POR REDACCIÓN LA HORA
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El escándalo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) no es el único caso de corrupción por el que ha tenido que responder el Grupo Maersk, dueño de la empresa APM Terminals. En 2015 las autoridades brasileñas pidieron información al conglomerado dentro de las investigaciones del caso Petrobras.
Desde la revelación del Caso TCQ, APM ha reiterado en numerosas ocasiones que al momento de adquirir la empresa, no tenía conocimiento de las investigaciones por sobornos en torno a un contrato de usufructo oneroso firmado con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
APM enfatiza que es un tercero de buena fe y que tiene “cero tolerancia a la corrupción”; sin embargo, el conglomerado al que pertenece ya tuvo que responder en una ocasión por un caso de sobornos.
Según detallan medios internacionales, en una declaración emitida por una Corte Federal de Brasil, se da a conocer que Paulo Roberto Costa, un exejecutivo de Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras), vinculó a Maersk en el esquema de sobornos que caracterizó las operaciones de la empresa suramericana.
De acuerdo con Costa, quien colaboró con las investigaciones a cambio de una reducción de sentencia, conoció a Viggo Andersen, un ejecutivo de Maersk hace una década, junto con el corredor financiero Wanderley Saraiva Gandra.
Entre los servicios primarios de Maersk está el transporte de mercancías, por lo que, según el testigo, los ejecutivos se reunieron con él para discutir cómo “el gigante danés”, como se ha denominado a la empresa, podía ayudar a Petrobras en el transporte de petróleo.
Según reporta el medio The Financial Times, Costa aseguró que recibía comisiones mensuales de US$10 mil 500 por proveer información confidencial sobre Petrobras a los ejecutivos y que, de esta forma, pudieran ganar contratos con la empresa.
Petrobras es una compañía de naturaleza pública privada, dedicada a la exploración de petróleo y gas; producción, refinación y suministro de crudo y productos petrolíferos; y generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
Desde 2014, las autoridades brasileñas han ido destapando un sistema de corrupción en el manejo de la empresa que ha llevado al banquillo de los acusados a diputados, senadores y políticos del país suramericano.
Al igual que Maersk, al menos una docena de empresas han sido investigadas por el pago de sobornos a Petrobras.
En septiembre de 2015, de acuerdo con una publicación de Reuters, Brasil solicitó información al grupo danés sobre su vinculación a Petrobras.
LA LLAMADA A MARSTON
La Hora se comunicó con la filial APM para conocer el estado de las investigaciones en contra de Maersk, pero no se obtuvo una respuesta, en vista de que la vicepresidenta de la empresa, Susanne Marston, salió del país esta mañana. Sin embargo, la comunicadora de APM prometió trasladar las preguntas a la representante Marston.
EL ESCÁNDALO TCQ
El 11 de julio de 2012, la empresa TCQ, en ese entonces parte del grupo español TCB Grup, firmó un convenio con la EPQ para el otorgamiento de un usufructo oneroso para la operación de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal.
No fue sino hasta la Semana Santa de 2013 que el expresidente Otto Pérez Molina confirmó el usufructo para TCQ por un plazo de 25 años, prorrogables por otros 25 años más.
El contrato, firmado en secreto y filtrado a la prensa, fue cuestionado por expertos y políticos, que en su momento quienes criticaron que se utilizara la firma de un usufructo para disfrazar una concesión y señalaron visibles irregularidades en el proceso de otorgamiento del contrato.
El 15 de abril pasado, la CICIG y el MP confirmaron las sospechas y revelaron que Pérez Maura, Suárez, y funcionarios del Gobierno conformaron “un grupo criminal” para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de TCQ.
A los US$255 millones estimados de inversión, TCB añadió US$30 millones no oficiales, para sobornos a funcionarios y cualquier persona que obstaculizara el negocio, indicó el comisionado Iván Velásquez en conferencia de prensa.
TCQ Y APM
Días después de las capturas por el que fue denominado “Caso TCQ”, la Procuradora General de la Nación (PGN), María Eugenia Villagrán, anunció que el Ejecutivo buscaría la anulación del contrato de usufructo por haberse firmado ilegalmente.
Fue en esa coyuntura que se tomó nota de que, en marzo de este año, el 100 por ciento del Grupo TCB fue comprado por la holandesa APM Terminals a un precio de US$1 mil millones de dólares.
La operación incluyó las terminales ferroviarias y portuarias de Grupo TCB de Barcelona, Valencia, Castellón y Gijón, en España; Yucatán, en México; Buenaventura, en Colombia; Paranagua, en Brasil, y Puerto Quetzal, en Guatemala.
Pese a la polémica generada por el usufructo en este país, tras la absorción de Grupo TCB por APM Terminals, Pérez Maura y Suárez permanecieron en el círculo de administración, uno como miembro del consejo directivo de TCQ en su calidad de vicepresidente y el otro como gerente general, respectivamente, según reveló La Hora con base en documentos del Registro Mercantil.
NUEVO CONTRATO
Pese a que el contrato de usufructo fue otorgado irregularmente a TCB, posteriormente absorbida por APM, y aunque existe una investigación por parte de la Unidad de Extinción de Dominio del MP que buscaría pasar al Estado la propiedad de la terminal de contenedores, ayer, el Ejecutivo firmó un memorando de entendimiento con APM.
El memorando es el inicio de un proceso que pretende anular el contrato anterior con EPQ para otorgar nuevamente la terminal, bajo la figura de concesión, a APM.
Según los términos del acuerdo, la empresa holandesa deberá pagar al Estado guatemalteco un total de 43.2 millones de dólares.
De manera desglosada, la PGN explicó que el Estado recibirá 32.7 millones de dólares como una reparación civil. Adicional a ese monto, también deberá recibir 10.5 millones de dólares que la empresa se obligaría a invertir a razón de 500 mil dólares anuales en beneficio de los municipios de Escuintla. Esto, en concepto de responsabilidad social empresarial.
La concesión sería hasta por 21 años y en el memorándum también se consigan las obligaciones de APM para separar y seguir separando a los funcionarios y consultores de TCB que participaron y tenían conocimiento de actividades delictivas destapadas por la CICIG y el MP.
Luego de semanas de analizar la situación del contrato y las opciones para llegar a acuerdos con los personeros de APM, Morfín informó en conferencia de prensa que ya se encuentra listo el documento para desistir de la excepción de incompetencia que se había interpuesto dentro del juicio de nulidad.
LECTORES CRITICAN ACUERDO CON APM
Rony Salazar T: ¡Eso no es lo correcto! con poca información a la población sobre lo negociado, la operatoria de la empresa, etc., es una pérdida para el Estado. En el que supongo que es un negocio en el que TCQ toma los clientes de Portuaria Quetzal, la deja sin ingresos y con el mismo dinero que recibiría P. Quetzal pagará cualquier multa impuesta, porque es un negocio redondo con éxito garantizado. Si me equivoco que me corrijan. Es el tipo de gobernantes que dirigen Guatemala. Compren un carro robado y luego trátenlo de hacerlo legalmente suyo y el Estado entra con su poder se lo quita y hasta lo meten al bote o la cárcel. ¿Por qué en este caso no funciona así?
Carlos A Durán: A todas luces ilegal y lesivo para el país, un interventor que usurpó funciones, una PGN parcializada y un Presidente que lo agarraron dormido. En fin, allá en Matamoros o Mariscal Zavala irán a parar porque es un negoción redondo para los chuchos corruptos.
Sergio Consenga: Sólo en nuestra tropicalizada corrupción suceden cosas tan aberrantes como ésta, de hoy en adelante los corruptos (ladrones) y los que compren cosas robadas no tendrán que preocuparse de nada ya que en nuestro paraíso de corruptelas, el Gobierno de la nueva política y del trillado eslogan de ni corrupto ni ladrón ya legalizó el robo. Pero me pregunto por ejemplo la incauta empresa holandesa a cuanto pagará el metro cuadro de uso de terreno TCQ ya que en el contrato de fantasía patriota lo pusieron a 20 centavos de dólar, cuando por lo menos tenía que ser de 8 dólares, o esa rebaja de corruptela también estaba incluida en el combo del nuevo gobierno.
Rigoberto Avendaño Recinos: GUATEMALA, EL PAÍS DEL NUNCA JAMÁS. Nunca jamás tendremos riqueza; porque lo poco que tenemos es regalado por una «bicoca» por el Presidente y Procuradora.
Un Presidente que no sabe a dónde quiere ir y una Procuradora que responde a intereses empresariales antes que el interés común de la Nación. Desgracia de funcionarios públicos.
Lucía Morán Morfín…ESTO ES COMO SI TE VIOLARAN Y ACEPTARAS CASARTE…POR UNA COMPENSACIÓN.
Jorge Mario Cabrera Quinteros: Ese negocio ya se sabía que iba si o si desde el momento que se encerraron con Jimmy saber ni cuánto va a recibir por dar su ok.
José Esteban Reyna: ¿Hasta cuándo permitiremos que se sigan robando y regalando los bienes nacionales a compañías explotadoras extranjeras? COMPROMISOS DE EPQ (Empresa Portuaria Quetzal), QEP (Que descanse en paz) con la concesión neoliberal del fantoche, corrupto y ladrón Jimmy Morales. Convertir en concesión el contrato anómalo con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), es traición a la patria. La compañía Holandesa APM, en su estudio de factibilidad, se informó plenamente de la mordida de US$30 millones entregadas al genocida-ladrón OPM y concubina. Y para asegurarse la concesión, APM sigue tirando millones de dólares a diestra y siniestra, porque saben las cuantiosas ganancias y ventajas que recibirán. El corrupto y ladrón Jimmy Morales y los corruptores de la compañía holandesa APM ya hicieron componendas multimillonarias por la concesión pactada.
Pedro: No se puede legalizar algo ilegal. ¡APM no tiene por qué reparar civilmente a Guatemala porque no ofendió a Guatemala, fue víctima de una estafa! Y debe demandar a quien lo fregó. El Puerto debe empezarse nuevamente el proceso. No se metan a líos mucha, este entuerto lo debe resolver un JUEZ en un TRIBUNAL.
Ximenej: En otras palabras; APN se lava las manos de todo pecado por US$ 32 millones y paga por la regalía un mísero medio millón anual de renta. Qué tal si en vez del medio millón, mejor pagaran 25 por ciento de las ganancias brutas que sacar del manejo del puerto, haciendo al Estado socio por 1/4 de la compañía explotadora.
