para que se llegue a los responsables”, indicó.
Asturias se quejó de que a los prestadores de seguridad se les utilice como “cortina de humo”, pero no descartó que existan vinculaciones de empresarios con el crimen organizado.
“Siempre se nos ha utilizado como una cortina de humo para decir que las empresas de seguridad pertenecen a crimen organizado, cosa que no es cierta. Que pueda existir algún empresario que se dedica a esas situaciones, puede ser porque no lo estoy descartando”, afirmó.
Otros casos
En los últimos años han surgido varios acontecimientos que vinculan a la seguridad privada. Los casos documentados ocurrieron de esta forma:
El 20 de abril de este año tres guardias de la empresa Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala, S.A. (Visegua) fueron capturados por trasladar, en una caja de cartón en un vehículo, armas que, según la PNC, serían entregadas a miembros de las pandillas.
El 17 de marzo la PNC decomisó 107 armas de fuego a una empresa de seguridad privada que reportó que su bodega de almacenamiento estaba en un lugar, pero al realizar la supervisión, las autoridades identificaron que estaban en otra área no reportada. En esa ocasión se detuvo al jefe de operaciones de la empresa y al armero.
El 2 de junio de 2015 fueron capturados dos guardias de seguridad privada de la empresa PROSERCO, por su participación en la muerte de la profesional Xiomara Odeth Reyes Barrera. Los policías fueron sindicados de ser autores materiales, en tanto, la Digessp confirmó que esa empresa no estaba adecuada a la ley cuando ocurrió el hecho de violencia.
En octubre de 2014, cinco guardias de seguridad privada que laboraban en la empresa Asesoría Básica contra Riesgos, Marsam, fueron capturados por la Fuerza de Tarea contra Secuestros, sindicados por el plagio y posterior muerte de la maestra jubilada Nyvia Aracely Pérez Quiñónez. La empresa funcionaba de forma ilegal.
